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La expropiación por ley de dos fábricas en la ciudad de Buenos Aires, votada ayer por unanimidad en la Legislatura porteña, permitirá la recuperación de 54 puestos de trabajo y la creación de otros nuevos, en un futuro no muy lejano. Pero además, constituye una muestra de cómo los trabajadores, los diputados y el Gobierno trabajaron en conjunto para encontrar una salida al quebranto empresario y su consecuencia más dolorosa, el desempleo. Se trata de la ex Ghelco SA, una fábrica de materia prima para postres helados, que ya tiene ofertas para exportar su producción a Singapur y Paraguay, y la imprenta Chilavert, donde se han confeccionado libros de arte hasta los catálogos del Teatro Colón. En ambos casos, los trabajadores se organizaron en cooperativas para retomar la producción, después de que las empresas entraron en proceso de quiebra. Es la primera vez que en la ciudad se vota una ley de este tipo, pero no será la última: la próxima semana comienzan a tratarse dos nuevos proyectos para recuperar la alimenticia Grisinópoli y la textil Brukman (ver aparte).
Las leyes sancionadas por los diputados porteños dispusieron dos tipos diferentes de expropiación: una, temporaria, por dos años, de los edificios donde funcionan ambas empresas; la otra, definitiva, para las maquinarias y otros bienes existentes en las plantas e imprescindibles para la producción, por un monto de hasta 150.000 pesos, en cada uno de los casos. Estos equipos serán cedidos en comodato a las cooperativas de trabajadores.
La fórmula que encontraron los legisladores es la de declarar “de utilidad pública y sujetos a ocupación temporaria” los inmuebles ubicados en la calle Martiniano Chilavert 1136, de Pompeya, donde funcionaba el Establecimiento Gráfico Gaglianone, y el de avenida Vieytes 1743, en Barracas, sede de la fábrica Gheco SA. Significa que durante dos años, el gobierno porteño pagará el alquiler de los edificios a los acreedores de cada quiebra. Después de ese lapso, las cooperativas de trabajadores tendrán preferencia de compra de la planta que ocupan.
El proyecto que involucra a la imprenta fue impulsado por la diputada Delia Bisutti, del ARI; el de la abastecedora de heladerías le pertenece a Vilma Ripoll, de Izquierda Unida. En ambos casos, hubo que consensuar los alcances de la expropiación con el subsecretario de Producción, Osvaldo Alonso, en representación del Ejecutivo.
Las leyes sancionadas ayer son los instrumentos que necesitaban los trabajadores para legitimar la gestión de las empresas, sometidas a juicios por quiebra. La demanda era imperiosa en el caso de la imprenta, cerrada desde marzo de este año: “El juez en lo Comercial Páez Castañeda consideró que una ley de expropiación era condición indispensable para suspender el proceso y permitir que los trabajadores se hicieran cargo de la empresa”, dijo a Página/12 la diputada Beatriz Baltroc, del ARI.
El caso de Ghelco SA es algo diferente: cerrada desde febrero, los trabajadores llegaron a un acuerdo, hace dos meses, para pagar un alquiler por el uso de la planta. Ahora, con la expropiación temporaria, lograron eliminar ese costo y, por sobre todo, frenaron el proceso de quiebra, cuya consecuencia inevitable es la liquidación de los bienes.
Los procesos de expropiación de empresas quebradas por parte del Estado comenzaron hace dos años en la provincia de Buenos Aires, con la Cooperativa Unión y Fuerza, una metalúrgica de Avellaneda. “Empezó con 54 obreros y en dos años incorporaron otros 16”, dijo a este diario el abogado Luis Caro, que acompañó aquel proceso y, luego, otros posteriores. “Estas experiencias son exitosas porque desaparece el costo empresarial: los sueldos de los gerentes y la plusvalía”, dijo el abogado. Desde aquella experiencia, se registraron en la provincia unas 20 expropiaciones.
La modalidad se trasladó ahora a la ciudad de Buenos Aires. Los proyectos fueron presentados hace tres meses, pero jamás se hubieranaprobado de no haber sido por la tenacidad de los trabajadores. “Todos los días estaban recorriendo los despachos de legisladores y las comisiones, reuniéndose con los jueces y funcionarios del Ejecutivo, presentando proyectos de factibilidad económica”, relató Bisutti a Página/12.
Las diputadas del ARI y de Izquierda Unida, en realidad, habían propuesto la expropiación definitiva de las plantas. “Pero el Gobierno propuso la expropiación temporaria, con el criterio de poder abarcar otros casos que se presenten”, relató Ripoll. “Como los trabajadores lo aceptaron, nosotros lo apoyamos”, agregó.
Para el Gobierno, la operación tiene costos pero también beneficios. “Es preferible invertir en máquinas y en fuentes de trabajo que en subsidios para desempleados y bolsones de comida”, dijo a este diario el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Hecker. “El Gobierno va a apoyar a las empresas recuperadas o gestionadas por sus trabajadores”, concluyó.
Diputados y trabajadores vivieron el día de ayer como una jornada histórica. “Iniciamos un camino en común para defender las fuentes de trabajo”, coincidieron.