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Desde la condena a los ex comandantes existe consenso en la sociedad de que son asesinos. En estos 20 años se difundió un torrente de pruebas, documentos y testimonios incuestionables. Y durante 20 años, la gente asistió al espectáculo de impotencia de la Justicia para castigar a estos asesinos. Una puja desgastante de familiares, abogados y organismos de derechos humanos para perforar una legislación de impunidad, compromisos políticos y presiones militares.
Que la Justicia dijera que eran culpables pero que no se los podía castigar fue una especie de autoinmolación. Las decisiones como las del juez Claudio Bonadío ayer van poniendo las cosas en su lugar, pero difícilmente puedan borrar el impacto que tuvo en estos 20 años aquella primera deserción tan evidente y humillante del Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos.
Después de 20 años, por primera vez hay prófugos que no pueden buscar refugio ostensible en un regimiento militar para provocar levantamientos como los que protagonizó el ahora candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aldo Rico, para protegerlos. El mismo hecho de que Aldo Rico sea candidato después de defender a esos criminales es producto de las vacilaciones y fragilidad de la Justicia, que proyectan a la sociedad un país sin fronteras claras entre el delito y el poder. No es extraño así que Rico levante el tema de la seguridad cuando fue el primero en defender la impunidad de criminales peligrosos.
Esta causa tiene injerencia sobre los oficiales de Ejército que fueron responsables de la represión en la última etapa, sobre todo, aquellos que revistaban en esa época en el batallón 601 de inteligencia militar, que tenía bajo su responsabilidad al “Campito” que funcionaba en Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura, incluso más importante que la ESMA.
El funcionamiento de la ESMA y la identidad de sus responsables son bastante más conocidos que el horror montado en Campo de Mayo, del que prácticamente no quedaron sobrevivientes, pese a que se calcula que por allí pasaron más víctimas que en el campo montado por la Armada. Campo de Mayo funcionaba también como centro de reunión y eliminación en los vuelos de la muerte de miles de prisioneros que eran traídos de otros campos clandestinos de la Capital y el Gran Buenos Aires.
Muchos de los criminales que estuvieron en ese campo y en el batallón 601 antes de los que fueron procesados ahora por Bonadío en esta causa permanecen en libertad y no son tan conocidos. La presión corporativa de las fuerzas armadas por la impunidad en estos 20 años logró importantes concesiones de políticos y jueces, pero al mismo tiempo hizo que el tema se prolongara y mantuviera su vigencia a lo largo de todos estos años. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares durante la dictadura hace más de 20 años son discutidas como si hubieran ocurrido ayer y la gente mantiene el interés por las investigaciones, denuncias y procesos. En ese sentido, el tiro les salió por la culata.