Esta columna de Alfredo Zaiat fue publicada en Página/12 en su edición del miércoles pasado. Ayer fue mencionada por la presidenta Cristina Kirchner en su discurso en Parque Norte.

Telefónica y Telecom deciden cortar el servicio de telefonía porque consideran que su rentabilidad no es la adecuada y para restablecerlo exigen un aumento de tarifas. Edesur y Edenor informan que en reunión de directorio adoptaron una medida que afectará a los usuarios porque los dejaran sin luz ante la tozudez de un gobierno que no quiere subir las tarifas. Las empresas de colectivos, las grandes y las pequeñas, impulsan un lockout ante lo que evalúan como una política oficial equivocada de no elevar el precio de los boletos. Las petroleras YPF, Shell, Esso y Petrobras dejan de abastecer las estaciones de servicios para enviar el mensaje que quieren cobrar las naftas más caras. Empresas oligopólicas productoras de alimentos, como Molinos, de Pérez Companc, y Ledesma, de Blaquier, interrumpen los envíos al mercado, porque están en contra de la intervención de la Secretaría de Comercio.

La mayoría pensaría que resulta descabellada esa respuesta empresaria, comportamiento que se definiría como antisocial y perturbador. ¿Cuál sería la reacción mediática ante semejante presión patronal que afecta a millones, en especial a los más vulnerables? ¿Dejar sin teléfono, luz, medios de transporte, combustible y alimentos sería aplaudida, acompañada y festejada con cacerolazos? Da la impresión de que no, aunque no habría que descartar sorpresas entre los que ya se sabe e incluso en algunos progresistas culposos. Ahora bien, para evitar confusiones, la protesta del campo es un lockout patronal, ya sea de pequeños, medianos o grandes productores. Se trata de la respuesta del capital a una medida del Gobierno. Y la acción es tan virulenta como la que tiene con los trabajadores o peones rurales en situaciones de máxima tensión. No importa nada, salvo preservar la rentabilidad del capital. En este caso, “nada” implica vaciar góndolas de supermercados y estantes de los almacenes. Pocas medidas patronales han sido de tan manifiesto desprecio hacia el prójimo. Y lo que no deja de asombrar es que la mayoría de los medios pueda considerar “justa” semejante agresión a la población. Porque no sólo faltará carne, leche y otros alimentos, sino que sus precios subirán ante la escasez, produciendo el doble efecto de angustia por el desabastecimiento y por el deterioro del poder adquisitivo. Esto no significa que los pequeños y medianos productores no necesiten atención con políticas específicas y de promoción por parte del Gobierno, que parece ignorar la diversidad de agentes en el campo. Pero cuando las demandas ya dejan de ser por una estrategia sectorial, para convertirse en un desestabilizador político, económico y social, los dirigentes que dicen representar a los castigados del campo deberían alejarse de sus pares que no dudarían en cualquier otro momento de aplastarlos, como la historia bien enseña.