Tal como sugiere la abundante documentación acopiada hasta el momento, la titular del juzgado 35 de Madrid, Gemma Gallego, podría ordenar en breve el pase a juicio oral de los poderosos empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Díaz Pascual, dueños de Marsans y máximos responsables de Aerolíneas Argentinas, quienes, al igual que su ex socio en la privatizada local y sujeto primario de este proceso judicial, Antonio Mata, están investigados por presunta apropiación indebida de fondos, evasión impositiva y falsedad documental.

La supuesta estafa consistió en desviar 300 de los casi 800 millones de euros que la hispana Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le entregó a aquel grupo privado para que depurara el pasivo de la línea aérea. Las consecuencias extremas de este proceso para la firma nacional son sintetizadas ante Página/12 por Rafael Caro Moya, el abogado madrileño que impulsa el expediente: “El concurso sería nulo, la empresa tendría que volver a manos del Estado español y sus acciones podrían resultar embargadas”. Los gobiernos de ambos países siguen de cerca y reservadamente estos trámites, que motivaron investigaciones similares en los tribunales argentinos, una en el fuero penal y otra en el comercial.

Caro Moya estuvo en Buenos Aires e intentó sin éxito este viernes entrevistarse con Alberto Baños, el juez argentino que investiga a los españoles por presunta administración fraudulenta. La misma falta que los propios abogados de Planificación señalaron por escrito en informes del departamento jurídico, utilizados para que el Estado argentino –socio minoritario en Aerolíneas– se negara a aprobar los balances por tres ejercicios consecutivos y los impugnara en la Justicia Comercial, pero sin llegar a formular ninguna denuncia penal.

La cuestión es que Marsans utilizó para otros destinos los recursos que le dio la Sepi, de la que depende Iberia, cuando en el 2001 le transfirió la compañía a ese operador turístico privado. Este es, a su vez, propietario de Air Comet, la compañía con la que intervino en el concurso de acreedores de la línea de bandera local.

Sepi entregó Aerolíneas por el valor simbólico de 1 dólar y aportando 800 millones de euros, que por aquella fecha equivalían a unos 758 millones de dólares. Unos 500 debían servir para ejecutar el Plan Industrial de la compañía privatizada, con la incorporación de veintitrés aviones aún pendiente. Los otros 300 eran para “extinguir” pasivos garantizados por aquella Sociedad ibérica. El grueso a favor de los bancos AMRO, Citi y Bilbao Bizcaya. También había una deuda de 56 millones con Repsol YPF.

En lugar de hacer esa cancelación, Air Comet subrogó esos créditos, es decir, usó el dinero para comprarlos: las obligaciones siguieron engrosando el pasivo de Aerolíneas y sólo cambió el nombre del acreedor. Pero de esa manera la dupla Air Comet-Marsans tenía la posibilidad de opinar en el concurso de acreedores de una empresa de la que era dueña, ejerciendo el singular rol de juez y parte. Lo hizo votando a favor de una quita de las obligaciones del 60 por ciento. Aquí, la segunda parte de esta estrategia empresaria objetada en ambas justicias.

Con esa reducción, la deuda a favor de Air Comet se achicó a 114 millones de dólares, que ésta decidió transformar en un “aporte irrevocable de capital”, haciéndose de las acciones por ese monto. En rigor, la única manera de cobrarse algo: cuando Aerolíneas sacara su capital a la Bolsa, podría realizar esos títulos y hacerse del dinero. Vendiendo algo que, estrictamente, nunca compró con su dinero.

Rafael Caro Moya se topó con el tema de casualidad. Fue cuando estaba representando al ciudadano español Roberto Badiola en un litigio por el uso de una marca contra Royal Romana Playa. Esta es una firma que Antonio Mata –presidente de Air Comet y de Aerolíneas Argentinas hasta el año pasado– tiene junto a Juan Ruiz Espejo.

El abogado se sorprendió enormemente cuando se enteró, buceando en la web, de que su demandada, insolvente según los balances, figuraba en el concurso de la empresa argentina como acreedora de los 56 millones de dólares que originariamente era una deuda a favor de Repsol. Ahí se contactó con colegas argentinos y el caso cobró gran impulso, ampliándose la investigación a la propia SEPI.

Royal Romana Playa (de Mata) entra en escena porque interviene en el concurso de Aerolíneas (presidida por Mata) en calidad de acreedora de esa porción de los créditos que subrogó Air Comet (de la que Mata era accionista y apoderado). Es más: votó en la convocatoria en nombre de ésta y con el respaldo de un documento que fue añadido después al expediente del concurso, dando lugar a una segunda investigación allá y acá (ver aparte). Díaz Ferrán y Pascual son también parte de todo este intrincado proceso legal y por eso tuvieron que ir a declarar como imputados ante el juzgado 35 de Madrid.

Ventiladas éstas y otras cuestiones anexas ante el tribunal español, la causa en manos de Gemma Gallego acumuló varios elementos clave que la fogonean y le permitieron concluir la recolección de pruebas. Un elemento es que la Agencia recaudadora de impuestos española (equivalente a la AFIP local) concluyó que Air Comet y Royal Romana Playa deben en conjunto 100 millones de euros al fisco por impuesto a las Ganancias. A juicio de los tributaristas hispanos, es la que obtuvieron por aquellos 300 millones que recibieron de la SEPI sin contrapartida y que por ello se computan como una utilidad.

Otro elemento es que el Tribunal de Cuentas hispano concluyó que los términos del contrato de la SEPI fueron alterados, ya que los fondos no se utilizaron para el fin que fueron cedidos. Todo esto pudo reconstruirse luego de que la jueza accediera al contrato entre SEPI y Marsans, que según su artículo 13 era un acuerdo “confidencial”, salvo que la Justicia reclamara conocerlo. Ese reclamo tuvo lugar en Madrid.

El tercer elemento crucial llegó desde la Argentina. Fue cuando los jueces que entienden en el concurso de Aerolíneas, aún no clausurado, respondieron a los exhortos librados por Gemma reconociendo que el expediente de la convocatoria de acreedores fue adulterado.