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La renuncia del ministro de Economía, a cuatro meses de su nombramiento, ilustra una crisis política de gravedad ineludible. Sin embargo, los análisis que intentan explicarla son, a mi ver, insuficientes. Se apunta a una lectura formal de la democracia representativa, a interpretaciones normativas sobre legalidad y legitimidad, al problema cierto de la desinformación, la manipulación y la mediocridad de los medios de comunicación concentrados (una situación en la que este gobierno, hoy castigado por su comportamiento, tiene responsabilidad directa). Pero este abordaje, ¿no soslaya la clave de la crisis?

No cabe duda de que la información sesgada de los medios facilita que un sector de capas medias urbanas salga a golpear cacerolas de teflon. No cabe duda de que el corte de rutas realizado por pequeños productores agrarios deslegitima al Gobierno, ¿pero su presencia en las rutas obedece tan sólo a una maniobra política opositora? No cabe duda de que el subsuelo racista, sexista y gorila se expresa prepolíticamente como una avalancha de insultos, ¿pero estas lacras son recientes? Y si no lo son, ¿qué las gatilló todas juntas? En síntesis: ¿qué puso en crisis al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner?

El Gobierno intenta una respuesta simple, elige un responsable para descargar en su persona el costo político de la crisis; por eso Martín Lousteau renunció al cargo. Para la sociedad, Lousteau es formalmente el autor intelectual y político de las retenciones móviles a las exportaciones de soja, y son precisamente esas retenciones las que provocaron una huelga de 21 días del bloque agropecuario –con el consiguiente desabastecimiento de los centros urbanos—, que obligó a la Presidenta a modificar el sistema de retenciones. Desde la lectura oficial, si la medida original hubiera diferenciado a pequeños productores de los demás, la sangre no hubiera llegado al río y la crisis no hubiera estallado. Es decir, la crisis sería, desde esta perspectiva, el resultado de una medida inadecuada del ministro, y eliminada la medida y destituido el ministro, todo volvería a foja cero. Creo que ese abordaje contiene un lamentable error analítico, cuyas consecuencias políticas agravarán la marcha de la crisis.

En sus intervenciones públicas la Presidenta proporcionó algunos datos relevantes. Dijo Cristina Fernández: el 2,2 por ciento de los productores aporta más del 40 por ciento de toda la soja transgénica. Del total de las 30 millones de hectáreas cultivables, la soja utiliza la mitad. Como el número de productores sojeros asciende a 84 mil, unos 1800 utilizan 7 millones de hectáreas, mientras 67 mil productores, el 80 por ciento, araña 3 millones de hectáreas.

Pero subrayemos un dato adicional: cuando Néstor Kirchner accedió a la presidencia, la producción de soja utilizaba alrededor de 10 millones de hectáreas, contra las 15 actuales; por tanto, creció un 50 por ciento. En el 2003 una de cada tres hectáreas se destinaba a la soja; hoy, una de cada dos hectáreas está dedicada a ese fin. Entonces, la tendencia al monocultivo sojero es anterior al gobierno K, pero la consolidación del modelo se produce durante esta gestión.

Voy a obviar –no porque resulte obviable– las consecuencias de un modo de actividad que destruye la diversidad biológica, el gravísimo impacto sanitario que impone a la población que está en contacto directo con esa producción, para concentrarme sólo en sus consecuencias inmediatas:

a) El potencial peligro de transformar la Argentina en importador de alimentos, ya que de seguir la tendencia al monocultivo –potenciada por los precios agrarios internacionales—, ese horizonte se terminará de instalar en menos de una década, si se piensa que en 1995 se destinaban a la producción de soja 5 millones de hectáreas y actualmente ronda los 15 sobre un total de 30.

b) Un modelo de monocultivo organizado desde la producción de semillas controladas por empresas monopólicas transnacionales, que disponen de capital tecnológico, que venden un paquete tecnológico completo, sumado a un modelo de siembra que potencia todas las tendencias a la concentración de las unidades productivas, tiende a sacar del negocio a los pequeños productores. Es decir, a potenciar una reconcentración del factor tierra a niveles desconocidos. Ergo, el descontento de lo pequeños productores por la política agraria del Gobierno es mucho más profundo, no se soluciona solamente bajando las retenciones, sino que requiere de una política agropecuaria que no se sustente en el monocultivo sojero.

c) La continuidad de la reprimarización de la economía ejecutada durante la gestión de Martínez de Hoz, y estabilizada en los ’90, más allá de los discursos oficiales, se constituye de hecho en el único modelo productivo posible. Desde esa perspectiva, las retenciones terminarían siendo circunstanciales. Es decir, serían el “aporte del campo” a los coletazos de la crisis del 2001, todavía vigentes. Es que su carácter transitorio está en la naturaleza misma del modelo sojero, lo entiendan o no los que desde el Gobierno presentan este conflicto como una simple disputa por la distribución de la riqueza, que se agotaría en las retenciones: finalizada la crisis, dado su carácter extraordinario, las retenciones deberían eliminarse o morigerarse. Esa es la expectativa compartida por los productores agropecuarios y sería, a su juicio, el resultado democrático de una negociación. Pero frente a esto el Gobierno no presenta ningún programa alternativo. Ante su falta, el modelo sojero quedaría definitivamente instalado, con el consiguiente desequilibrio de precios relativos –aumento del precio de los productos de origen agropecuario, sin mejora del salario real– que vuelve a imponer un modelo de distribución del ingreso aún más regresivo que el vigente.

d) El bloqueo del debate sobre un proyecto nacional alternativo, que no nos condene a producción primaria perpetua.

Entonces, la pregunta por la crisis debe reformularse como pregunta por la crisis del monocultivo sojero, ya que son sus consecuencias estructurales y no tan sólo el episodio de las retenciones móviles lo que está en debate. Esta crisis, a diferencia de las anteriores, nos permite discutir con la sociedad argentina un proyecto superior, y no un simple emparche para salir del infierno, debate que desde 1973 estaba clausurado en la Argentina. A mi ver, el papel de la Facultad de Ciencias Sociales y de quien quiera sumarse estaría vinculado con fogonear ese debate, con alimentarlo con su mejor producción, y con democratizar la toma de decisiones de una política que debe pensarse a escala sudamericana.

* Ensayista, profesor de la carrera de Sociología (UBA).