Una de las primeras medidas a adoptar por la gerencia estatal de Aerolíneas Argentinas será la suspensión de los pasajes de cortesía, un punto menor pero elocuente del plan de “máxima austeridad” que Julio de Vido comenzó a esbozar ayer con los gerentes de la compañía en vías de reestatización. Al tiempo que diseña este programa reconstructivo, el Gobierno articula la estrategia para que intervenga el Congreso, de modo tal que la recompra de acciones planeada tenga respaldo institucional. Con esta idea, ayer apuró la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones a la que se pedirá el aval para el acuerdo recién firmado por los españoles.

La eventual compra de acciones a Marsans por parte del Estado –contemplada en el acuerdo anunciado el lunes– debe ser sometida al juicio de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, según reclama la Ley de Reforma del Estado. Ese cuerpo legislativo se pronuncia a través de dictámenes que no son vinculantes, pero que tienen relevancia política, en particular si se opusieran a lo actuado por el Poder Ejecutivo. En este caso, debería avalar o rechazar el acuerdo que el Gobierno acaba de sellar con Marsans para definir en sesenta días los términos de una eventual recompra de acciones.

Pero como esa comisión de doce miembros –seis del Senado y otro tanto de Diputados, con mayoría oficialista– no fue constituida después del recambio de legisladores de diciembre pasado, a instancias de un legislador del sector aeronáutico y próximo al Gobierno, Ariel Basteiro, y con los oficios del titular del cuerpo, Eduardo Fellner, ayer se armó de apuro. Esta arquitectura tan expeditiva contrarió, incluso, la idea de algunos encumbrados líderes del Frente para la Victoria que juzgan poco propicio el momento político para armados urgentes.

Las designaciones –que sólo estarán formalizadas después de la primera reunión del grupo de trabajo– recayeron en los diputados oficialistas Basteiro, Alejandro Rossi, Graciela de la Rosa y Mariano West, que estarán escoltados por Esteban Bullrich, del PRO, y Rubén Lanceta, de la UCR. Los nombres del Senado habían surgido un poco antes, cuando ya se veía ineludible este trámite parlamentario: José Mayans, Daniel Filmus, Nicolás Fernández y Eric Calcagno son los hombres del FpV, a quienes se sumarán los opositores Isabel Viudes y Juan Marino.

Durante la gestión de Carlos Menem, la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones tenía cierto protagonismo cuando comenzaron a reformularse los contratos de adjudicación, generalmente a pedido de las empresas y a favor de apuntalar su negocio. Ahora, ese grupo de trabajo puede volver al ruedo, aunque con una misión algo diferente, como la de avalar un rescate liso y llano de una licitación naufragada.

Aún no está totalmente definida la estrategia del Ejecutivo para conseguir el apoyo del Congreso a una renacionalización que tiene muchos aspectos vidriosos. Pero el Parlamento promete tener otro papel más decisivo en el proceso, aprobando en el recinto la recompra de acciones y las modificaciones presupuestarias requeridas para esa operación. Esto debería ocurrir sólo después de que el Gobierno se ponga de acuerdo con Marsans sobre los términos económicos de ese traspaso, para lo que tiene sesenta días.

Por la mañana, el ministro de Planificación hizo lo mismo que había hecho días antes Ricardo Jaime, cuando visitó la sede empresaria de la calle Bouchard para comenzar a definir el traspaso con los responsables de las distintas áreas operativas. En este encuentro, Julio De Vido pidió cooperación y aludió a la necesidad de ser austeros.

La voz oficial permanente del consejo de transición mixto será la del gerente general Julio Alak, quien ayer reconoció que la intervención estatal fue una “decisión de última instancia” para garantizar un servicio público. El funcionario, quien hasta ahora se venía desempeñando como director por parte del Estado, tiene en claro la envergadura de la tarea y el riesgo cierto de fracaso, aunque esto último omita admitirlo ante los micrófonos. “La empresa puede funcionar, pero revertir el déficit operativo es difícil: está colapsada y sobredimensionada”, asegura.

El plantel de casi diez mil empleados que tienen Aerolíneas y Austral, en conjunto, restringe el margen de maniobra para cualquier programa de ajuste. Sin embargo, la propia Cristina Fernández de Kirchner les pidió horas atrás a los trabajadores un esfuerzo para poner de pie un grupo empresario fuertemente endeudado y con importante déficit operativo, lo que sugiere que no habrá disposición oficial para incrementar los salarios ni la grilla de personal que, al decir de Alak, la gestión privada incrementó en más del 30 por ciento.