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El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario mínimo vital y móvil (en adelante, “el Consejo”) fue convocado por Cristina Fernández de Kirchner para el lunes a la hora del té. El Consejo es una institución democrática resucitada por el kirchnerismo tras años de hibernación de ese tipo de cónclaves y de los salarios. Se viene reuniendo desde 2004, produjo sucesivos incrementos del salario mínimo (SM). Es uno de los aportes institucionales relevantes acuñados por el oficialismo, aunque justifica con matices un apotegma creado por Martín Sabbatella: aquel que expresa que el kirchnerismo levantó mucho el piso de la política (laboral en este caso) pero suele marcar un techo relativamente bajo.

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El piso alto y el techo bajo: Un gobierno atento a la condición de los trabajadores peor retribuidos escalonó aumentos incomparables con los de cualquier otra etapa de la restauración democrática. Esas alzas son el piso alto (en términos comparativos), las limitaciones a la capacidad deliberativa y regulatoria del Consejo son un techo bajo. El Ejecutivo la constriñe a la estipulación del SM. Y fiel al ADN de Néstor Kirchner, hasta ahora abrevió todo lo que puede su temario y su tiempo de discusión plenaria. La presidenta Cristina comentó ayer la necesidad de un nuevo esquema del funcionamiento del CS, ampliando su menú de funciones y su calendario.

Los reconocimientos a la CTA para participar en el Consejo y en el directorio del PAMI, resueltos en el arrasador primer bienio de Kirchner, constituyeron un salto de calidad que no fue luego mejorado con otros avances para la central alternativa.

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Altri tempi: El nuevo valor del SM, así lo estipula la ley respectiva, requiere el voto de dos tercios de sus miembros, en caso de falta de acuerdo le compete “laudar” al Ejecutivo. En 2004, el entonces presidente se dio el lujito de pautar un SM superior al que se había consensuado. Eran otras épocas, de primacía marcada de Néstor Kirchner: hasta las corporaciones patronales marcaban el paso.

En aquel entonces, sólo la Cámara Argentina de la Construcción, avisada del despegue fenomenal de su actividad, acompañaba con cierto entusiasmo al Gobierno. La Unión Industrial Argentina (UIA) lo miraba con recelo, que se fue deshelando con los años. En el encuentro de ayer (ver nota aparte) una intervención del presidente de la UIA, Juan Lascurain, cuestionando la política oficial (y en especial la comunicacional) durante el conflicto del “campo” motivó un intercambio áspero y prolongado con la Presidenta. Tal vez fue una cuestión del momento, tal vez aluda a un fondo más denso.

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Rutinas: La Casa Rosada y Trabajo suelen escalonar varias instancias en esta época de cada año, mirando de reojo la inflación y tratando de poner un cauce y un dique a las negociaciones colectivas. El CS se reúne cuando ya está encaminado el rumbo general de las paritarias. Eso suele pasar al empezar el invierno, este año se postergó un rato por razones campestres de público dominio. Las asignaciones familiares se elevan al unísono o poco después. Las jubilaciones continúan la seguidilla.

Una mala praxis discursiva pregona que los aumentos en el SM conciernen a los trabajadores “en blanco”. En verdad, son derechos de todos los trabajadores que la acción ilegal de las patronales birla a muchos de ellos. “Negrear” no es una potestad empresaria sino una ilicitud extendida. En igual sentido, debería consignarse que el negreo no sólo es abuso exclusivo del sector privado. En estas horas de exaltación de un peculiar federalismo vale recordar que hay varias provincias que atraen inversiones con “competitividad espuria”, garantizando con un velo de impunidad el trabajo informal, atenuando así los costos empresarios.

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Una clase surtida: A diferencia de la suba del SM y de las asignaciones familiares, una eventual modificación del mínimo no imponible de ganancias (también en carpeta) beneficiará a los laburantes mejor ranqueados, cuyas reivindicaciones los emparientan con sectores de la clase media. La vastedad de esos instrumentos es una metáfora de la compleja composición actual de la clase trabajadora: enorme dispersión en retribuciones, en niveles de empleo, en expectativas, muy discordantes con lo que la regla argentina marcó durante décadas. Esa desigualdad clama a gritos por instituciones que acorten brechas en el interior de la clase trabajadora como un extendido seguro de desempleo o la asignación universal por hijo.

Claro que no es pavada asumir esa deuda social (amasada durante décadas) que nadie, por derechoso que sea, se priva de resaltar. Todas las corporaciones que representan al capital son dadivosas “de boquilla” con los fondos estatales, aunque al unísono despotrican contra la abominable “caja” y hacen lo imposible por rehusar aportar su diezmo.

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En fila india: El jueves a la madrugada el Gobierno sufrió un golpe duro en el Senado. Desde entonces, fue hilvanando acciones orientadas a recuperar la iniciativa.

El viernes derogó la Resolución 125, un acierto que afeó con una ristra de considerandos innecesarios y chocantes. El fondo del asunto es más importante que el talante, pero no era el momento más adecuado para aminorar el punch de la medida con argumentos irritativos.

Luego, la Presidenta le pidió la renuncia a Javier de Urquiza. A contramano de lo que fue praxis constante del kirchnerismo, su sucesor no entró por puerta giratoria, en un mismo movimiento. El delay no alude a indecisión sino a cabildeo acerca de otras movidas en el Gabinete.

Tras cartón, el Ejecutivo anunció la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Y ayer llegó el turno del Consejo del Salario. Más allá de hacer agenda y demostrar activismo, el oficialismo abre escenarios de discusión y negociación que deberá ir honrando. No ha sido su fuerte ni su fruición, ya se sabe. Pero el escenario político cambió, determinando que cada política pública exigirá un “armado” de alianzas particular, más refinado de los que necesitó el gobierno anterior. En el CS habrá que articular entre las corporaciones gremiales y empresarias, un arte en el que Carlos Tomada se viene dando maña desde el vamos.

En el caso de Aerolíneas, la medida contará con el apoyo de la pléyade de sindicatos de la empresa, que defenderán la fuente de trabajo. Y también debería engarzar avales de gobernadores e intendentes, ya que la alicaída línea aérea sigue siendo la que cubre más destinos en provincias.

El nuevo secretario de Agricultura no podrá ser catatónico como De Urquiza y, más en general, la política agropecuaria no deberá resolverse entre cuatro paredes del gobierno nacional, sino a través de una convocatoria mucho más vasta.

Renovar las formas de hacer política es una de las necesidades que impone el nuevo tablero. Hay otras, entre ellas renovar el elenco de Gobierno en pos de dotarlo de iniciativa, de agenda y de palabra.

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