La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, firmó ayer por la noche el proyecto de ley de movilidad para las jubilaciones. “Cuando las consecuencias más graves de la crisis (de 2001) se han ido superando gracias al sostenido crecimiento del país, es ahora el momento en que debe fijarse la movilidad de las prestaciones previsionales como un sistema permanente y normal”, puede leerse en los fundamentos del proyecto de ley enviado al Congreso. El Ejecutivo aplicará la actualización dos veces por año (marzo y septiembre) y comenzará a regir a partir del año próximo. Por otro lado, el Gobierno dejó trascender entre varios legisladores K y aliados que, además de impulsar la movilidad, este año habrá un nuevo aumento en las jubilaciones mínimas. Esta medida sería una forma de contener algunas críticas de la oposición que reclaman que los aumentos no se demoren hasta 2009.

El proyecto de ley firmado por la Presidenta, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, contempla la movilidad de las jubilaciones a partir de enero de 2009, en dos semestres. La primera actualización se realizará tomando como base la evolución de los salarios e ingresos comprendida entre julio y diciembre de este año.

El índice tiene un primer componente dado por la evolución de los salarios que mide el Indec. El segundo componente son los ingresos previsionales, nutridos de los aportes y contribuciones de los trabajadores activos y los recursos tributarios.

“El nuevo coeficiente tomará la evolución de los salarios e ingresos de los semestres enero-junio y julio-diciembre. Si en un caso hipotético, los salarios aumentasen en ese período un 18 por ciento y la recaudación un 22 por ciento, se dividirán por dos ambos coeficientes y el aumento semestral para los jubilados será del 20 por ciento”, señaló a PáginaI12 el diputado Juan Carlos Díaz Roig (FpV, Formosa), titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja. El próximo 12 de agosto, la comisión empezará a convocar a los diferentes actores involucrados en este proyecto (centrales gremiales, a la cámara de seguridad social y organismos de jubilados), con el objetivo de alcanzar un dictamen de mayoría y la media sanción en Diputados ese mismo mes.

Desde la Defensoría de la Tercera Edad, que conduce Eugenio Semino, indicaron a este diario que el Estado debería desembolsar aproximadamente 9000 millones de pesos por año, tomando como promedio 4000 pesos por jubilado. Este nuevo régimen llegará a 5.600.000 jubilados (que cobran haberes desde los 690 pesos en adelante), sumado a 1.200.000 jubilados que cobran entre 300 y 400 pesos y unos 500.000 pensionados. También regirá para las pensiones no contributivas y las que cobran los ex combatientes de Malvinas.

Entre el oficialismo, los radicales K, la Coalición Cívica, los radicales de pura cepa y el SI hay bastante consenso para sacar adelante este proyecto. Aunque cada uno mantiene sus diferencias. La oposición critica el hecho de que el nuevo régimen comience a aplicarse recién en marzo de 2009.

“Hoy estamos por discutir una ley de movilidad que los jubilados esperan desde hace catorce años, pero no podemos darles los aumentos recién para el año que viene”, señaló a este diario la legisladora María América González (SI). Como respuesta a estas críticas, el legislador Díaz Roig señaló que “así como los gremios están pidiendo una actualización salarial, cabe esperar un nuevo aumento en las jubilaciones para este año, que servirá para elevar la base sobre la cual se calculará la movilidad”.

América González también cuestionó la no retroactividad del proyecto. “Esta iniciativa sólo trata la movilidad. En cambio, nuestro proyecto (que fue presentado conjuntamente con Claudio Lozano) ve la posibilidad de una actualización desde 2001. La movilidad era algo impostergable, pero tenemos que ir hacia la reforma previsional, por el haber universal y con aportes, que son proyectos que están en Diputados desde 2002. Es una decisión de fondo que tiene que tomar la Presidenta”, agregó la legisladora del SI.

En relación con la retroactividad, Semino indicó que es necesario encontrar una solución que permita terminar con “la catarata de juicios”. El caso Badaro, que determinó una actualización del 86 por ciento entre 2002 y 2006, fijó un precedente que dio lugar a más de 100 mil demandas de otros jubilados. “En 2007 ingresaron 15.000 y en lo que va de 2008, ya van más de 15.000”, comentó a este diario Semino, quien también reclamó que el Estado debería aplicar un plan para subir la jubilación mínima a los 1200 pesos, en consonancia con el aumento del salario mínimo.

Por su parte, el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Oscar Aguad, recalcó que la movilidad es una obligación del Estado, por mandato de la Corte Suprema de Justicia. Si bien está de acuerdo con la iniciativa, puso la lupa sobre el costo fiscal de la medida. En cambio, otro radical (pero K), Gustavo Serebrisky, vicepresidente de la Comisión de Previsión de la Cámara baja, señaló que “no hay mucho espacio para no estar de acuerdo, ya que es una ley de fondo que se esperaba desde hace muchos años”.

“El índice mantiene una razonable proporcionalidad entre las prestaciones previsionales y los salarios de actividad. En definitiva, el sistema previsional público se ha convertido en el centro de las políticas de Estado para el sector”, argumentó el Ejecutivo en los fundamentos del proyecto.