Un psiquiatra de la Corte Suprema de Justicia examinó a Antonio Domingo Bussi y sostuvo que el represor está en condiciones de afrontar el juicio oral que comenzará el martes, en el que deberá responder por el secuestro y asesinato del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrido en abril de 1976. Los jueces del tribunal oral deben todavía recibir el informe del perito particular de Bussi para tomar la decisión sobre si llevan a las audiencias públicas al represor. De hacerlo, éste será el primer juicio en el que Bussi puede ser condenado.

El ex gobernador, de 82 años, pasa sus días en el country de Yerba Buena, a 10 kilómetros de la capital tucumana, donde cumple prisión domiciliaria. Hasta allí se trasladó ayer el perito Marcelo Gustavo Rudelir, del Cuerpo Médico Forense. La intervención de un perito de la órbita nacional había sido solicitada por los jueces para escuchar una segunda opinión, después de que una junta de seis médicos tucumanos sostuviera que Bussi no está en condiciones de enfrentar un juicio por sufrir de una afección cardíaca y estar atravesando por “un estado profundamente depresivo” que le impediría comprender las consecuencias jurídicas de sus actos. Como la conclusión de este informe llevaría a sostener que Bussi es inimputable, el tribunal pidió que se expidiera el Cuerpo Médico Forense. Y en contraposición con aquel diagnóstico, Rudelir sostuvo que Bussi “se encuentra en condiciones de comprender el alcance de las imputaciones que se le efectúan”.

El perito coincidió con sus colegas en que el militar, que está medicado con un miligramo de Rivotril diario y tres de Lexotanil, sufre de depresión. “Presenta al momento del examen una afección que reviste la forma clínica de estado depresivo de tipo reactivo y secundario a enfermedad médica”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que “se encuentra en condiciones de comprender el alcance de la imputación que se le efectúa. La alteración que presenta podría condicionar pero no necesariamente impedir su capacidad de defensa en juicio”.

Bussi tiene como coacusado en la causa a Luciano Benjamín Menéndez, que será trasladado el lunes desde la cárcel cordobesa de Bower, donde cumple condena. Ambos están procesados por la violación del domicilio de Vargas Aignasse, privación ilegítima de su libertad, aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado. En la elevación a juicio, la fiscalía planteó además que estos delitos fueron cometidos en el marco de un genocidio.

Los represores están imputados además en otras 600 causas por crímenes cometidos durante la dictadura. Entre 1976 y 1977 Bussi estuvo a cargo de la Quinta Brigada de Infantería y tenía como jefe a Menéndez, como titular del III Cuerpo de Ejército.

Las audiencias orales comenzarán el martes 5 de agosto y estarán a cargo de los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi. Se estima que el juicio llevará dos meses, a razón de seis testigos por día, en jornada doble. Un indicio de las expectativas que despertó es que ya se anotaron para presenciarlo 150 personas, entre ellas el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y la diputada nacional Diana Conti.

Por esta causa el represor fue detenido en el 2003 y quedó impedido de asumir la intendencia de Tucumán, cargo por el que había competido con el hijo de su víctima, Gerónimo Vargas Aignasse, hoy diputado nacional del Frente para la Victoria.