Cuando se habla de la necesidad de que se reforme la ley que regula la radiodifusión se suele comenzar señalando que esa norma, además de contener disposiciones aberrantes, es una “ley de la dictadura”.

Pero esa afirmación es una verdad a medias. Con agudeza, Hobbes señaló que una ley no obtiene su fuerza y su vigencia de la autoridad que la sancionó en el pasado, sino de la autoridad presente que, pudiéndola derogar, no lo hace. Así es que la llamada Ley Nº 22.285 fue, efectivamente, la ley de la dictadura hasta el 9 de diciembre de 1983. El día 10 de diciembre pasó a ser una ley del ordenamiento jurídico del régimen constitucional, lo cual arroja una pesada mancha sobre todos los gobiernos que, desde aquella fecha, se fueron sucediendo en nuestro país porque no supieron, no pudieron o no quisieron modificarla.

Es por ello que, cuando el Poder Ejecutivo Nacional anunció que impulsaría una nueva ley, una sensación de esperanza atravesó a los amplios sectores sociales que, más allá de su diferente filiación político-partidaria, entienden que los medios de comunicación constituyen un servicio público y un instrumento de cohesión y desarrollo cultural y social antes que un negocio destinado a hacernos comprar lo que la publicidad promueve al compás de una programación alienante y deformadora, que sacrifica en el altar del rating los valores que expresan nuestra identidad.

Es urgente una nueva ley que les garantice a los argentinos el acceso a la información veraz y plural, una programación con mayoritaria producción nacional –propia de los medios y producción independiente–, con contenidos que expresen la identidad nacional y su integración regional, con informativos realizados en las localidades de las emisoras por periodistas del lugar, que reconozca y haga cumplir la cuota de pantalla para el cine nacional en la televisión, que asigne las licencias por concursos transparentes asegurando el lugar que les corresponde a las emisoras comunitarias, universitarias, provinciales, municipales y de baja potencia, que impida la acumulación de licencias y su integración con otros medios de comunicación masiva, como sucede en los países más avanzados del mundo. Una ley que restrinja la obscena difusión de la violencia y la pornografía cultural, que haga respetar el derecho a réplica y que capte para la sociedad en su conjunto los beneficios que genera la tecnología digital.

En síntesis: una ley para la democracia generada por un gobierno democrático que quiera y que sepa hacerla. Un proyecto que atienda estas necesidades sumará el apoyo de la inmensa mayoría de los argentinos, que nos merecemos una ley diferente de la que nos legó Videla.

* Abogado.