Finalmente, celebraron, cantaron, se abrazaron, pero lo que quedó como sanción legislativa a partir del voto decisorio del vicepresidente de la República les resultó, en resumidas cuentas, una sanción para ellos. El colmo fue que al sector con el que ellos se aliaron para la derogación de la Resolución 125 les vino como anillo al dedo. Salieron ganando. Se trata, en primer término, de la Federación Agraria Argentina, que asumió el papel de defensores de los “pequeños productores” sojeros y, en segundo lugar, a los integrantes de la burguesía media y alta del sector agrícola pampeano, representados por la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, que aparecieron como los únicos y reales beneficiados de esa decisión legislativa.

¿Qué es lo que sucedió? Muy sencillo. Antes de la Resolución 125 los derechos a la exportación de la soja alcanzaban el 35 por ciento del valor de su comercialización para todos los productores, cualesquiera sea su tamaño productivo y su ubicación geográfica. Es decir, tal nivel de imposición tanto al pequeño como al mediano o al gran productor. La citada Resolución 125, con sus ulteriores modificaciones, beneficiaba a los pequeños productores de menos de 500 toneladas de producción de soja por campaña y, adicionalmente, beneficiaba a aquellos ubicados en zonas marginales del área productiva sojera del país, localizados fuera de la pampa húmeda. Así, los derechos respectivos se fijaban en un 30 por ciento al que había que agregar la devolución de un monto equivalente a los fletes que debía abonar por enviar su producción desde el predio propio hasta el centro de exportación. Para los productores de entre 500 y 1500 toneladas parte de estas ventajas se mantenían, de modo que su situación se diferenciaba netamente del resto de los dueños de predios que cultivaban soja. Para éstos –medianos y grandes productores– regía el sistema móvil, que suponía incrementos de los derechos de exportación por arriba del 35 por ciento a partir de una escala ascendente. Es decir, entre el antes y el después de la sanción legislativa, el pequeño productor perdió en torno de un 10 por ciento de sus beneficios, aunque terminó con una ganancia neta, dado que el precio internacional de la soja entre marzo y julio del año 2008 creció cerca del 30 por ciento.

Al mismo tiempo, los medianos grandes y grandes productores vieron incrementados sus ingresos netos al retrotraer los derechos de exportación al 35 por ciento, y además se vieron beneficiados con el alza de los precios internacionales.

Entonces no se explica la euforia de los dirigentes de la Federación Agraria Argentina, que lucieron muy alegres en la televisión la madrugada del 18 de julio. Objetivamente, se podría afirmar que el “tiro les salió por la culata”. Ellos perdieron con el voto negativo del Senado, mientras que los más grandes ganaron.

Pero, ¿qué razón o razones tienen que haber existido para que hayan celebrado Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli? Aquí se abre un territorio de conjeturas. ¿No será que el objetivo central de la protesta no era discutir porcentajes mayores o menores de derechos de exportación, sino políticas de captación de rentas extraordinarias? En otras palabras, al segmento de pequeños y medianos productores representados por la Federación Agraria Argentina es altamente probable que lo que más les interesaba era adherirse al bloque de poder agrario histórico que con su accionar pretende que –como siempre lo ha hecho– no se discuta en el país la redistribución de la riqueza. Esta puja entre el segmento de mejor desempeño económico de los últimos años y el Gobierno, que pretendió ampliar la imposición sobre la renta extraordinaria, tuvo más un escenario de disputa política que de discusión sobre más altos o más bajos porcentajes de derechos de exportación. Resulta claro que para los poseedores de la renta extraordinaria de la tierra pampeana es preciso marcar la cancha en momentos en que se ha puesto, en el centro del debate, la cuestión de la redistribución de la riqueza. Es decir, la cuestión del Poder. En estas circunstancias, los agentes económicos que otrora enfrentaban a los grandes propietarios de las tierras –ahora acompañados por el capital financiero destinado a la explotación sojera– se han acercado a sus antiguos oponentes, pues su modelo de producción y de gestión se ha ido asimilando cada vez más al de sus antiguos contrincantes. La puja contemporánea se constituye, así, en el preludio de otras disputas a futuro y, en ellas, las semejanzas entre pequeños productores capitalistas enriquecidos y la vieja estructura concentrada de la tierra pampeana, con sus recientes aliados, prevalecen sobre las diferencias.

Al borrarse las fronteras entre los intereses del que fuera pequeño productor cerealero de la pampa húmeda y los que siempre sostuvieron los dueños de la gran propiedad de la tierra rural, el fenómeno de la convergencia en las respectiva acciones reivindicatorias se fortalece. Esto se confirma con la elevada proporción de pequeños propietarios rurales que arriendan sus predios, incorporándose hoy como arrendadores afortunados (de 300 a 400 dólares la hectárea por campaña), cuando antes fueron arrendatarios de los que ahora son sus nuevos socios. Dejaron de ser modestos productores que trabajaban de sol a sol para convertirse en rentistas, con residencia urbana, o productores con el modelo tecnológico y la rentabilidad de los grandes. Entonces, verse “perjudicados” en el proceso de cambio de la legislación sobre derechos de exportaciones es un mal menor en aras de integrarse plenamente al campo de los ganadores de siempre. Además, el sistema de diferenciación de porcentuales de derechos de exportación implicaba la “formalización” de los productores favorecidos con los porcentuales reducidos, proceso que iba a dejar en descubierto todas las prácticas de evasión tributaria y la presencia de trabajo asalariado no registrado.

Entonces, el tiro no salió por la culata, sino que, por el contrario, resultó ser una decisión congruente con el objetivo real de la alianza social en marcha: consolidar un proyecto regresivo y conservador que alerte a la sociedad sobre los límites del proceso de redistribución de la riqueza.

* Investigador del Conicet