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Los entes reguladores del gas y la electricidad convocarían la semana próxima a audiencias públicas, en un plazo no menor de 30 días a partir del llamado, para tratar los pedidos de aumento de tarifas presentados por las concesionarias de dichos servicios. Así lo confirmó ayer un vocero del Ministerio de Economía, que además ratificó lo ya adelantado por este diario, en cuanto a que se mantendrá el criterio de no aplicar ajustes en el servicio que reciben los hogares con menor nivel de consumo. Este mecanismo sustituye al camino intentado anteriormente, en el marco de la Ley de Emergencia de enero de este año, que terminó incrustándose contra una decisión judicial que aceptó el recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y varias organizaciones de consumidores.
La nueva convocatoria a audiencias públicas se realizará bajo el paraguas legal de los marcos regulatorios de las privatizaciones del gas y la electricidad, que habilitan en determinadas circunstancias a que los prestadores reclamen una reconsideración de tarifas para preservar la sustentabilidad del servicio. Es, precisamente, lo que se argumentó en las nuevas presentaciones que las concesionarias formularon en los últimos días ante los organismos reguladores.
A partir de la realización de la audiencia, cada ente cuenta con cinco días hábiles para expedirse. Es por ello que, contando a partir de las convocatorias que tendrían lugar la semana próxima, se calcula que antes de fin de noviembre estarían definidos los nuevos ajustes, que se aplicarían a partir de diciembre. De acuerdo con lo confiado a este diario por fuentes oficiales, la intención es otorgar un aumento inmediato (ya no se lo definirá como “de emergencia”, para eludir las objeciones judiciales de las que fue objeto el anterior llamado) apenas inferior al 10 por ciento y un ajuste complementario a aplicar a partir de marzo o abril de un porcentaje aproximado al 8 por ciento.
“Las empresas están en condiciones de afrontar los costos operativos con esos valores y,a partir de un horizonte más claro de ingresos, podrían empezar a negociar una quita sobre sus deudas con los acreedores”, comentó un alto funcionario de Economía a este diario. “Otro tipo de negociación, como un aumento más sustancial o la fijación de nuevas condiciones contractuales, será materia de discusión con el futuro gobierno”, estimó la misma fuente.
Para este próximo ajuste, las autoridades contemplan mantener el criterio de excluir de los aumentos a los hogares con consumo de electricidad inferior a 250 kw/hora bimestrales y a los usuarios carenciados conectados a la red de gas natural. Se presume que, en el primer caso, resultarían beneficiados casi el 50 por ciento de los clientes de las distribuidoras y en cuanto a los usuarios de gas, la excepción cubriría al 25 por ciento de hogares conectados. La modificación tarifaria abarca, en el caso de la electricidad, a los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires (clientes de Edenor y Edesur) y del área del Gran La Plata (Edelap), y en lo que respecta al gas natural, a los clientes de las nueve distribuidoras que operan en el territorio nacional.
El mecanismo utilizado en el intento anterior de ajuste de tarifas se enmarcaba en la Ley de Emergencia Económica, la cual hacía referencia a una renegociación de los contratos de concesión. La parcialización de la convocatoria simplemente a la cuestión tarifaria fue lo que dejó el flanco abierto a la impugnación judicial.