El Ente Nacional Regulador de la Electricidad informó ayer que Edenor, Edesur y Edelap deberán detallar en los próximos días sus planes de inversión a la ciudadanía, quizás un modo de recomponer imagen luego de los prolongados cortes de la semana pasada. El supuesto mandato –difundido a través de la agencia oficial pero sin ningún papel ni funcionario que lo sustentara en público– desconcertó a las distribuidoras, ya que la única presentación que están alistando es la que tienen que entregar al Enre del 12 de diciembre, con miras a fijar nuevos cuadros tarifarios a partir de febrero. Pero esos futuros programas de obras, más ambiciosos que las acotadas tareas de mantenimiento que hacen hoy, dependen de que se supere un escollo fundamental: algunas pautas fijadas por el Estado para renegociar contratos implicarían aumentos tan importantes que ninguna parte podría admitir.

Cuando días pasados una parte de la Capital estaba a oscuras, Julio De Vido alertó que el Gobierno analizaría si a las distribuidoras les corresponde alguna penalidad por esas interrupciones en el suministro, Ayer, una noticia originada en la agencia Télam atribuía a fuentes del Enre el aviso de que las empresas tendrían que explicar a la opinión pública en qué están invirtiendo el dinero que recaudan. Dos advertencias que no parecen desvelar a las privatizadas en manos de Pampa Holding, Endesa y Aes, respectivamente. En parte porque el difuso marco legal vigente hace discutible cualquier meta de inversión comprometida. En parte, porque para ser multadas debe constatarse que en el semestre interrumpieron el suministro más de seis veces y por más de diez horas.

Los contratos originales no obligaban a obras físicas determinadas sino a cumplir con ciertas metas de calidad, que las privatizadas tenían que honrar invirtiendo lo necesario para ello. Después de la devaluación, esos parámetros quedaron congelados junto a la tarifa que, para las distribuidoras, comenzaron a movilizarse en agosto y que podrían tener un salto importante en sesenta días.

El acta acuerdo de renegociación vigente fijó un marco transitorio, relajando de hecho los compromisos de inversión que regían hasta ese momento y permitió a las empresas trasladar a la tarifa los mayores costos de su servicio, algo que aún no se hace automáticamente. La gran apuesta de éstas es la revisión tarifaria integral (RTI) que a partir de febrero permitiría barajar y dar de nuevo, definiendo nuevos precios y nuevas inversiones en un contrato definitivo.

Si tuvieran que salir de apuro a explicar a la opinión pública en qué gastan el dinero que recaudan, Edesur dirá que este año desembolsó 390 millones de pesos y que hizo algunas obras de significación como la subestación Transradio de Lomas de Zamora o las mejoras en las estaciones transformadoras de Once y Monte Chingolo. Edenor pondrá de relieve que desde hace dos años está ejecutando un programa a diez años por un monto total de 1000 millones de dólares, a razón de unos 330 millones de pesos anuales de promedio, que podrían subir a 550 desde el 2009, si la estratégica negociación saliera bien. Edelap asegura que ya desembolsó 30 millones de pesos en el ejercicio.

Todas coinciden en que hacen el “mayor esfuerzo posible” con los ingresos actuales, que se derivan íntegramente a gastos operativos y los programas de obras aún “de emergencia”. Claro que esto, admiten, no es suficiente para adecuar el sistema a la creciente demanda, y menos para atenderla con la calidad requerida en los contratos de origen. Algo que el ministro de Planificación reconoce cuando esboza una disculpa a las fallas de la red eléctrica explicando que colapsa ante el calor de 42 grados como la telefonía se congestiona con la simultaneidad de saludos de Nochebuena.

Las cosas podrían ser diferentes con la RTI, al fijarse nuevos términos de precio-calidad. Aunque algunas pautas que impuso el Gobierno para encauzar esa discusión y para que las distribuidoras presenten antes del 12 de este mes sus planes, descolocó a algunos técnicos. Según el listado de condiciones oficiales, el kilovatio no suministrado a raíz de los cortes pasaría de los 2,5 pesos actuales a 10 pesos.

Ese sería el nuevo factor para calcular la multa de las empresas en situaciones como las vividas días pasados. Algo que, a decir de alguna de las privatizadas, las obligaría a fijar preventivamente una tarifa tan alta que nadie podría admitirla, ni siquiera bajo el imperio de una política de descongelamiento de los precios.