El ministro de Planificación, Julio De Vido, informó ayer a la tarde al embajador de los Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, sobre la existencia de “graves irregularidades” en la empresa Edelap, que fueron cometidas por su controlante, la norteamericana AES. La acusación, sintetizada luego del encuentro a través de un comunicado de esa cartera, tiene fuerte impacto político y amenaza tener también derivaciones penales, según sugirieron fuentes oficiales. La presencia de la firma estadounidense en el rubro energético argentino es importante. Su apuesta comenzó con las privatizaciones de la década pasada.

Según hizo saber ayer De Vido, a través de una auditoría económico-financiera realizada junto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (organismo que funcionalmente depende de ese ministerio), se detectó una “irregular registración contable que beneficia directamente a la controlante (...) y le provoca un deterioro significativo en la ecuación económico-financiera de la empresa, poniendo en riesgo las inversiones necesarias para la prestación del servicio de provisión de energía eléctrica”.

Según Planificación, AES compró un crédito que era de Edelap en “condiciones beneficiosas” para esta compañía, pero, al mismo tiempo, “no desobligó” a la distribuidora, que tuvo que afrontar esa deuda en las condiciones originales de intereses y actualización. “Mediante esta maniobra se transfiere rentabilidad de Edelap en beneficio de AES, su controlante, y de otras empresas del grupo, entre ellas la firma Luz de la Plata SA, que tiene a su cargo el gerenciamiento y por ello cobra honorarios”, reza el texto.

La acusación impacta sobre un actor importante del mercado energético local. AES tiene a su cargo varias centrales de generación hidráulica, como Alicurá, Cabra Corral y Ullum, entre otras, y las térmicas como AES Paraná o la de San Nicolás, sólo a modo de ejemplo. La apuesta de los norteamericanos también llegó a la distribución a través de dos compañías que abastecen el territorio bonaerense, Edelap y Edes.

La primera de ellas fue comprada hace una década al grupo Techint, que había pagado por esta usina un valor muy superior al que el mercado indicaba como razonable en ese momento. AES, estimulada por la decisión estratégica de ganar posiciones en el rubro en el mundo, no tuvo reparos en mejorar aquel número para quedarse con la distribuidora platense, aunque el negocio es de pequeña escala y poco atractivo.

A través de una declaración no imputable a ningún funcionario, el Gobierno hizo saber el lunes mediante la agencia oficial que le informaría al embajador norteamericano sobre presuntas irregularidades cometidas por aquel adjudicatario, las que conformarían “vaciamiento”. Los dichos fueron atribuidos al ENRE, cuyo titular, Mario De Casas, no los confirmó ni desmintió. En cambio, el ministro del área de algún modo ayer los hizo suyos.

A través de sus voceros, la compañía reconoció la existencia de una auditoría sobre sus estados contables, aunque sugirió que la misma lupa oficial estaba puesta sobre otras distribuidoras eléctricas. También consideró “muy fluida” la relación con los reguladores y negó la posibilidad de que pudiera existir cualquier irregularidad en sus balances, “auditados por empresas internacionales, cuyo nombre prefería omitir”.

En rigor, la maniobra esbozada por Planificación podría estar asentada en los balances sin que merezca objeción técnica de parte de un auditor externo. Otro puede ser el juicio de un regulador, que observa cómo la decisión del principal accionista de la privatizada va en desmedro de ésta comprometiendo la calidad de la prestación. Al menos así lo sugiere el comunicado de De Vido.