No sólo tuvo que abrir el viernes sus registros informáticos a la policía que visitó su sede central por orden de la Justicia. Transportadora de Gas del Norte también debió responder a dos pedidos de información que en plazo perentorio le exigió la Comisión Nacional de Valores: uno sobre aquel rastreo policial, otro sobre la decisión de defaultear su deuda, disparador de la intervención del Enargas. La ofensiva de los reguladores, que también denunciaron penalmente al responsable legal de la privatizada por presunta adulteración de los registros contables, y la recatada defensa pública de ésta, genera expectativas por sus imprevisibles consecuencias.

Un interrogante obvio es si el Gobierno decidió librar una guerra contra la sociedad que lidera Techint o si se trata sólo de una batalla más cruenta que otras para imponerle condiciones que la empresa resiste. Otro, si este escenario de conflicto finalmente no propicia la retirada del holding de los Rocca de una prestación que podría no interesarle. También hay que ver a quién beneficiaría el eventual extremo de un quite de la concesión, algo que no se descarta en el entorno de Julio De Vido.

Con fecha 14 de enero, la Comisión Nacional de Valores exigió al directorio, a la comisión fiscalizadora y al comité de auditoría de TGN datos adicionales sobre la cesación de pagos dispuesta a fin de año, que debían ser proporcionado en tres días. El viernes 16 le habría hecho un requerimiento adicional, invocando “los trascendidos periodísticos” sobre el allanamiento que tuvo lugar en su sede y por el cual se llevaron copias de archivos informáticos para precisar quiénes tomaron parte de la decisión de defaultear.

Claro que la incomodidad de los directivos privados empezó antes, con la resolución 1587 del Ente Nacional Regulador del Gas, que designó como interventor por 120 días a Roberto Pons con la doble facultad de realizar una auditoría integral de la empresa y, al mismo tiempo, coadministrarla. El designado compartirá funciones con el directorio privado que, según interpretaron fuentes del propio ente regulador ante este diario, seguirá teniendo plenas facultades: el grupo de directivos puesto bajo sospecha tendrá que tomar durante esta transición de cuatro meses decisiones mancomunadas con su controlador.

Entre esas responsabilidades hay una crucial, que los voceros del ente y de la compañía parecen minimizar. TGN es la gerenciadora técnica de las inversiones para ampliar el gasoducto operado, emprendimientos multimillonarios que se ejecutan por cuenta y orden del Enargas y contra un fondo fiduciario administrado por el Banco Nación. Después del escándalo Skanska en la primera generación de obras, los gestores privados son renuentes a firmar certificaciones que impliquen avalar precios en esta segunda etapa. Un punto de discusión álgido entre las partes.

“Nosotros queremos que la empresa siga funcionando normalmente. El Ente dispuso la coadministración en resguardo de los usuarios para preservar el servicio de la mayor red de transporte del país”, es la única respuesta del responsable Institucional y de Asuntos regulatorios del órgano de control ante la pregunta de qué pasará con ese gerenciamiento conjunto.

Hay otro punto en disputa. TGN resiste con uñas y dientes la firma de la cláusula de indemnidad por la cual los socios privados deberían asumir el pago de la indemnización, que ya ganó su ex socio minoritario CMS ante el Ciadi contra el Estado argentino. En realidad, esta firma norteamericana vendió sus derechos a Blue Ridge Investment para el eventual cobro de esos 135 millones de dólares que el tribunal arbitral le concedió como compensación por el congelamiento tarifario. Esa negativa hizo que TGN no pueda gozar del prometido aumento tarifario del 20 por ciento: de cobrarse, alimentaría un fondo fiduciario para obra.

No faltan razones para el resentimiento privado. Para Techint, mantener este emprendimiento no tiene demasiado valor por sí mismo. Más bien talla la necesidad de no romper con un gobierno cuya capacidad de regular condiciona otros varios negocios del holding, dentro y fuera del área energética. El métier del transporte no tiene un marco muy seductor: las ganancias operativas son nimias frente a la deuda financiera de TGN que llegaría a los 345 millones de dólares. La exportación de gas a países limítrofes, aliciente fuerte para reforzar su caja, está prácticamente extinguida por la obligación de destinar el escaso gas al mercado interno. Del mismo modo, también se comprende la inquina oficial hacia una empresa que discute desde una posición de fuerza las regulaciones estatales y que, encima, defaultea el pago de una obligación negociable que la Anses heredó de las extintas AFJP.