Después de pasar muchos meses detenido porque su familia no tenía los 200 pesos que un juez había fijado como “caución real”, un joven fue liberado por la Justicia. El caso, comentado por un representante del CELS y una investigadora en temas penales, da lugar a varias observaciones: una de ellas es que “los jueces tienen varias herramientas para evitar la detención de personas inocentes pero, presionados por la sociedad y por altos funcionarios, no las aplican”; otra es que “a veces los familiares, desesperados por conseguir el dinero para liberar al ser querido, lo obtienen con recursos ilegales, que así resultan ser promovidos por la Justicia”. Establecer fianzas que la persona no puede pagar se sintetiza como “una humillación lenta, irónica, reservada a ciertos sectores sociales”.

La libertad del joven –acusado por un robo menor y a la espera del juicio oral– dependía de una fianza de 200 pesos fijada por el juez de instrucción Omar Peralta. Como la familia no podía reunir esa suma, el defensor oficial apeló y la sala quinta de la Cámara del Crimen –integrada por Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich– admitió que “el lapso transcurrido sin haber efectivizado el depósito evidencia su imposibilidad de satisfacer la referida condición”, por lo cual dispuso reemplazarla por una caución juratoria, esto es, “la promesa jurada de cumplir fielmente las condiciones impuestas”. El tribunal también le ordenó al juez Peralta que “establezca un régimen de concurrencia periódica ante el tribunal” para el imputado.

“Establecer una caución monetaria para quien no puede pagarla es una ironía”, comentó Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y observó que “los jueces tienen un conjunto de herramientas para garantizar que el procesado, considerado todavía inocente, comparezca en el juicio. La más gravosa es la prisión: antes de aplicarla, el juez debería descartar una por una todas las demás, empezando por la caución juratoria, que finalmente aplicó la Cámara en este caso. “También existe la caución personal, donde un tercero garantiza, incluso mediante un bien a su nombre, que el acusado se presentará. Otras herramientas son el arresto domiciliario, la pulsera electrónica. Lo importante es que el juez debería analizar cada caso en particular, pero actualmente, de hecho, los magistrados tienen por regla rechazar la mayoría de las excarcelaciones, lo cual invierte la norma.”

Sucede que “pueden pasar tres años, especialmente en la provincia de Buenos Aires, hasta que se dicta sentencia en juicio oral. No tendría por qué ser así, ya que la mayoría de los casos son de flagrancia: si la policía dice que encontró a una persona cometiendo un delito, no se trata de una investigación compleja: o lo inventó la policía o la persona efectivamente delinquió –señaló el integrante del CELS–. Pero el costo de esta demora por ineficiencia lo paga el imputado, porque la sociedad considera que dejarlo libre sería impunidad, y hasta funcionarios como la presidenta de la Nación y el gobernador bonaerense se pronunciaron en el orden de que ‘entran por una puerta y salen por la otra’”.

Alcira Daroqui –profesora de sociología del sistema penal en la UBA– afirmó que “exigir una fianza de 150 pesos a alguien que no la puede pagar es humillante: es mucho peor que si le pidieran 50.000 pesos, porque en tal caso sería porque no lo quieren soltar pero en este caso es: ‘Te dejo adentro porque no tenés esa plata’. Recuerdo el caso de un indigente a quien le pedían, supongamos, 200 pesos. Yo llevé un escrito explicando que era indigente y el juez bajó a 80 pesos: no le entraba en la cabeza que un indigente no puede pagar nada”.

“En otros casos la persona no tiene familia o la relación con la familia es tal que difícilmente aparezca la plata –continuó Daroqui–. Lo hemos visto mucho en jóvenes de 18 a 21 años. Otras veces, en cambio, la familia trata por todos los medios de sacarlo de la cárcel, porque saben lo que le va a pasar al ser querido allá adentro, y para pagar una caución de 800 pesos termina recurriendo a medios ilegales, que, así, son promovidos por la Justicia.”