El jefe de Gobierno porteño no dijo abiertamente que había planes para demoler algunas construcciones en la Villa 31, pero lo insinuó ayer por la mañana, al afirmar que “algunas decenas de viviendas corren un serio peligro”. De paso, Mauricio Macri dio otra vuelta de rosca en su clásica contienda con el ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández: le exigió que la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura –fuerzas a cargo de este ministerio– detengan el ingreso de materiales de construcción a la villa, como ordena una disposición judicial. Los vecinos le contestaron bloqueando la salida de micros de la Terminal de Retiro, Fernández lo trató de “vago e inculto” y le espetó: “¡Agarrá un libro que no muerde, te lo pido por Dios!”. Por la tarde, dos ministros macristas que negocian con algunos representantes de la 31 y la Bis desmintieron la demolición.

“El gobierno no es claro. Se reúne sólo con algunos vecinos y las noticias de demolición hacen que los vecinos se alboroten, con justa razón”, aclaró Amalia Aima, de la Mesa de Trabajo de Urbanización de la villa porteña, una de las casi cien personas que bloquearon la salida de micros en Retiro al mediodía y durante una hora. La queja de esta dirigente apuntaba a las declaraciones de Macri a una semana de la reunión fijada por este tema con la mesa de diálogo que integran el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y su jefe de Gabinete, Fabián Rodríguez Simón. En los términos de esta negociación se habla de “apuntalar” o “reforzar” 50 viviendas.

“Lo que pasa”, según explicó Aima, “es que cada dos por tres sacan títulos en los diarios y a nosotros nos pelotean y no acceden a que se discuta el tema en el ámbito de la Legislatura”. Allí, algunos vecinos autoconvocados piden que se trate y apruebe un plan de urbanización; mientras tanto, reclaman la intervención del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en lo que respecta a los problemas edilicios de la villa. “El IVC tiene bien claro la cuestión de la vivienda y no los ministerios de Espacios Públicos y Desarrollo Social que deberían estar para las emergencias”, justificó Aima.

Los delegados de la villa que sí están en la mesa de diálogo con las autoridades municipales reconocieron que estaban negociando la situación de 50 viviendas, a la espera de una inspección conjunta de arquitectos de la Universidad de Buenos Aires y el gobierno porteño, más el visto bueno de un perito de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, tal como lo exige la orden judicial emitida hace dos meses por el juez Roberto Gallardo. “Si el diagnóstico de los funcionarios de la ciudad coincide con el de los Bomberos, con el consenso de los vecinos afectados, se procederá al apuntalamiento o refacción según corresponda y sólo en último caso a la demolición parcial o total, así como al alojamiento provisorio de los evacuados, de la manera que menos traumática resulte”, aclaró en un comunicado el ministro Piccardo.

Por otra parte, Macri aseguró estar “preocupado” porque siguen ingresando materiales y “la gente sigue construyendo, tenemos que detener las construcciones en la villa. Muchos en la villa pueden no saber de la prohibición”. Según le comentó a Página/12 Mónica Bustamante, una referente que participa de esta negociación junto a otros 32 vecinos, Macri “se adelantó” a la reunión pautada para la semana próxima. Además señaló su preocupación por la insistencia del jefe de Gobierno porteño en cumplir otra disposición judicial, la de la jueza Cecilia de Negre, quien ordenó que se controle el ingreso de los materiales destinados a la construcción en altura.

“Yo no creo que alguien pueda prohibirme comprar materiales para mejorar mi vivienda. El problema es otro: Macri quiere militarizar la villa. Tenemos miedo de que en cualquier momento pongan una garita en la entrada y pidan documentos... y ¿entonces qué hacemos?”, se preguntó Bustamante. “Esa prohibición es discriminartoria –agregó–, porque si no quieren que se construya en altura, que pongan controles en Caballito. ¿O ahí no se quejan también de que se construyen torres por todos lados?”.

En el Ministerio de Justicia de la Nación ridicularizaron el reclamo macrista, al punto de informarle al jefe de Gobierno porteño que primero debe conseguir personal idóneo para reconocer qué materiales son para construcción en altura y luego se les daría apoyo de alguna de las fuerzas. “Como se hace con los controles de alcoholemia, donde hay personal de Seguridad Vial y va acompañado de la policía”, ejemplificó un vocero.

Mientras tanto para la mesa de Trabajo, al menos eso se asegura en la desmentida de ayer, “la prioridad inmediata es el recupero y la puesta en valor de su espacio público”. Las diferencias de comunicación entre Macri y los suyos, según la delegada Bustamante, se debe a que el jefe de Gobierno busca “embarrar la negociación” o que “no escucha a sus ministros”, como apuntó Aníbal Fernández.