El plan de estímulo fiscal que impulsa el presidente Obama ya cuenta con un principio de acuerdo. Tanto demócratas como republicanos coincidieron en el importe del programa que intentará sacar a la economía estadounidense del pozo. La cifra acordada ronda los 789.000 millones de dólares, según fuentes legislativas de ese país, convirtiéndose en el principal escollo superado que encontró la actual administración. De esta manera quedaría allanado el camino para que el rescate pueda ser aprobado en el transcurso de la semana próxima o incluso de ésta. La discusión además contó con la presión que significa la comparecencia pública de los directivos de los bancos rescatados, quienes admitieron ante el Congreso la malversación de fondos públicos. Sin embargo, el plan de Obama intentará una mayor transparencia de los fondos y ayer reiteró que “cada dólar” que se use en el programa se publicará en una página web del gobierno, para que todos los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de los fondos.

Con las idas y vueltas en el tratamiento, el plan sufrió un leve recorte respecto de los 838.000 millones de dólares que aprobó el Senado anteayer y de los 819.000 millones que envió la Casa Blanca. La discusión volvió a girar en torno de la inclusión de los 20.000 millones de dólares en fondos para programas de educación que fueron eliminados de la versión preliminar del Senado que se votó en la Cámara. Por su parte, los republicanos insisten en que varios elementos del paquete, como la construcción de las escuelas, no ayudarán a crear puestos de trabajo en el corto plazo.

Es así que el programa original se redujo por segunda vez y aún no logra conformar a ambos bloques. Otra posibilidad para bajar el monto global del plan es reducir los recortes tributarios incluidos en la versión del Senado para la compra de casas y eliminarlos por completo para la adquisición de vehículos nuevos. Luego de alcanzado el acuerdo, el texto final que salga del proceso de armonización bicameral tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de ser enviado al presidente estadounidense.

Obama había manifestado que quería un plan en su escritorio antes del 16 de febrero, Día de Vacaciones Presidenciales. Por eso es que la meta sigue siendo enviar el texto a más tardar mañana. Hasta anoche, diez legisladores demócratas y republicanos, cinco de cada cámara del Congreso, trabajaban contra reloj para armonizar esas diferencias. Fuentes legislativas no descartan un recorte adicional sobre los 789.000 millones de dólares del principio de acuerdo, pero advierten que será una reducción “menor”.

El acuerdo debe también tener en cuenta el impacto sobre las cuentas de Estado. En enero, el déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó más de lo previsto, al arrojar un rojo de 83.800 millones de dólares. El saldo negativo para los cuatro últimos meses ya es muy superior al déficit de todo el ejercicio previo, de acuerdo con cifras oficiales publicadas ayer.

Mientras una parte del Capitolio define el monto que se usará en futuros salvatajes, otra ala del Congreso escuchaba a los directivos de las entidades financieras rescatadas justificar el mal uso de los fondos que el gobierno les concedió. Varios dirigentes de los principales bancos estadounidenses desfilaron ante el Congreso para expresar a los legisladores su arrepentimiento ante la indignación de la gente por el uso que hicieron del dinero del plan de rescate. Responsables del Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street y Wells Fargo oyeron fuertes críticas de los legisladores en una sesión en la Cámara de Representantes.

En una declaración escrita, los banqueros aseguraron que no emplearon el dinero del plan de rescate para pagar bonos y que, de hecho, estaban recortando salarios. Sin embargo, el Bureau Federal de Investigaciones (FBI) investiga 530 casos de fraude corporativo, de los cuales 38 están vinculados directamente con la crisis y con el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares aprobado en octubre.