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De acuerdo con la información que dejaron deslizar desde el propio Gobierno, el presidente Eduardo Duhalde habría subrayado, en una conversación telefónica con su par español, José María Aznar, que las empresas de ese origen ya obtuvieron “fuertes beneficios” y que ahora podían hacer un sacrificio sometiéndose a un congelamiento de tarifas. El tema del precio de los servicios públicos fue caballito de batalla del presidente de la Nación desde su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, oportunidad en la que había advertido que no podía seguir soportándose que Argentina pagara las tarifas más caras del mundo.
“Todas las empresas pidieron aumentos de tarifas. Todas. Y a todas les dijimos que no”, comentó la fuente oficial, que añadió que Duhalde resaltó en su conversación telefónica con Aznar la diferencia en el costo para el público de los servicios entre Argentina y España. Desde que asumió el gobierno, el 1º de enero, Duhalde mantuvo reiterados contactos con el jefe del gobierno español, en su mayoría relacionados con las reglas bajo las cuales deberán moverse las concesionarias de servicios públicos tras la devaluación. En particular, Aznar se manifestó en defensa de las compañías de su país con participación en las áreas de telefonía, petróleo, electricidad y distribución de gas.
“O bien los empresarios españoles han sido muy hábiles para negociar con nosotros, o nosotros fuimos muy tontos, o bien los dos hemos sido corruptos”, habría señalado Duhalde en la conversación con Aznar, según los allegados al primero, al vincular las actuales tarifas con las reglas acordadas al momento de la privatización.
Al desdolarizar y desindexar las tarifas públicas por medio de la Ley de Emergencia Pública, el Gobierno estableció en la práctica un congelamiento en sus valores. Pero al mismo tiempo dejó abierto el espacio para una renegociación de los contratos, que debería culminar antes de 180 días. Aunque todavía no se ha conformado la comisión que tendrá a su cargo la renegociación, ya tiene fecha el inicio de su tarea; el 8 de febrero.
Ante la insistencia de Aznar en rechazar que sean las empresas españolas las que deban pagar los costos de la devaluación del peso, Duhalde le habría contrapuesto el argumento de las diferencias tarifarias entre ambos países. “Las empresas deben comprender”, habría sugerido Duhalde, “que no puede ser que aquí cobren tarifas muy superiores a las que cobran en Europa”, como resultaría del traslado de la devaluación al precio de los servicios.
Según especialistas en los contratos de concesión, el Gobierno cometió un error al plantear la discusión de las tarifas a partir de una reforma a la ley, abriendo una brecha para que lo acusen de alterar la seguridad jurídica. “En algunas áreas podría haber utilizado directamente los marcos regulatorios, que autorizan al Estado a imponer reglas en casos excepcionales de suba o baja de beneficios, como ocurre con una devaluación”, sostuvo una fuente especializada.
Pese a no estar alcanzados por el congelamiento tarifario, la principal petrolera del mercado local, Repsol–YPF, decidió mantener el precio de los combustibles en surtidor, a la espera de los resultados de la negociación en torno de un impuesto a la exportación de crudos (ver aparte). Las demás concesionarias españolas, como las que se desempeñan en electricidad, teléfonos o gas, han mantenido hasta ahora un muy bajo perfil, dejando en manos del gobierno de su país el peso principal de la presión sobre las autoridades.