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En la Corte Suprema no hay ánimo para aceptar el pedido de per saltum que planteó el Ministerio de Economía para suspender la devolución de los depósitos a través de amparos judiciales. Además, los ministros prefieren por ahora no meterse con ningún tema escabroso y sujeto a lecturas políticas. En su reunión plenaria de ayer hablaron de la presentación del ministro Roberto Lavagna, pero decidieron postergar una definición de la cuestión, que forma parte de la lista de exigencias del FMI. “Si firmamos algo así la gente nos va a incendiar los tribunales”, dijeron a Página/12 en dos vocalías. “Es contradictorio que el Gobierno haya derogado el per saltum y que ahora pretenda usarlo”, especificó uno de los jueces. El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminaría la semana próxima la inconstitucionalidad de las restricciones bancarias.
El máximo tribunal ya venía analizando un proyecto para frenar los amparos mientras se estudia el tema de fondo, que fue motorizado en un principio por Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Carlos Fayt. Pero el Gobierno decidió aumentar la presión –al menos como señal ante los requerimientos del FMI de frenar el goteo– para que los supremos apuraran su definición. Economía presentó un recurso para que la Corte resuelva salteando la Cámara de Apelaciones en el que cuestiona un fallo con el que un juez de primera instancia había ordenado devolverle a un ahorrista el 50 por ciento de sus depósitos acorralados.
Aquella propuesta alentada por los tres supremos, que podía llegar a satisfacer al Gobierno, no logró juntar los cinco votos necesarios para convertirse en resolución, e incluso Fayt al parecer cambió de opinión y quizá ni siquiera se pronuncie. Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor y Adolfo Vázquez siguen sin intenciones de dar apoyo en ese sentido. Al contrario, ellos impulsan otro proyecto que apunta a la redolarización de depósitos, o al menos a promover su devolución en bonos dolarizados. En ese caso sigue faltando un voto y está pendiente la designación de conjueces.
Fayt había pedido que no se tratara el pedido de Economía en el acuerdo de ayer, ya que él estaría de viaje. Pero era inevitable que sus pares hablaran del asunto, aunque no resolvieran nada. En la reunión se postularon argumentos contra el planteo del Gobierno: “Ellos mismos derogaron el artículo 195 bis del decreto que autorizaba el per saltum y ahora pretenden utilizarlo, es claramente una contradicción, y eso sin contar que el expediente en que lo plantean no tenía agravio si seguía instancias normales porque el juez dispuso que el reintegro se haga una vez que quedara firme la resolución”, fundamentó uno de los ministros.
Incluso Boggiano, que ha postulado el freno a las medidas cautelares, se mostró ayer sorprendido por un punto en que Lavagna propuso que los balances de los bancos figuren en moneda original. “Para eso declaremos nula la pesificación y listo”, coincidieron algunos de sus colegas. “Es otra contradicción, el propio Gobierno batallando contra eso”, comentaron. Así las cosas, los jueces se fueron de la reunión cuanto menos con el sentimiento común de que el corralito seguirá esperando un tiempo. Además, aún después del cierre del juicio político, el clima de tirantez con el presidente Eduardo Duhalde subsiste.
De por sí, la utilización del per saltum como herramienta jurídica, famosa por haber sido utilizada en la privatización de Aerolíneas Argentinas, es controvertida en cuanto a su constitucionalidad. Difícilmente la Corte ahora se juegue a aplicarla. Más aún, Belluscio y Fayt, dos de los ministros más proclives a sintonizar con los argumentos oficiales, nunca la han admitido. Mientras debatían ayer a la mañana, un grupo de ahorristas caceroleaba en el cuarto piso, a metros de donde ellos estaban.
“No va a pasar nada”, reforzó un colaborador de la presidencia del tribunal, a cargo del riojano Nazareno. El funcionario aclaró además que la Corte no se va a pronunciar sobre la cuestión de fondo, hasta tantoemita opinión el procurador Nicolás Becerra. Sin embargo, según pudo saber Página/12, Becerra dictaminaría la semana próxima la inconstitucionalidad de las restricciones bancarias en una suerte de caso modelo. Es un expediente iniciado en Bahía Blanca por Mirtha Esther Beratz contra el Estado nacional. La mujer obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia, que ordenaron al banco devolverle sus 13 mil dólares o el equivalente en pesos. Con este dictamen la Corte no tendría muchas más excusas para postergar una resolución sobre la legalidad del corralito.