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Como si deseara una “píldora del día después” para anular los efectos de la Ley de Salud Reproductiva sancionada el miércoles, la Iglesia Católica hizo público un documento condenándola por “promover la prescripción de elementos anticonceptivos no conformes al orden natural” y porque “no incluye explícitamente la educación por la castidad”. La Iglesia se opuso de manera consistente a la normativa y contribuyó a que su sanción se demorara durante más de tres años. Una “píldora” satisfactoria para la jerarquía eclesiástica sería que el Poder Ejecutivo impusiera un veto, pero esto es improbable ya que la Primera Dama, Chiche Duhalde, se pronunció por la ley: “Tenemos que dejar de ser hipócritas”, propuso, e incluso envió a la Iglesia a “que se ocupe de sus problemas”. Chiche revisa así su propia posición que, el año pasado, la había llevado a alinearse con la Iglesia en un punto clave, el requisito de autorización de los padres para que los menores accedan a métodos anticonceptivos –no incluido en el texto que se aprobó–. Sin embargo, la mujer de Duhalde anticipó que la reglamentación de la ley se discutirá en la “Mesa del Diálogo”, donde los representantes de la Iglesia Católica podrían tratar de abortar su implementación. Por otra parte, especialistas consultadas por este diario cuestionaron “que la opinión eclesiástica deba estar por encima de las de otros grupos” y estimaron que la ley no debiera admitir excepciones “por razones confesionales”.
La agencia informativa católica AICA dio a conocer el texto de la carta que la Conferencia Episcopal había hecho llegar a cada senador nacional en días previos a la votación, según la cual la iniciativa aprobada el miércoles “en la medida en que promueva la prescripción de elementos y métodos anticonceptivos no conformes al orden natural, lesiona la dignidad de la persona y es moralmente inaceptable”. El texto, firmado por el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de Buenos Aires, Guillermo Rodríguez-Melgarejo, encuentra en la ley una “contradicción intrínseca” al establecer que los métodos deberán ser de carácter reversible y no abortivos, ya que, según el representante de la Iglesia, “los métodos aprobados por la Anmat incluyen abortivos”.
El documento eclesiástico, además, deplora que, “si bien la ley deja lugar a la ‘objeción de conciencia’ por parte de las instituciones, no garantiza el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos, paramédicos, maestros, profesores, docentes y personal auxiliar”. Y la ley “no salvaguarda efectivamente el ejercicio de la patria potestad y el derecho natural de los padres a la educación de los hijos, por cuanto omite especificar que los menores de edad requieren la firma del consentimiento informado de sus padres, tutores o responsables”. Por último, la normativa “no incluye explícitamente la educación por la castidad, siendo la formación en esa virtud el camino más seguro y eficaz para alcanzar la mayoría de los objetivos explicitados”, estima la declaración de la Conferencia Episcopal.
Además, voceros del Episcopado, que prefirieron no identificarse, sostuvieron ayer, en cuanto a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que “tras esos rótulos engañosos se esconde la intención de despenalizar y hasta legalizar el aborto”. Y la organización no gubernamental Pro-Vida, presidida por Roberto Castellano y ligada con la Iglesia Católica, declaró que la ley “viola la reserva que efectuara la Argentina en oportunidad de suscribir la Convención de los Derechos del Niño en el sentido de que todo lo atinente a la planificación familiar atañe a los padres de manera indelegable”. Según la entidad, la normativa es “inconstitucional, ya que busca satisfacer el ánimo de lucro de algunos y los intereses de otros”.
La Iglesia Católica había torpedeado sistemáticamente los proyectos de ley de salud reproductiva, cuyo tratamiento fue reiteradamente cajoneado en las dos Cámaras. Así, en abril de 2001, en vísperas de la visita al Papa del entonces presidente Fernando de la Rúa, la presión del Ejecutivoforzó la postergación del debate en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, la diputada Hilda “Chiche” Duhalde había encarnado la posición de la Iglesia al oponerse a que los adolescentes menores de 16 años reciban anticonceptivos sin autorización de los padres.
Ayer, en cambio, la esposa del Presidente y titular del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales sostuvo que “tenemos que dejar de ser hipócritas, es un tema que hay que tratarlo en el ámbito escolar, sobre todo con las niñas a partir de los 12 años, porque estamos viendo embarazos en chicas cada vez más pequeñas”. Chiche solicitó que la Iglesia “se ocupe de sus problemas”.
La funcionaria admitió que la ley contribuirá a la lucha contra “el problema de las enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados y de abortos”, porque “ninguna mujer quiere abortar: lo hace porque la sociedad y el Estado no la acompañan”.
Chiche recordó que un proyecto anterior en el mismo sentido había sido aprobado en la Cámara de Diputados pero “se cayó en el Senado”. Esta vez, en cambio, “por la composición del Senado, que tiene tanta participación de mujeres, pudo salir”. Destacó también “la necesidad de que participen las organizaciones no gubernamentales”.
Chiche admitió que la ley aprobada “fue la posible, no la mejor, no la más avanzada, si la comparamos con otros países. Pero era necesario tener una ley”.
De todos modos, la Primera Dama anticipó que la ley “se va a reglamentar en el marco de la Mesa del Diálogo para que todos opinen y, a partir de ahí, las unidades sanitarias deberán entregar métodos anticonceptivos, que tienen que ser reversibles y no abortivos”. La Mesa del Diálogo incluye a representantes de la Iglesia Católica, uno de cuyos cuestionamientos acusa a métodos como el DIU por “abortivos”. Ayer la Primera Dama puntualizó (en línea con lo que explican los médicos especialistas) que “el DIU no es abortivo”; en cambio, “la pastilla del día después (que se toma, excepcionalmente, después de una relación sexual no protegida) está en discusión, y por supuesto con ésa no estamos de acuerdo”.
Las especialistas consultadas por este diario prefirieron no debatir con la Iglesia, sino discutir el lugar que, en la Argentina, ocupa la Iglesia en estas discusiones: “No me parece útil discutir estas cuestiones con el Episcopado, que representa a una religión como las hay otras en nuestro país –contestó Silvina Ramos, investigadora del Cedes especializada en salud de la mujer–. No veo por qué la opinión de la Iglesia Católica deba estar por encima de la de otros grupos”.
Ramos estimó que la ley “avanza en la dirección de saldar la deuda con los derechos de las mujeres, al garantizar y hacer obligatoria la provisión de anticonceptivos por la red asistencial pública, las obras sociales y los prepagos”. Sin embargo, la investigadora criticó “que la ley admita consideraciones para instituciones educativas privadas: así como los adolescentes no le piden permiso al colegio para iniciar su vida sexual, la institución no debiera arrogarse el derecho de decidir si sus alumnos pueden recibir información y métodos anticonceptivos”.
También Mabel Burin –directora del programa de género y subjetividad de la UCES– se preocupó “porque la ley admite que los centros de salud no la apliquen en función de sus orientaciones confesionales: la norma debería amparar a todas las ciudadanas por igual y dar a todas las mismas posibilidades”.