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Uno de los principales temas que se debate en la arena de la batalla electoral es el de la inseguridad. Las pantallas de televisión derraman sangre al ritmo del morbo del minuto a minuto del rating. La atención de políticos y analistas se concentra en la violencia de jóvenes menores y al proyecto de régimen penal juvenil, que muchos lo resumen en la baja de la edad de imputabilidad. La complejidad de un problema que indudablemente afecta a la población de los centros urbanos adquiriría mayor densidad para su comprensión si se incluyera otro tipo de inseguridad: la laboral. Esta no se la asocia a la genérica que tiene el privilegio de recibir un especial esmero en gran parte de los especialistas que circulan por los medios y que incluso es el eje de campaña de uno de los candidatos. Sin minimizar la inquietud social alimentada por la voracidad mediática respecto de la inseguridad, la referida específicamente a la estabilidad de los puestos de trabajo adquiere mayor envergadura en el actual contexto de crisis internacional. El énfasis en la demanda de un mayor compromiso del sector público en la esfera represiva para brindar seguridad a los ciudadanos no se encuentra cuando se trata de la inseguridad laboral. Pese a ello, el Estado está teniendo una activa intervención para disminuir la incertidumbre y la fragilidad en el mercado de trabajo, lo que en última instancia constituye un aporte valioso para la seguridad global de una sociedad.

Es indudable el impacto del derrumbe del Muro de Wall Street en el nivel de la actividad doméstica. También en la estructura ocupacional con pérdidas de puestos informales y suspensiones, reducción de la jornada laboral y despidos en el sector formal de la economía. Pero la respuesta a esta tensión ha sido diferente a la dinámica que predominó en crisis pasadas. En esta oportunidad no ha quedado en manos del mercado el ajuste para definir el rumbo del mundo laboral. Cada una con su estilo, las centrales sindicales (CGT y CTA) han mostrado responsabilidad en sus reclamos ante la crisis y a la vez firmeza en sus convicciones para defender a los trabajadores en un contexto complicado. El empresariado tuvo una primera reacción con los reflejos de los noventa buscando el ajuste por el lado del empleo, aunque algunos han aprendido que no pueden descapitalizarse de recursos humanos ante la primera señal de cambio de tendencia. La acción sindical junto con las políticas del Ministerio de Trabajo pudieron revertir ese reflejo inicial. A través de dos herramientas de intervención (Procedimiento Preventivo de Crisis y Programa de Recuperación Productiva), el Estado está actuando como un actor fundamental para amortiguar las esquirlas del estallido del capitalismo financiero global en la economía nacional.

Esa participación puede ser señalada como un indicador de la gravedad de la crisis, análisis que descontextualizado resulta funcional a alimentar expectativas negativas que terminan profundizándola, o destacada como la recuperación de instrumentos del Estado para intervenir en la economía. Esos dos mecanismos mencionados sirven para destinar recursos públicos que permiten disminuir la inseguridad laboral, mantener en línea de flotación el consumo interno y así plantear un mejor horizonte para el momento de la recuperación. No se trata de optar entre visiones pesimistas u optimistas, sino en remarcar la relevancia para los sectores vulnerables de la existencia de un Estado con políticas activas y efectivas. Quienes las minimizan son los mismos que transitan con arrogancia el sendero del progresismo testimonial. También las menosprecian nostálgicos de la década del noventa que prefieren exhibir el telegrama como potente disciplinador social. Estos tienen voceros bien dispuestos para amplificar su discurso olvidando que también ellos son trabajadores y que sus empresas no recordarán sus diligentes servicios a la hora de despedir.

El mercado de trabajo ha sido golpeado por la desaceleración de la economía precipitada por la crisis externa y por factores internos, como el conflicto con el sector del campo privilegiado al que se le sumó la fuerte merma de producción por la sequía. En ese contexto, el heterogéneo mercado laboral ofrece en la actualidad el siguiente panorama:

- Creció el trabajo informal en poco más de 1,5 punto porcentual en el último trimestre, superando el 38 por ciento del total de los empleos, revirtiendo así una larga tendencia de descenso de ese indicador.

- El aumento del desempleo se registra por las restricciones a nuevas contrataciones más que en despidos generalizados.

- Esta disminución de incorporaciones de personal no sólo respondió a un retroceso en la demanda de bienes o servicios que las empresas producen, sino a una política de no cubrir vacantes existentes. Es decir que las expectativas negativas jugaron un rol importante en la caída de las contrataciones de personal.

- El sector más vulnerable es el de empleos eventuales y contratados, que no son renovados al vencimiento del plazo de vigencia.

- La industria manufacturera y el comercio han reducido sus dotaciones de personal, con excepción de la producción de alimentos y bebidas, única actividad industrial que registra crecimiento de empleo.

- El total de obreros ocupados cayó 2,6 por ciento y la cantidad de horas trabajadas disminuyó 4,3 por ciento durante el primer trimestre con relación al mismo período del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

- El empleo en la construcción y la estabilización de la dotación de personal en la mayoría de las actividades del sector servicios actuaron como factor compensador.

La explosión de despidos para el primer trimestre que anunciaron a fines del año pasado los economistas del establishment no se verificó, en una prueba más de la rigurosidad de esos especialistas en el error. Por miopía ideológica, esos gurúes y los fieles de su secta no tienen incorporado en sus análisis la posibilidad de una intervención activa del Estado. Entonces no consideraron la posibilidad de que los trabajadores puedan ser protegidos con políticas públicas. El año pasado se dispusieron 67 procedimientos preventivos de crisis involucrando a 6753 trabajadores, y en lo que va del año se registraron 23 casos con 2910 trabajadores. Esta instancia es un requisito previo obligatorio para aquellas empresas que hayan decidido despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas. Durante ese lapso de negociación tienen que interrumpir esas medidas. Según el relevamiento realizado por las delegaciones territoriales del Ministerio de Trabajo, entre octubre de 2008 y febrero de 2009 se tomaron en total 537 medidas que afectaron a cerca de 35 mil trabajadores. De esa cantidad, la mitad entró en proceso de negociación, modificándose la medida original que establecía despidos o suspensiones en más del 65 por ciento.

La delicada situación laboral y a la vez la respuesta del Estado queda expuesta en el Programa de Recuperación Productiva, plan donde empresas manifiestan problemas económicos que implicarían cesantías, pero que son frenadas por el aporte estatal de 600 pesos para cubrir parte del salario del trabajador. Esos subsidios son entregados a compañías que se encuentran en una situación crítica y están implementado a la vez una estrategia de recuperación. Hasta ahora se han inscripto 1203 empresas involucrando a 64.739 trabajadores, lo que implicó un desembolso de 111,2 millones de pesos para completar salarios.

Entre la incertidumbre de analistas que dicen que la fase más crítica de la crisis internacional ya pasó y otros que aseguran que todavía no se ha manifestado lo peor, el Estado va tratando de disminuir el impacto de la inseguridad laboral, que es tan importante como la otra que se ha adueñado de las cadenas de noticias.

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