Desde Santa Cruz

En calzoncillos y con armas de todo tipo, en la intimidad de sus habitaciones de hotel, los supuestos integrantes de una banda terrorista se sacaron decenas de fotos que difundió la Fiscalía. También se los ve en un stand de la cooperativa de telecomunicaciones cruceña (Cotas) y en una sala con un letrero de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), dos de las instituciones vinculadas con la Prefectura y el comité cívico cuyos directivos fueron citados a declarar. Hasta ahora hay cuatro detenidos por su relación con el grupo que habría pretendido separar a este departamento de Bolivia. Juan Carlos Gueder Bruno, ex integrante de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), confesó que había vendido un arma al fallecido Eduardo Rózsa Flores, quien habría sido líder de la banda disuelta por la Policía. Dijo que Rózsa pensaba en asesinar a Rubén Costas y Ernesto Suárez, prefectos de Santa Cruz y Beni respectivamente, para hacerlos mártires de la causa secesionista.

Por el caso de los presuntos terroristas, hasta ahora hay tres muertos (el boliviano-croata-húngaro Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Magyarosi Arpád) liquidados por la Policía Nacional en el hotel cruceño Las Américas el 16 de abril pasado. En la ocasión, detuvieron a dos más que serían del grupo: Mario Tadic, boliviano-croata, y Elód Tóasó, húngaro, ahora recluidos en la ciudad de La Paz.

Por ahora, los abogados de los sobrevivientes recusaron a dos jueces con el argumento de que en La Paz no hay condiciones para juzgar a sus defendidos. Consideraron que la proximidad del presidente Evo Morales quitaría imparcialidad a los magistrados. Como la detención se produjo en Santa Cruz, allí deberían someterse a la justicia, indicaron. La misma razón había expuesto la Prefectura cruceña y los cívicos.

Pero desde el Ejecutivo dijeron que es legal juzgarlos en La Paz, ya que la denuncia de Terrorismo fue radicada en esa ciudad por el Ministerio de Gobierno. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, sostuvo que la Justicia de Santa Cruz está sometida a los dictados de los cívicos y la Prefectura. En septiembre pasado, durante el saqueo de tomas e instituciones del Estado nacional en el oriente de Bolivia, la Fiscalía cruceña no actuó. En una ocasión, fueron detenidos dos unionistas con un rifle cerca del aeropuerto El Trompillo, donde iba a aterrizar el avión del presidente. Pero fueron liberados en pocas horas. La misma suerte corrieron cinco personas detenidas con armas de guerra días después.

El miércoles, en esta ciudad, fueron detenidos Gueder, alias “el capitán Bruno”, y Alcides Mendoza Malaví, alias “el capitán mojeño”, también ligado a la UJC. Según los investigadores, serían quienes facilitaban armamento al grupo de Rózsa. Los acusados fueron llevados a La Paz, distante a mil kilómetros de Santa Cruz, en camioneta. Declararon luego de viajar 15 horas con los ojos vendados y las manos atadas.

Aún hay dos prófugos: Hugo Achá, presidente de Human Rights Foundation Bolivia, quien se encontraría en Estados Unidos, y Alejandro Melgar Pereira, abogado externo de la Cámara de Industria y Comercio del Oriente (Cainco), que reúne al empresariado aliado a los prefectos opositores de la Media Luna. El abogado habría ido a Argentina y luego a Uruguay, donde los investigadores le perdieron el rastro. Lo acusan de haber facilitado la compra del auto que usaba el grupo de Rózsa.

“Estoy aquí acusado de terrorismo. Mi único delito fue vender un arma de fabricación artesanal antigua. Fui solamente un nexo para la venta de esa arma, que vendí al señor Rózsa por 1000 dólares”, dijo Gueder en una conferencia de prensa improvisada, luego de que declarara y antes de que entrara a su celda.

Dijo que vio a Rózsa dos veces. La segunda le contó que “quería atentar contra la vida del prefecto Rubén Costas y del señor Ernesto Suárez Sattori. Dijo en esa oportunidad que valdría más un mártir muerto que un cojudo (tonto, mala palabra) que no hacía nada como gobernador”. Luego de conocer sus intenciones, Gueder no se juntó más con el veterano de la guerra de los Balcanes.

Gueder afirmó que en uno de esos encuentros vio a Malaví. “Sé por el señor Rózsa que había otras personas vinculadas del ámbito político. Tampoco sé sus nombres, pues se los diría. Hay gente que debería estar acá dando la cara, como el señor Hugo Achá, a quien conocí en esa reunión porque estaba con el señor Rósza.” Según el detenido, los vio en el stand que Cotas usa en la Feria de Exposiciones de Santa Cruz (Fexpocruz), perteneciente a la Cainco. En ese lugar la Policía descubrió decenas de armas de varios calibres, municiones y explosivos como nitroglicerina y C-4.

El ex unionista contó que Rózsa “quería matar al señor gobernador (así dicen los autonomistas a Costas) y al señor Suárez Sattori para crear un caos. El nunca dijo nombres pero siempre decía ‘los tíos van a apoyar en todo’. Los tíos supuestamente es una cúpula mayor, pero nunca nos dijo a nosotros”. Las instituciones empresariales y sociales que conforman el Comité Pro Santa Cruz realizarán una Asamblea de la Cruceñidad para analizar la forma de detener la “caza de brujas” impulsada por el gobierno. El vicepresidente del comité es Guido Nayar, ex ministro de Gobierno (Interior) del ex dictador, y presidente constitucional Hugo Bánzer, también ex titular de Fegasacruz, una de las organizaciones que habrían tenido relación con el grupo de Rózsa.

Para Costas, se trata de una farsa del gobierno, que “está llevando gente a La Paz, a algunos para amedrentarlos, a otros para torturarlos y a otros para ofrecerles dinero. Lo que quieren es descabezar a la oposición”.