La Comisión de Presupuesto de Diputados analizará hoy el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con el cual se pretende aumentar los impuestos internos a una serie de productos electrónicos importados, a los que también se les duplicará la alícuota de IVA. Para el oficialismo, ésta es una medida pensada para cerrar la brecha fiscal de 200 millones de pesos originada por la promoción industrial e impositiva que reciben las empresas radicadas en Tierra del Fuego, que gozan de un régimen especial establecido en el decreto 252/09. “Queremos que la isla (Tierra del Fuego) sea igual a la Manaos de Brasil”, señalaron a Página/12 desde el bloque K. Por su parte, la Cámara de Informática y Comunicaciones (Cicomra) y las compañías norteamericanas nucleadas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) rechazaron el proyecto y vaticinaron que los productos gravados tendrán un aumento superior al 30 por ciento.

La Comisión de Presupuesto, que preside el santafesino Gustavo Marconato (FpV), se reunirá hoy con el objetivo de sacar un dictamen favorable al proyecto del Ejecutivo. Será el primer paso para que la iniciativa sea tratada en la próxima sesión de la Cámara, cuya fecha podría ser el próximo 20 de mayo. El bloque del PRO ya le adelantó a Marconato que votará en contra del proyecto de ley.

La normativa pretende incorporar dentro de los Impuestos Internos a bienes importados como celulares, laptops y aires acondicionados domésticos, entre otros productos. Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa pretende gravar a los que tienen mayor poder adquisitivo. “Se incorporan productos suntuarios, de forma tal que quienes más poseen colaboren en mayor medida en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demanden un alto consumo energético”.

La tasa para los productos importados comprendidos en la normativa subiría en promedio un 30 por ciento. Sin embargo, no todos los bienes pagarán el mismo incremento. “Hay que analizar los bienes que llegan desde el Mercosur, ya que por algunos tratados son considerados argentinos y pagan menos impuestos”, explicó a este diario un asesor de la legisladora Patricia Vaca Narvaja (FpV). En cuanto al IVA, los productos pasarán de tributar el 10,5 por ciento al 21 por ciento.

El objetivo político de esta normativa es saldar el déficit de 200 millones de pesos generado por la promoción industrial que realiza el Estado en Tierra del Fuego. Es decir, defender la industria nacional pero sólo la de la isla. El decreto 252/09, publicado en el Boletín Oficial el pasado 13 de abril, redujo el gravamen para los productos fabricados bajo el régimen de la ley 19.460 equivalente al 38,53 por ciento de la alícuota general. A partir de este decreto, los productos eléctricos fabricados en la isla pasaron a pagar un 6,55 por ciento.

El titular de la Comisión de Presupuesto estuvo reunido con los representantes de Cicomra, quienes le expresaron su malestar por la iniciativa del Ejecutivo. “La aplicación de estos impuestos incidirá en un incremento de hasta un 34 por ciento en el precio de las computadoras portátiles, los teléfonos celulares y monitores. Es un impuesto absolutamente regresivo, que afectará a los que menos tienen”, indicó ayer Cicomra a través de un comunicado.

Otros que ayer alzaron su voz fueron los representantes de AmCham, quienes pidieron al Gobierno que “se consideren los impactos negativos que tendrá el proyecto de ley en la economía local”. La cámara, que representa los intereses de las compañías norteamericanas en el país, aseguró que sería imposible reemplazar las importaciones de equipos electrónicos por producción nacional. “Dadas las condiciones de la realidad económica y la falta de economía de escala o de aplicación tecnológica, la posibilidad del establecimiento de líneas de producción locales en el corto y mediano plazo resulta inviable”, aseveró Amchan.

Los que sí apoyan el proyecto de ley son la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (Afarte), que representa a las empresas radicadas en Tierra del Fuego, y la Unión Obrera Metalúrgica. Tanto Alejandro Mayoral, titular de Afarte, y Antonio Caló, de la UOM, hicieron el lobby necesario con algunos diputados del bloque K para la rápida sanción del proyecto.