El Banco Central prohibió a bancos y casas de cambio operar con paraísos fiscales para la compra y venta de acciones y títulos públicos. También estableció un control previo para los que quieran adquirir divisas en el mercado local por parte de inversores radicados en plazas off-shore. De esta manera, se termina por cerrar el cerco que colocó la Comisión Nacional de Valores (CNV) a las compañías inversoras locales. La iniciativa elimina la posibilidad de triangular la fuga de capitales a través de mercados inscriptos en la lista de refugios societarios que publica la Unidad de Información Financiera (UIF). La norma de la CNV fue ratificada y publicada ayer en el Boletín Oficial, mientras que el organismo monetario extendió la limitación a todo el universo de entidades financieras. Según cifras de la Dirección de Cuentas Internacionales, los fondos argentinos en el exterior superan los 140.000 millones. Las autoridades insisten en que las sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI) uruguayas son las principales receptoras de la fuga local de divisas. Desde el gobierno de Uruguay afirmaron a Página/12 que existe el compromiso de eliminarlas en 2010, además de medidas para desincentivar la llegada de capitales especulativos.

El objetivo de las normas del Central y la CNV es finalizar con la operatoria conocida como “de contado con liquidación”, utilizada para encubrir una salida de capitales eludiendo controles fiscales y cambiarios. El accionar comienza con una compra de activos locales con cotización internacional, que son inmediatamente vendidos en un mercado en el exterior y los dólares depositados en cuentas en algún refugio fiscal. “La intención es ir cerrando la puerta a la salida de dólares”, explicó a este diario un alto directivo de la autoridad monetaria. Desde octubre último, la CNV, el Central y la AFIP trabajan de manera coordinada para trabar la fuga de capitales. Las primeras resoluciones apuntaron a romper la simultaneidad entre la compra y la venta de los papeles, obligando a las entidades a mantenerlos por 72 horas en sus portafolios.

La norma publicada en la semana permite acotar todavía más esos márgenes de acción a los operadores. Tal como anticipó Página/12, la comisión de valores que conduce Eduardo Hecker lanzó el lunes una nueva Resolución, la 554, que entorpece la elusión impositiva y la salida de capitales sospechados de lavado. La medida impide a inversores institucionales y particulares la triangulación con entidades “constituidas, domiciliadas o que residan en dominios, territorios o Estados asociados” que figuren dentro del listado de paraísos fiscales que publica la UIF. La enumeración, que consta de 87 jurisdicciones, se basa en la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Estos lugares son considerados como de “baja o nula tributación”.

La Comisión involucra además a países que, aunque no figuran en la lista de jurisdicciones con regímenes tributarios especiales, tampoco han firmado un acta de compromiso con la Argentina para relajar el secreto bancario. Entre los que aparecen bajo la lupa se destacan las sociedades anónimas financieras uruguayas, en primer lugar, seguidas por Suiza, Hong Kong, Islas Caimán, Emiratos Arabes y Macao, entre otros. La enumeración de la unidad que combate el lavado de dinero en el país es incluso más rigurosa que la elaborada por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), que contempla a poco más de 40 países.

La medida de la CNV fue anunciada ayer en el Boletín Oficial, pero se conoce desde el último martes. Previo a eso, se solicitó al Central que adopte una medida complementaria o endurezca las actuales para ir en el mismo sentido que la comisión. Ese mismo día se acordó, y aprobó mediante un mecanismo de votación que requiere sólo del titular del organismo, Martín Redrado, y dos de los directores, extender la medida a todo el sistema financiero. El miércoles fue ratificada por el resto del directorio. “Las entidades bajo supervisión del BC deberán dar cumplimiento a los requisitos incorporados por la Resolución 554 de la Comisión Nacional de Valores en todas las operaciones de compra y venta de valores con no residentes que realicen bajo cualquier modalidad”, considera la resolución del Central.

“Es una medida bastante dura y mucho más estricta para quienes operan con las sociedades financieras uruguayas”, agregó el directivo cercano a Redrado. Si bien la resolución del Central se basa también en la lista de la UIF, el principal interés de la entidad es cortar “el drenaje que existe hacia la plaza uruguaya”. La noticia provocó duras críticas del otro lado del río. Los sectores más vinculados al liberalismo económico fueron los primeros en reaccionar y salir en defensa del secreto bancario que rige en ese país desde 1982. Por su parte, el vicepresidente uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, manifestó ayer su profunda “preocupación” por la decisión adoptada y consideró que no favorece los caminos de entendimiento entre las naciones de la región. El gobierno uruguayo envió un acta de entendimiento al consejo del Mercosur para brindar información a los países miembro.

No bien se conoció la decisión en Uruguay, el martes, su Banco Central y su Comisión de Hacienda se reunieron para analizar el tema. “Allí se ratificó el acta de entendimiento enviada al Mercosur. No quedaron dudas de que en un período muy corto se terminarán los problemas entre ambos países”, afirmó a este diario Alberto Couriel, senador y asesor económico del candidato oficialista José “Pepe” Mugica. El funcionario insistió en que la reforma tributaria del gobierno prevé la eliminación definitiva de la SAFI para el 2010. “Como segunda medida existe también un impuesto de 12 por ciento sobre el interés que obtienen los no residentes por sus depósitos en el país y que sirve para desestimular la ingreso de capitales”, agregó Couriel. El 90 por ciento de las colocaciones en moneda extranjera del sistema bancario uruguayo son de argentinos. El senador rechazó el término de “paraíso fiscal” para su país, pero reconoció que el gobierno argentino “tiene toda la razón” en aplicar mayores restricciones a la operatoria con sociedades uruguayas, que carecen del control de parte de las autoridades.