La Inmobiliaria Macri logró anoche dar su primer paso para un negocio millonario cuando la Legislatura aprobó la primera lectura de la ley que autoriza a vender tres valiosos terrenos en Catalinas. El PRO tuvo que enfrentar un duro debate y comprometer recursos para lograr reunir dos tercios del voto, necesarios para enajenar propiedad pública. Los 42 votos a favor se lograron con todo el bloque macrista, casi todos los legisladores K y los tres sobrevivientes de lo que fue el telermanismo.

Los tres terrenos se asientan en la única manzana de rascacielos porteños y tienen, por ley, un uso limitado. Dos, sobre la avenida Madero, son estacionamientos. El tercero y mayor en superficie, es el de la estación de servicio que toma entera la cuadra de Córdoba entre Alem y Madero. Entre los tres lotes se suman casi 15.000 metros cuadrados de tierra.

El macrismo flotó la idea el año pasado con el argumento de que el producto de la venta se destinaría a reforzar el presupuesto educativo porteño, específicamente para arreglar escuelas. Escudados por tanta nobleza, agregaron un caramelo suculento, un segundo proyecto de ley para cambiar la zonificación de los lotes. El objetivo es por un lado permitir otros usos que no sean estacionamiento y servicios automotores, y por el otro aumentar drásticamente las alturas constructivas actuales. Las torres de Catalinas tienen 73 metros de altura, pero en los lotes sobre Madero se podrá llegar a 110 y en el de Córdoba a la inédita de 150.

Como la diferencia entre un negocio y un negociado es el cómo, el macrismo tuvo que agregar algunas precisiones para hacer más potable el proyecto. El diputado Alvaro González, macrista que preside la Comisión de Hacienda y fue el miembro informante del proyecto en el recinto, terminó aclarando que los dineros no serán usados sólo para remodelar escuelas sino para comprarlas. Hasta detalló que había escuelas expropiadas por ley que todavía no eran propiedad pública por falta de fondos, tema que subsanaría la venta de estos bienes. También se prometió formar una comisión legislativa de seguimiento de la venta.

Es que el dinero es uno de los ripios fundamentales del problema. El PRO incluyó en el presupuesto de este año 300 millones de pesos como producto futuro de esta venta. A fines de año, eso significaba cien millones de dólares y hoy menos de 80, una estimación mucho menor a la que estima el mercado. Ante la diferencia –200 millones de dólares que dicen los privados contra menos de 100 que espera el gobierno porteño– el macrismo cita la “burbuja financiera” y “la depresión mundial”, al decir de una vocera de González. Pero brokers especializados señalaron a Página/12 que Catalinas es uno de los sectores de la ciudad menos afectados por cualquier recesión o burbuja. Tirarse tan a menos, dijeron, resulta llamativo, en particular con alturas especiales.

El debate de anoche abundó en estos señalamientos cuando hablaron Patricia Walsh (NI) y Sergio Abrevaya (CC), entre otros. También se destacó la falta de precisiones del discurso oficial, que en ningún momento dijo exactamente qué escuelas serán compradas, ni por cuánto ni cuándo.

El kirchnerismo porteño no compartió estas dudas y votó, con la excepción de Juan Cabandié, por el proyecto. Inés Urdapilleta (FpV), defendió lo actuado explicando que es “un buen proyecto” donde “el cambio de zonificación beneficia por una vez a la ciudad y no a un privado, con lo que esa plusvalía le queda a los porteños”. Urdapilleta negó la versión de que los K habían votado a cambio del apoyo macrista al proyecto de una comisión de enlace entre la Policía Federal y la Metropolitana. Esta ley se iba a votar anoche mismo, pero terminó pospuesta.

No faltará oportunidad de pagar favores recibidos: anoche fue apenas la primera lectura del proyecto que autoriza la venta. Luego falta también votar el cambio de zonificación y el precioso regalo de las alturas especiales. Si todo le sale bien a la Inmobiliaria Macri, habrá un monstruo de 150 metros de altura en una esquina del microcentro.