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OPINION

Pasaron casi veinte años desde que se sancionó la Ley de Reforma del Estado, que habilitó la privatización de las empresas públicas. El listado incluyó a ENTel, Segba, Obras Sanitarias, Aerolíneas Argentinas, YPF, ferrocarriles, subtes, puertos, rutas, canales de televisión, radios y el correo. Los activos se remataron a precio de liquidación. Fue una oportunidad única para capitales nacionales y extranjeros que vieron a las licitaciones como un coto de caza. Los años demostraron que en muchos casos la gestión privada no sólo no mejoró el servicio, sino que lo empeoró, obligando al Estado a retomar el control. Mauricio Macri tuvo un papel protagónico en esa etapa de desguace, ya que junto a su padre Franco obtuvo la concesión de distribuidoras de gas, corredores viales y el correo. En todos los casos incumplió los planes de inversión. Sin embargo, ayer pareció olvidar lo ocurrido en veinte años y se manifestó a favor de una vuelta de las privatizaciones. Eligió el peor ejemplo para justificar su pedido. Lo hizo argumentando en contra de la gestión pública que comanda desde hace pocos meses Aerolíneas Argentinas, una compañía que fue vaciada por el capital privado antes de su estatización.

“No nos hagamos cargo de lo que no podemos hacer con la plata de los contribuyentes. El Estado sólo debe dar educación, salud, seguridad y justicia”, aseguró Macri. El jefe de Gobierno de la Ciudad formuló esa declaración al comentar un artículo del diario La Nación donde ayer se informó que el Estado pierde 4 millones de pesos por día por mantener operativa la línea aérea. “La pérdida de Aerolíneas Argentinas seguirá y cuando se sepa la magnitud de la deuda será un escándalo”, sostuvo.

Luego se pronunció a favor de volver a privatizar la empresa: “El Gobierno debería haber hecho cualquier cosa menos administrarla. Si no puede manejar el índice de precios, no puede manejar nada. Hay que buscar otra gestión. Yo nunca la hubiese estatizado. Es un disparate”. Fue en ese contexto cuando remarcó que un Estado “inteligente” es aquel que se limita a dar educación, salud, seguridad y Justicia, emulando el discurso neoclásico hegemónico en la década del 90. Por entonces, se adhería a la idea de que Estado debía restringirse a sus funciones mínimas y transferirles a los privados todo aquello que pudieran explotar rentablemente, bajo el supuesto de que aportarían capitales y gerenciamiento eficiente.

El encargado de responderle a Macri fue el gerente general de la aerolínea de bandera, Julio Alak. “El Estado tuvo que hacerse cargo de Aerolíneas porque los privados que la administraron la vaciaron y cometieron delitos que la Justicia está investigando”, afirmó el directivo. Luego agregó que “Macri pretende desconocer que la privatización de Aerolíneas llevó a la empresa a la ruina económica, que contempló una convocatoria de acreedores en el 2000 y luego la virtual quiebra en 2008, con la suspensión de los servicios”. En lo que respecta al déficit operativo de la firma, Alak indicó que “en junio de 2008 la pérdida mensual era de 230 millones de pesos, mientras que en el primer trimestre de 2009 el déficit se redujo, en promedio, a 55 millones mensuales”.

Efectivamente, Macri no eligió un buen ejemplo para reclamar nuevas privatizaciones. Aerolíneas Argentinas es un caso paradigmático de vaciamiento empresario. A fines de 1990, el gobierno de Carlos Menem le vendió la empresa a la estatal española Iberia. La compañía se transfirió sin ningún pasivo, ya que antes el Estado absorbió su deuda. Los españoles pagaron 1610 millones de dólares en títulos públicos y apenas 260 millones en efectivo, con la particularidad de que para conseguir el dinero se endeudaron y transfirieron el pasivo a la cuenta de Aerolíneas.

El objetivo de los españoles era expandirse en la región para poder competir con las gigantes europeas y estadounidenses que dominaban el mercado global. Sin embargo, el plan no funcionó y en 1994 negociaron con Menem para que el gobierno argentino renunciara a la “acción de oro”, que le permitía fiscalizar las decisiones estratégicas y la venta de activos.

A partir de entonces, los españoles comenzaron a liquidar prácticamente todo. Vendieron oficinas comerciales en el país y el exterior, los simuladores de vuelo y las 28 aeronaves que conformaban la flota. También desmantelaron los talleres y levantaron decenas de rutas y escalas. La situación no mejoró y en el año 2000 se declararon en convocatoria de acreedores. La lucha de los trabajadores y el apoyo de gran parte de la población fue fundamental para evitar la quiebra.

Finalmente, en octubre de 2001 el gobierno español le vendió la empresa a un consorcio liderado por la compañía turística Marsans por apenas un euro y antes tuvo que aportar casi 700 millones de dólares. Pese a ello los problemas siguieron porque los nuevos dueños nunca invirtieron el dinero que habían prometido, hasta que a fines del año pasado el Estado se tuvo que hacer cargo de la compañía para evitar su cierre.

La Auditoría General de la Nación estableció entonces que Aerolíneas Argentinas había quedado, luego de dieciocho años de gestión privada, con un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos y un pasivo estimado en 890 millones de dólares. Ahora, Mauricio Macri reclama nuevamente la privatización y acusa de ineficiente al Estado, que hace apenas unos meses retomó el control de la empresa.

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