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El sistema previsional fue desfinanciado durante catorce años con el giro de los aportes jubilatorios hacia el negocio de bancos & afines asociados en compañías denominadas AFJP. La reforma que puso fin a esa actividad especulativa con el dinero de los trabajadores ha sido el comienzo de un proceso para ordenar un régimen de seguridad social que se estaba desquiciando. Sin embargo, la efectivización de una medida no implica necesariamente que también se haya enterrado al mismo tiempo la base conceptual del modelo anterior y, por lo tanto, la forma de examinar el nuevo. El ejemplo más claro se encuentra en los análisis que aún relacionan reservas y circulante monetario como una variable relevante para la estabilidad cambiaria y la solvencia económica, evaluación que es una resaca del esquema de convertibilidad y que hoy es poco importante con un tipo de cambio variable y otro esquema monetario. Con el recuperado sistema previsional está sucediendo el mismo rezago para la comprensión de los efectos de una reforma. Como si nada hubiera cambiado, políticos oficialistas y opositores, economistas conservadores y progresistas, elaboran sus discursos de defensa o de ataque con la consigna de “la plata de los jubilados”. Esta idea es un reflejo del éxito que ha tenido esa concepción liberal de cuenta individual jubilatoria de las AFJP, que ahora se ha trasladado en forma mecánica a que la Anses es estrictamente la cuenta global de los jubilados. Se confunde así flujo y stock de recursos previsionales, se distorsiona la noción de solidaridad intergeneracional de un régimen de reparto y se limita al Estado en su política de administración de activos financieros e intervención en la economía.

Esa demagogia discursiva conduce a esos errores para no ser señalado como insensible ante la clase pasiva, y en ocasiones por especulación electoral sin distinción de izquierdas o derechas. No existe esa concepción lineal de “la plata de los jubilados” en un sistema de reparto. El flujo mensual de recursos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y Cheque) permite el pago de los haberes de los jubilados. Es lo que se conoce como un esquema previsional de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos de hoy aportan para el pago de los haberes de los pasivos, y mañana sus respectivas retribuciones serán acercadas por otros trabajadores y así se van encadenando los eslabones en el régimen de reparto. En éste, en caso de haber excedentes, se podría elevar el monto de la jubilación, o cuando aparece un déficit se requeriría el financiamiento de recursos del Tesoro para enfrentar las obligaciones. Esos movimientos de la cuenta del organismo encargado de pagar las jubilaciones (Anses) son un flujo que depende de varios factores: cantidad de empleos en blanco, relación de trabajadores activos/pasivos, cumplimiento de las empresas para el pago de los aportes, nivel de actividad económica que determina la recaudación impositiva destinada al sistema previsional. También puede ser afectado por programas de inclusión social, como el que incorporó al régimen a 1,8 millones de personas que pasaron a cobrar su jubilación. “La plata de los jubilados” es ese flujo mensual que, teniendo en cuenta que el 38 por ciento de los trabajadores está en negro, es perturbado por las empresas que no cumplen con las normas del mercado laboral más que por el Estado que administra esos recursos.

Más interesante resulta avanzar en el análisis de la estructura de la pirámide previsional o si las cuentas permiten financiar aumentos de las magras jubilaciones. Para ello se necesita desplazar esa idea gaseosa de “la plata de los jubilados” e invertir un poco más de esfuerzo para estudiar la solvencia temporal e intertemporal del actual régimen de reparto. Por este último camino se abandonan las consignas fáciles que la prensa conservadora sabe destacar y se revaloriza el rol del Estado, a la vez que se recupera el mandato que emana del artículo 17 de la Constitución nacional, que dispone que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. De esa forma, el sector público adquiere la obligación de contar con recursos para cumplir con ese objetivo, que puede obtenerlos de aportes previsionales o de otras fuentes, como impuestos específicos o participación en un porcentaje de los tributos existentes. No se trata entonces de “la plata de los jubilados” reunida en una cuenta de un organismo público, sino de un Estado comprometido con una política global para mejorar las condiciones de vida de un sector vulnerable de la población. Puede parecer lo mismo, pero son concepciones diferentes de cómo se organiza una sociedad según el rol que se le asigna al Estado como protagonista del ordenamiento fiscal y agente redistribuidor de ingresos.

Otro aspecto de ese debate se encuentra en el concepto de stock (activos) de la Anses. Para su evaluación también se ha desplegado la resaca de la concepción que nació con el modelo de AFJP. Esos activos son un patrimonio que el Estado recuperó del régimen de capitalización, que con su funcionamiento durante casi década y media desfinanció la seguridad social. El manejo de ese capital exige un celoso control de otras dependencias públicas, del poder legislativo y de organizaciones sociales. Pero esto no implica que la Anses tenga que ser examinada con la misma lógica de administración de activos de las AFJP. Elegir ese último sendero deriva en críticas que corresponden a esquemas de análisis de economistas de la city, tentación en la que representantes del progresismo pueden caer cuando empiezan a evaluar tasas de retorno de bonos o refinanciaciones de pasivos intra sector público. Ese stock de capital recuperado no es “la plata de los jubilados”, sino que forma parte del patrimonio previsional del Estado. Capital que ofrece la posibilidad de convertirse en una potente herramienta de intervención estatal para el fomento y desarrollo económico con el objetivo de impulsar un círculo virtuoso de crecimiento. Este proceso termina mejorando el canal de recaudación de recursos del sistema previsional por el mayor empleo y formalización laboral. O sea, se presentan las condiciones para que un stock de activos en manos del régimen jubilatorio pueda estar en función de mejorar su flujo de fondos futuros, lo que permitiría aumentar el monto de los haberes como así también el grado de cobertura.

En su momento, la consigna conservadora fue el manejo de “la caja” y ahora es la de “la plata de los jubilados”. Ambas apuntan a limitar el accionar del Estado en el sistema previsional bajo una concepción premoderna de organización fiscal, que considera que cada uno tiene que recibir en función de lo que aporta. Idea que expresa el arco político y cultural sojero cuando se refiere a las retenciones. En el caso de los jubilados, aquellos a los que les interesa proteger a ese sector tan castigado por décadas deberían evitar caer en esa trama que busca deslegitimar la intervención estatal en la economía.

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