“No nos podemos olvidar de que esto comenzó con la denuncia de un obispo por el intento de suicidio de un chiquito y por la sospecha de que los chicos más grandes cometían abusos con los más chicos.” Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, seguía ayer “conmocionada” por el espectáculo que protagonizaron el viernes los seguidores del cura Julio César Grassi, que impidieron el traslado de 14 chicos que están alojados en el Hogar San José Obrero, de Chacarita, que depende de la Fundación Felices los Niños. “Es terrible lo que ha pasado, porque se impidió el cumplimiento de una orden judicial y porque se expuso a los chicos de una manera tremenda”, le dijo Schulman a Página/12. A pesar de la orden judicial de desalojar y llevar a otros hogares a los chicos, los seguidores del cura Grassi, entre ellos el conductor de TV Raúl Portal, rompieron el candado de una puerta, impidieron la salida de los vehículos en los que eran trasladados los niños y filmaron los rostros de menores cuya identidad está resguardada por razones legales.

“Lo que pasó fue increíble, en parte porque el procedimiento judicial no estuvo bien organizado porque no se pusieron vallas en la puerta por la que iban a salir los chicos y porque la policía no hizo nada para impedir el accionar de la gente de afuera”, comentaron a este diario fuentes cercanas al personal del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño que estuvo presente en el lugar, Charlone 753, para hacer cumplir la orden judicial. “Fue terrible lo que hicieron los que siguen a Grassi, encabezados por Raúl Portal, que incluso subió a los techos las cámaras de TV (de C5N, el canal de Daniel Hadad) para poder filmar a los chicos que estaban adentro del hogar.”

La jueza civil Myriam Rustán de Estrada había ordenado el 23 de abril el desalojo del hogar, donde al menos dos niños habrían sido abusados sexualmente por adolescentes que están alojados en el mismo lugar, según una denuncia penal que, por cuerda separada, investiga el juez Carlos Bruinard. El desalojo, cuyo objeto era preservar a los chicos, estaba demorado por una serie de presiones realizadas por el personal de la Fundación Felices los Niños que seguían trabajando en el lugar. Ayer se supo, incluso, que la propia jueza había recibido mensajes intimidatorios: “Si salís de tu casa, te vamos a hacer un ‘escrache’”, le dijeron. De los 36 chicos que había, 20 habían sido retirados antes del viernes. Ese día sólo sacaron a dos hermanitos. Quedan en el hogar 14 chicos.

Algunos fotógrafos que estuvieron el viernes frente a la sede del Hogar San José Obrero pudieron comprobar que todos los manifestantes estaban “bien organizados, se comunicaban entre ellos por celulares y handies, provocaban avalanchas y hasta señalaban a los que había que golpear”. Uno de los blancos preferidos, en algún momento de la noche, fue José Machaín, representante del Frente para la Victoria en el Consejo. “¿Le pegamos al gordo?”, confirmaban los jóvenes, a través de las vías de comunicación que tenían, mientras rodeaban a Machaín. En algunos momentos “lo que ocurría era tan burdo y orquestado, que los propios chicos –secundados por algunos adultos, mujeres y hombres– se reían de lo que estaban haciendo”. Uno de los adolescentes, que debía ser trasladado y que fue entrevistado en vivo por C5N sin ocultar su rostro, tenía un celular y una filmadora de última generación con la que tomó imágenes de sus propios compañeros del hogar. “Todo estaba preparado, al punto de que los chicos repetían las mismas consignas que dice Grassi cada vez que lo entrevistan. Todo fue armado desde afuera del hogar”, insistió Schurman, quien también cuestionó las palabras que dijo Grassi, a la TV, mientras ocurrían los sucesos. “El está procesado en Morón por delitos gravísimos (17 hechos de abuso sexual contra chicos que estaban a su cuidado) y no me parece que tenga autoridad moral para cuestionar una medida judicial. Antes de hablar, primero tendría que resolver su situación procesal”, aseguró Schulman.

Una de las personas más atacadas por la gente de Grassi es el defensor de menores Marcelo Jalil, quien se encargó de motorizar las denuncias por supuestos abusos. Jalil, incluso, tiene una denuncia judicial presentada por el apoderado de la Fundación, Ricardo Juan Muro, quien pidió que se lo retire del cargo por presuntas “imprudentes declaraciones” que habría formulado a los medios periodísticos sobre la causa judicial abierta por las irregularidades en el Hogar San José.