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Varios cálculos oficiosos de especialistas del sector coinciden en que si el Estado dejara de subsidiar las tarifas eléctricas de los usuarios residenciales, éstas podrían triplicarse sin discriminar entre la mansión de Zona Norte y la modesta vivienda de Villa Soldati. Esta situación hipotética puede ser un poco más comprometida a raíz de la reciente decisión de aumentar un 30 por ciento el precio del gas que utilizan las usinas térmicas para producir electricidad y que sumará un sobrecosto aproximado de 1000 millones de pesos por año que alguien tendrá que pagar.

La decisión de contener el precio que pagan los usuarios residenciales desde la declaración de Emergencia Económica (enero de 2002) hizo que el Estado interviniese para evitar que los mayores costos de producir se trasladen al final de la cadena. Uno de los aportes más contundentes es la compra de combustible líquido (fueloil y gasoil) para abastecer a las generadoras, ya que el gas es insuficiente: sólo por este concepto el Estado desembolsa más de 700 millones de pesos por mes. Otra es construir las centrales térmicas Belgrano y San Martín con el dinero que el Estado asumió como deuda a favor de las generadoras, que no pueden cobrar en el mercado todo lo que vale la energía. O, simplemente, seguir engrosando esa obligación a favor de las empresas privadas dueñas de las usinas.

Por todos estos conceptos, las arcas estatales hicieron un aporte al sistema eléctrico que a junio llegó a 23.800 millones de pesos, de los cuales 1170 corresponden a ese mes. Quizás la cuenta resulta más clara cuando se miran los valores que surgen de la propia base de datos de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista. Producir electricidad tiene un costo promedio de 188 pesos el megavatio hora, mientras que las distribuidoras pagan por él 60. Ergo, es el Estado el que aporta la diferencia.

Claro que no todos los usuarios finales se benefician de igual modo. Para los industriales, la energía resulta mucho más cara que para los clientes domiciliarios. Una industria privada como Fargo o una empresa de servicio estatal como Aysa abonan 204 pesos el megavatio, contra los 28 de un cliente doméstico. Algo que sólo fue factible hasta ahora en virtud de la intervención estatal.

En este sistema críptico la Anses está tomando un papel protagónico, ya que presta dinero para la construcción de nuevas centrales que, en algún caso como una sociedad mixta, engrosarán el patrimonio público. Si algún día los precios de la generación toman altura, el fisco estaría en condiciones de hacer un buen negocio produciendo electricidad.

Los cargos impuestos por sobre las tarifas eléctricas a los consumos superiores a los 1000 megawatts –y que en parte explican los últimos ajustes que alborotaron a las asociaciones de consumidores– tienen por fin alivianar aquella carga fiscal cada vez más voluminosa en tiempos en que el superávit empieza a encogerse. Pero como el universo de usuarios involucrados con esas subas es menor, el alivio para las arcas públicas termina resultando poco significativo.

El jueves pasado se registró el record histórico de demanda eléctrica en el país, con 19.565 megavatios consumidos. La situación se sobrellevó sin cortes y con algún auxilio de energía importada de Brasil. Unos aplauden el éxito. Otros advierten que fue un milagro difícil de repetir, con varias centrales fuera de servicio por inconvenientes técnicos. Con mantenimiento mínimo, los riesgos de salida suelen agigantarse.