Desde Lima

El presidente Alan García inició esta semana su cuarto y penúltimo año de gobierno en medio de crecientes protestas populares, una grave crisis social, un endurecimiento represivo, denuncias de corrupción y una aprobación de su gobierno que ha caído hasta el 21 por ciento. En su tercer año de gestión, el presidente peruano se vio obligado a cambiar dos veces su gabinete ministerial: la primera en octubre de 2008 debido a un escándalo de corrupción que comprometió seriamente a varios de sus ministros; la segunda vez hace dos semanas, como consecuencia de las graves protestas sociales. Desgastado, debilitado y cercado por las protestas, en su discurso anual ante el Congreso dado el martes, que duró una hora y media, García, que llegó al poder con un mensaje de centroizquierda y ha gobernado desde la derecha, le pidió al país “fortalecer la confianza y el optimismo” en su gestión.

Al referirse a las protestas sociales que han jaqueado a su régimen, puso el acento en “recuperar el orden” y acusó a las organizaciones populares que protestan de “violentistas”, pero no habló de las causas del descontento social. “Hay más recursos, más armas, señor ministro (del Interior) úselos con severidad y sin vacilación”, exclamó García, alzando la voz en tono amenazante. “El presidente García está agudizando los conflictos sociales. La combinación de neoliberalismo e intolerancia que caracteriza al gobierno está causando estropicios”, le señaló a Página/12 Carlos Reyna, politólogo y catedrático de la Universidad Católica. El sociólogo y analista político Alberto Adrianzén coincidió en la existencia de un riesgo autoritario. “Vamos a una polarización, a una confrontación social y a una mayor represión”, advirtió en diálogo con este diario.

Las protestas sociales alcanzaron su punto más dramático en junio de este año, cuando la represión policial contra indígenas que bloqueaban una carretera, cerca de la ciudad amazónica de Bagua, en rechazo contra una serie de leyes para facilitar el ingreso de empresas transnacionales a la Amazonia, dejó, según las cifras oficiales, 34 muertos. Luego de este hecho se desató una espiral de protestas, especialmente en las regiones amazónica y andina, y el gobierno se hundió en su peor crisis en tres años. En su mensaje ante el Congreso, García se refirió brevemente a los sucesos de Bagua, y lo hizo para rendir homenaje a los policías muertos –no mencionó a los indígenas caídos–, condenar los bloqueos de carreteras y defender las leyes que amenazan las tierras de las comunidades amazónicas y que el gobierno derogó ante la protesta indígena.

El presidente peruano volvió a señalar, una vez más sin aportar pruebas, que existe una “intromisión extranjera” en las protestas contra su régimen. Sus ataques se dirigieron contra los gobiernos que calificó de “estatistas y totalitarios”. No los mencionó por su nombre, pero fue clara su alusión a los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, a quienes ha acusado reiteradamente de promover las protestas en el Perú. “Decir que hay injerencia extranjera en las protestas es absurdo y revela la carencia de argumentos del gobierno frente a los problemas del país”, dice Reyna. Desde el inicio de su gobierno, la prioridad de García ha sido fortalecer su acercamiento con Washington. Ha firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ha permitido el ingreso de militares norteamericanos a territorio peruano y cada vez que puede ataca a los gobiernos izquierdistas de la región.

Con gesto triunfalista, que se contradice con la realidad del país, García habló de crecimiento económico, insistió en las supuestas fortalezas del Perú para resistir la crisis económica internacional y defendió el cuestionado TLC con Estados Unidos, que entró en vigencia en febrero de este año, y otros tratados comerciales firmados por su gobierno. Temas como las demandas por aumentos de sueldos o el incremento del desempleo –unos 150 mil trabajadores han sido despedidos en los últimos meses– estuvieron ausentes en el mensaje presidencial. “García dice que con los TLC hemos ganado mercados, pero la realidad es que en el último año nuestras exportaciones han caído 31 por ciento. El crecimiento económico de los dos primeros años del gobierno concentró sus beneficios en el sector más rico del país y aumentó la exclusión. Este año, todos los indicadores económicos son negativos y en el mejor de los casos el crecimiento será cero”, le señaló a este diario el economista Gonzalo García, ex director del Banco Central de Reserva.

García obvió mencionar los escándalos de corrupción que afectan a su gobierno y que han tocado a su círculo más íntimo. Tampoco habló de derechos humanos, un tema en el que su actuación enfrenta serias críticas. Durante sus tres años de gestión, García ha defendido a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la guerra interna de los años ochenta y noventa. Muchas de esas violaciones ocurrieron durante su primer gobierno, entre 1985 y 1990.