Desde Madrid

El grupo separatista ETA hizo explotar ayer por la madrugada en la ciudad de Burgos una potente camioneta cargada con cerca de 500 kilos de explosivos frente a la casa cuartel de la Guardia Civil. El atentado, que según el gobierno español buscaba provocar víctimas civiles, dejó un saldo de 65 heridos leves y cuantiosos daños materiales. La potente explosión se produjo sin que mediara el clásico aviso previo y dejó un hueco de 7 metros de diámetro y 1,5 de profundidad, destruyendo gran parte de las viviendas que se encontraban en las primeras plantas. El gobierno se vio obligado a realojar a 114 personas que ocupaban el edificio, casi todos miembros de la Guardia Civil y sus familias.

Desde que el Partido Socialista del primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero se hizo con el control del gobierno vasco, en las pasadas elecciones regionales de comienzos de este año, ETA dio un brusco giro en su estrategia y comenzó a subir la virulencia de sus ataques buscando ganar con el terror el territorio perdido en las urnas. La banda separatista vasca asimiló mal los resultados que terminaron desplazando del poder al histórico Partido Nacionalista Vasco y consideró el pacto entre el PSOE y el Partido Popular para gobernar la región una provocación del gobierno de Madrid. El 19 de junio pasado asesinó con una bomba lapa al policía Eduardo Puelles García, jefe del Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, es decir, un hombre de la primera fila en la lucha antiterrorista. Hacía muchos años que la organización vasca no producía un ataque de esa envergadura contra el aparato de seguridad del Estado. Ayer volvió a demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar, al tratar de provocar una masacre en uno de los cuarteles más importantes de la Guardia Civil, en la ciudad de Burgos.

El ataque se produce cuando arrecia el debate dentro mismo de la organización terrorista acerca de la inutilidad de continuar con la lucha armada, un tema hasta hace poco tabú entre los dirigentes históricos en prisión, que son los que al parecer marcan el rumbo político a seguir. “El Estado no va a negociar” sostienen dirigentes como Txema Matanzas, cansados de esperar tras las rejas una negociación que ponga fin a la violencia y a la vez los incluya en una previsible amnistía. Desde el frente político, uno de los miembros fundadores más respetados, Julen Madariaga, dispara sin piedad contra la continuidad de la lucha armada. “Los radicales no tienen cojones para despegarse de la tutela de ETA”, afirmó el pasado domingo en una entrevista concedida al diario El País.

Pero el control que ejercen los dirigentes encarcelados es moderado en relación con el peso que tiene el aparato militar de una organización que en los últimos años se ha visto inclinada a usar la violencia como único modo de conseguir concesiones políticas que no es capaz de forzar por otras vías. El terrorismo ha pasado a ser su única razón de ser cincuenta años después de su fundación, en 1959, cuando hizo su irrupción con el general Francisco Franco en el apogeo de su dictadura y el romanticismo de la Revolución Cubana como música de fondo. Con el ataque de ayer, el sector militar aún operativo en la calle dice su palabra en el debate. Los ataques “light” se han acabado, puede leerse entre las líneas del atentado de ayer. Si el Estado no negocia, la respuesta es más terror.

Fuera de la cárcel, el brazo político articulado en torno de la proscripta Herri Batasuna se acaba de apuntar una victoria al lograr colarse en las últimas elecciones europeas a pesar de las restrictivas leyes electorales españolas, que prohíben la apología del terrorismo a los partidos políticos. Su máximo referente, Arnaldo Otegui, no parece tener campo de maniobra suficiente para separarse de la lucha armada, a pesar de que su formación pudo mostrar músculo al lograr en algunos reductos, como la provincia de Guipúzcoa, porcentajes superiores al 20 por ciento de los votos. Otegui teme que si da ese paso ETA busque el modo de zanjar la crisis como siempre lo ha hecho: reconstituyendo una expresión política que no cuestione la lucha armada y expulsando a los rebeldes por las malas. El mismo Julen Madariaga ha padecido lo que significa salirse del libreto político decretado por el brazo militar y ahora fogonea Aralar, la experiencia política más prometedora del independentismo vasco, que propone alcanzar el objetivo sin recurrir a la violencia.

Desde el gobierno español se señalaba ayer la importancia del ataque sin previo aviso, al tiempo que se volvía a dar el mismo mensaje de unidad que desde la ruptura de la última tregua han mantenido el PSOE y el opositor Partido Popular frente a ETA. Los partidos políticos mayoritarios parecen haber aprendido, luego de múltiples y frustradas expectativas de negociación, que la organización vasca no conoce otro lenguaje que la violencia y ahora se niegan en redondo a abrir cualquier instancia de negociación, por mínima que sea. Gran parte del entorno de ETA parece haber comprendido el mensaje. Ahora falta que lo comprendan quienes tienen en sus manos ordenar los atentados.