Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados estaba a punto de votar un nuevo proyecto de Emergencia Agropecuaria. Durante toda la jornada de ayer, los diferentes bloques parlamentarios estuvieron negociando modificaciones al proyecto original del Frente para la Victoria. Se acordó un fondo de 500 millones de pesos por año y la creación de una Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria –integrada por la Nación, las provincias, los legisladores y las entidades agropecuarias– para controlar el uso de los fondos. Antes del tratamiento, apareció en escena Ulises Forte, diputado electo por la UCR y dirigente de la Federación Agraria, quien reclamó a sus pares radicales rechazar el acuerdo y reclamar 1000 millones de pesos. Después de un breve cuarto intermedio, y con la presión del PRO, la CC y el SI, los radicales aceptaron acompañar el proyecto en general y rechazar el monto.

La Emergencia Agropecuaria era el primer tema a tratar en la sesión de ayer. Al menos eso era lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria. Sin embargo, tuvieron que posponer la discusión para el final de la jornada porque todavía el oficialismo no había acordado el monto del nuevo sistema de Emergencia. Además, la oposición tenía otras disidencias, como la asignación presupuestaria del 30 por ciento destinado a un Fondo de Prevención y Reducción de daños. Para la oposición, ese artículo dejaba abierta la puerta a una “distribución arbitraria” de los recursos.

Las negociaciones se trasladaron al despacho de Pedro Morini (UCR), en el segundo piso de la Cámara de Diputados. Allí se juntaron Patricia Fadel y Alberto Cantero, ambos del Frente para la Victoria, con Cristian Gribaudo (PRO), Francisco Ferro (Coalición Cívica), Luis Lusquiños (Frejuli), Lisandro Viale (PS), Eduardo Macaluse (SI) y Claudio Lozano (Proyecto Sur). Después de cuatro horas de negociación llegaron a un proyecto consensuado.

En la redacción del nuevo texto se acordó un fondo permanente (que debe estar en el presupuesto nacional) de 500 millones de pesos que será manejado por una Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, integrada por el Ejecutivo nacional y provinciales, universidades, el INTA, los poderes legislativos y las entidades agropecuarias con representación nacional. La Comisión podrá evaluar si, en caso de ser necesario, deberían pedirse más fondos al Ejecutivo. Y la plata que sobre durante el año servirá para financiar el Fondo de Prevención y Reducción de daños. También se estableció que los productores afectados por una sequía podrán afrontar los pagos de impuestos una vez que recuperen su actividad productiva y no a los 90 días de acogerse al régimen.

Tanto el oficialismo como la oposición tenían todo acordado, hasta que apareció en escena el diputado electo por el radicalismo, Ulises Forte, también dirigente de la Federación Agraria. “Nosotros pedimos 1000 millones, es inviable que haya una comisión que pueda plantear la posibilidad de aumentar los fondos si éstos no están presupuestados con anterioridad. Eso sería como avalar los superpoderes”, sentenció el ruralista en diálogo con Página/12. Antes de la votación, el radicalismo pateó el tablero. “Si a Ulises Forte no le gusta esta ley, es un problema de él, no nuestro”, afirmó ante este diario el titular de la Cámara, Eduardo Fellner.

En medio del desplante radical, Fellner llamó a una reunión entre todos los jefes de bloque. En ese breve encuentro, todos los ojos estuvieron puestos sobre Oscar Aguad, titular del bloque de la UCR. Luego de 20 minutos de discusión se retomó el debate en el recinto. Ante la presión del PRO, la Coalición Cívica y el SI, y el socialismo, el radicalismo dio nuevamente marcha atrás y decidió apoyar el proyecto en general y votar en disidencia los 500 millones de pesos.