La Cámara de Diputados aprobó anoche, con un margen de 136 votos a favor y 61 en contra, el proyecto que otorga un mayor grado de protección a la industria de bienes electrónicos de Tierra del Fuego. La propuesta, que ahora pasa al Senado, establece una carga adicional del 17 por ciento por impuestos internos a los electrónicos importados y lleva el IVA a la tasa normal, 21 por ciento, en vez de la reducida a la mitad (10,5 por ciento) vigente hasta ahora. “Así se iguala a Tierra del Fuego con los beneficios que le otorga Brasil a la ciudad de Manaos”, señaló Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria, en defensa del proyecto y aludiendo a la zona promocionada del nordeste del país vecino.

La medida es apoyada por las autoridades de Tierra del Fuego, cuya gobernadora, Fabiana Ríos, siguió ayer el debate desde los palcos. Y por la industria electrónica representada en Afarte. La cámara empresaria estimó que, cuando se convierta en ley, la propuesta permitiría que un 70 por ciento de los bie-nes electrónicos actualmente importados sean sustituidos por industria nacional. El lobby importador logró el apoyo de sectores neoliberales, que bautizaron al proyecto como “impuestazo tecnológico”, señalando que la medida provocará un fuerte aumento de los precios locales de los productos alcanzados.

Aunque no pudieron frenar el proyecto, al menos el lobby importador logró un recorte en las atribuciones votadas. Consiguió que se excluyan de los productos gravados con las nuevas tasas a las computadoras portátiles (notebooks). La “misión” fue encargada por los propios directivos de las empresas líderes en la importación de dichos productos. Un directivo de Intel mantuvo una prolongada charla esta semana en el despacho del diputado Gustavo Marconato argumentando a favor de la necesidad de defender la oferta de computadoras portátiles en el mercado interno. La industria local, a través de Afarte, sostenía en cambio que la protección se debía extender incluso sobre aquellos productos no fabricados, entendiendo que “en seis a doce meses se puede poner en marcha la producción nacional de celulares, cámaras fotográficas, aparatos de GPS y notebooks como para reemplazar el abastecimiento importado”.

Según los cálculos de Afarte, el impacto de la diferencia impositiva a favor de la industria fueguina permitirá que “en poco tiempo, puedan ser incorporados a la actividad unos 1200 trabajadores que están cobrando un subsidio oficial”. También estiman que la protección alentará inversiones del orden de los 40 millones de dólares en el sector para emprender la fabricación de nuevos productos electrónicos o ampliar las actuales.

El proyecto de apoyo a la industria electrónica fueguina tuvo el respaldo del bloque oficialista acompañado por el SI (Solidaridad e Igualdad), el sector escindido del ARI y que en las últimas elecciones respaldó a Fernando “Pino” Solanas en Capital Federal y a Martín Sabbatella en provincia de Buenos Aires. A ellos se sumaron distintos diputados que, en forma aislada de sus respectivos bloques, apoyaron la postura defendida por la gobernadora Ríos. En la vereda de enfrente votaron en contra del proyecto el bloque del PRO, el Frejuli y la UCR. La Coalición Cívica optó por la abstención.