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La negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, tras prolongados nueve meses (empezó en febrero) de viajes, promesas, corrimiento de plazos y constantes desencuentros, va mostrando su verdadero rostro. No eran, finalmente, cuestiones técnicas sobre aspectos macroeconómicos o políticas monetarias lo que desvelaba a las autoridades del organismo. La real urgencia, en estos tiempos de cuestionamiento y rebeldía frente a las políticas neoliberales, está en comprometer a todo el arco político –o a una franja lo más amplia posible que abarque a todos los candidatos con chance, por lo menos– en la firma del acuerdo. Una forma de modelar la futura gestión de gobierno, según parece, o de condicionarla a rigurosos y estrechos límites. El FMI acepta las críticas al modelo económico impuesto por más de una década: lo que no permite es dejar de aplicarlo.
Está claro que la decisión de no desembolsar los 805 millones de dólares que vencían el jueves pasado en favor del Banco Mundial sino sólo una parte, obedeció antes a una estrategia negociadora que a la imposibilidad de cumplir. Tal como señaló la columna de Julio Nudler del viernes 15 en este diario, dicho monto no representa ni la mitad del superávit comercial que está obteniendo el país mensualmente, recesión y dólar caro mediante. La pregunta es a qué apunta esa estrategia.
Si alguno pensó que el Gobierno se orientaba hacia una ruptura y un camino de independencia de los organismos internacionales –como parecieron interpretar algunos alarmados analistas ultraortodoxos que anidan en FIEL, CEMA y similares–, el llamado urgente del Presidente a los gobernadores para “apoyar” los compromisos a firmar con el Fondo es suficiente argumento para descartarlo. Queda claro que Eduardo Duhalde no convoca a los mandatarios provinciales a avalar una posición de fuerza con la cual enfrentar al FMI. Los puntos para los que reclama respaldo son, todos, para conformar las apetencias de aquél y a puro costo político interno. Repasemos:
u Más política de ajuste. Compromiso de aumento de tarifas públicas por decreto y un recorte presupuestario del orden de los 4800 millones de pesos. Eliminación de planes de competitividad.
u Limitación de facultades al Congreso. Compromiso de no tocar la ley de Quiebras, ni legislar en favor de los deudores amenazados por ejecuciones judiciales, ni votar una ley de regularización tributaria que conceda nuevas moratorias.
u Limitación de facultades a las provincias. Exigencia de terminar con los bonos provinciales, casi la única “política anticrisis” que se aplicó en el país y que, en determinadas regiones, tuvo algún comportamiento positivo. Atar los presupuestos provinciales a las restricciones que se impondrán al de orden nacional.
El cumplimiento de tales pautas encauzaría al futuro gobierno en la continuidad acrítica del mismo modelo aplicado en la última década y vastamente conocido por sus consecuencias, incluida la muerte anunciada de los pibes (nacidos bajo la estrella del Consenso de Washington) por desnutrición. De ahí el interés fondista de que los candidatos le estampen la firma al acuerdo, para que ninguno le escape a la responsabilidad. Desde el casi miembro de su staff Carlos Menem hasta el rebelde declarante del default, entre vítores y aplausos, Adolfo Rodríguez Saá.
En cuanto a las relaciones internas, está claro que el acuerdo sobre medidas tan impopulares no podría tener otro efecto que alejar aún más a la clase política, desde gobernantes hasta candidatos firmantes, de la gente. A esta altura, valdría aclarar a qué se refiere Eduardo Duhalde cuando asegura que es necesario firmar con el FMI “para romper el aislamiento”.
Más creíbles suenan sus palabras, en cambio, cuando asegura que “hay un acuerdo técnico que está casi cerrado, pero el Fondo Monetario quiere unacuerdo político que le dé sustentabilidad”, como afirmó el sábado desde República Dominicana.
¿Qué podría pasarle a la Argentina si no firma el acuerdo? Las visiones son contrapuestas, pero ninguna puede ser absoluta. No hay decisiones que sean a toda pérdida o toda ganancia, pero hay diferencias sustanciales entre las evaluaciones de distintos analistas. Para la Fundación Capital, que orientan Martín Redrado (hoy en Cancillería) y Carlos Pérez, “es muy importante la firma de un acuerdo rápido, ya que la Argentina necesita mucho al FMI, no sólo como aval sino también como prestamista”. Aldo Ferrer, referente principal del Grupo Plan Fénix, descalifica tal manifestación de necesidad, al afirmar que “la Argentina puede vivir al contado respecto del resto del mundo si utiliza bien el superávit enorme que tiene en su balanza comercial”, es decir, si no lo aplica al pago de la deuda con excluyente prioridad.
Según la citada fundación, “estamos en el último escalón de los escenarios probables en la relación Argentina-FMI (acuerdo estructural con fondos frescos, reactivación del Blindaje con reembolso de los pagos realizados en el año, acuerdo-puente posponiendo vencimientos, etc.), sin embargo se puede todavía descender al subsuelo si el tiempo transcurre, no se firma el acuerdo y se continúa incumpliendo con las amortizaciones”.
Como en un contrapunto, Ferrer señaló ayer a una emisora radial que “el tema del Fondo es importante, pero de segunda prioridad, y lo que tenemos que hacer es poner la economía en marcha, ya que se encuentra funcionando un 30 por ciento por debajo de su capacidad productiva potencial”. Y no es con un nuevo ajuste, como el que está planteado en la presente negociación, que se pondrá en marcha la economía. “El acuerdo con el Fondo lo que hace es regularizar la situación con los acreedores, aunque hay que preguntarse a qué costo”, advirtió el veterano economista y se interrogó “cuánta restricción va a haber en la política económica dada las exigencias del Fondo: esto (el acuerdo) limita la capacidad de maniobra”.
Habrá que coincidir con Anne Krueger (vicedirectora del FMI, que le exigió a Lavagna el respaldo de candidatos y referentes al acuerdo) en un punto: lo que importa es la decisión política.