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Por Fernando “Pino” Solanas y Félix Herrero *

En 1989, una dirigencia comprometida con la entrega de los recursos naturales ideó tres decretos que privatizaron los hidrocarburos, como estaba previsto en las leyes de “emergencia” económica, leyes que no fueron sancionadas para superar la emergencia sino para reconocer los beneficios que los petroleros obtuvieron con las dictaduras militares e instalar cambios estructurales permanentes en el mapa petrolero del país. A esos tres decretos los llamaron eufemísticamente “desregulatorios”: en realidad, fueron para favorecer a las grandes empresas petroleras, ya que la “desregulación” no favoreció a los intereses argentinos. Esos tres decretos fueron dictados sucesivamente durante el período de Dromi, Aráoz y Maltoni (un reaparecido reciente en la escena pública). Ante la crisis a que llevó esta política neoliberal, en diciembre del año 2001 se declaró la obligación de ingresar y liquidar en el Banco Central las divisas provenientes de la exportación de cualquier producto. Se eliminó así el singular beneficio otorgado en 1989. La Subgerencia de Dictámenes Jurídicos del BCRA consideró correctamente que el privilegio otorgado en 1989 fue derogado por el Decreto 1606/01, aun antes de la promulgación de la Ley de Emergencia 25.561. De manera coincidente, la Procuración del Tesoro de la Nación juzgó también que desde diciembre del año pasado “la excepción del decreto 1589/89 no se encuentra vigente”.
La pregunta es ¿quién pagará, y cuándo, las pérdidas por diferencias de cambio, oportunidad de uso de las divisas, etc., sufridas por el país en beneficio de las petroleras y de las empresas mineras? El único argumento que se esgrime para sostener esta situación es la estabilidad jurídica, pero quienes lo hacen olvidan que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia estableció hace ya mucho tiempo que nadie tiene el “derecho adquirido” de mantener beneficios otorgados por leyes o reglamentaciones referidas a políticas económicas. Desde julio el país cuenta con los dictámenes oficiales que dan por terminado el privilegio, pero las autoridades del Banco Central dejan pasar el tiempo. ¡Total, en nuestro país no existen normas que establezcan que los perjuicios causados por impericia, dolo o desidia de los funcionarios deben ser reparados con el patrimonio personal de dichos funcionarios! El 70 por ciento de las exportaciones petroleras y el ciento por ciento de las mineras constituyen una masa que ronda los 2300 millones de dólares anuales, dólares que son escamoteados al mercado único de divisas del país al ser mantenidos en el extranjero. De esta manera, se deja de disponer del bien más escaso en cualquier país en default: las divisas.

* Integrantes del
Grupo Moreno.