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El presupuesto familiar destina gran parte de sus recursos a bienes imprescindibles. Se trata de productos que no se pueden sustituir sin afectar la calidad de vida, o hasta la propia subsistencia. El análisis de esos mercados, así como también la intervención de políticas estatales en su (des)regulación, resulta fundamental. Más aún cuando el debate sobre la pobreza y la distribución del ingreso ha empezado a ocupar un lugar relevante en el espacio público. Por ese motivo la soberanía alimentaria, que implica acceso a los alimentos por precio, calidad y variedad para la población, es un factor estratégico en relación a la cohesión social. En esa cuestión son indispensables la aplicación de derechos de exportación a los principales cultivos, la exigencia de priorizar el abastecimiento interno y la necesaria –hoy deficiente– política oficial de administración de precios en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Además de los alimentos, los medicamentos también integran la canasta de bienes básicos de los hogares. Este sector también requiere de políticas públicas consistentes para cuidar el presupuesto de los más vulnerables. Del mismo modo que la intervención estatal en el sector del campo privilegiado enfrenta resistencia del poder emergente de la trama multinacional sojera, en la elaboración de productos medicinales los intereses involucrados son tan o más millonarios que los del negocio del poroto. En uno y en otro, el mercado librado a su fuerza concentradora del capital provoca profundas alteraciones sociales consolidando una matriz distributiva inequitativa. Por ese motivo, en el caso específico de los medicamentos, su consideración como un bien social y no como uno mercantil es una aproximación inicial para involucrar una política pública de salud y que, a la vez, sirva para mejorar el reparto de la riqueza.

El mercado de los medicamentos demanda un abordaje particular para entenderlo desde la mirada de la economía. El de medicamentos es difícil de comparar con otros mercados. Se trata de una actividad diferente por varios factores:

- La cantidad de actores involucrados desde la producción hasta el consumo.

- El elevado ritmo de innovación de la industria que se asemeja a la del sector informático.

- La variedad y comercialización que se parece a la industria de alimentos.

- La suma de intermediarios y de fuentes de financiación pública y privada.

- El volumen de facturación –poder y lobby– equivalente a la industria bélica.

Esta complejidad se desarrolla en un mercado de “competencia imperfecta”, que significa que no existe un equilibrio óptimo de asignación de recursos y maximización del bienestar como publicitan los portavoces de la ortodoxia, y que, en realidad, en muy pocos existe.

Una descripción tradicional de este particular mercado es que, en general, quien consume (el paciente) no elige, quien elige (el médico) no paga y quien paga (parcialmente) es un tercero (obra social, prepaga, Estado). Como consecuencia de ello existen intereses contrapuestos ya que:

- Quien paga tendrá como objetivo minimizar sus costos (por ejemplo, la asfixia financiera puede derivar en la compra de medicamentos falsos).

- Quien consume querrá lo mejor para sí sin tener a su alcance el conocimiento acerca de la calidad, seguridad, eficacia, valor monetario y propiedades específicas de los medicamentos que va a adquirir.

- Quien decide se ve influenciado por la oferta (laboratorios) que, además de tener características concentradas, tratará de inducir a un mayor consumo.

En este difícil esquema, el Estado debe asumir una tarea fundamental de regulación, con todo lo que eso significa en desafío político ante un poder económico nacional y extranjero de envergadura. Los laboratorios, por la propia naturaleza del producto y del proceso de innovación, van construyendo condiciones monopólicas en búsqueda de continuas rentas diferenciales. La asimetría de la información, la heterogeneidad de los productos y la relativa escasez de vendedores reducen el grado de competencia efectiva del mercado de medicamentos. Las inversiones iniciales en Investigación & Desarrollo –así como las destinadas a marketing y propaganda– implican que necesariamente los costos promedios de producción sólo se reducen cuando se haya producido y vendido grandes cantidades de ese medicamento. No sólo es un mercado con características particulares en relación a otras actividades productivas, sino también para evaluar cómo se conforman los monopolios y oligopolios. En el mercado de medicamentos existen monopolios pese a la importante fragmentación en su distribución del negocio. Existe un número considerable de jugadores, pero cada uno de ellos ejerce una posición dominante a través del elevado grado de concentración de la oferta a nivel de grupos terapéuticos (medicamento para determinada enfermedad).

En una ilustrativa investigación realizada por el ex ministro de Salud Ginés González García, cuando coordinaba la Fundación Isalud en la década pasada, se explica que “la fragmentación global es ficticia pues dejaron de existir los remedios universales. Los medicamentos actuales tienen gran selectividad, por lo que los monopolios u oligopolios existen por grupo terapéutico”. En ese estudio se señala que “la fuerte concentración por grupos terapéuticos constituye el verdadero mercado, y tomadas por enfermedades y su tratamiento específico existen muy pocas empresas competidoras”. Concluye que “es común que un solo laboratorio posea más de la mitad de ese mercado específico”. Según un informe del investigador Federico Tobar, incluido en una producción periodística publicada en el suplemento económico Cash de este diario (26 de julio de 2009), el 47,1 por ciento de las drogas que se venden en el mercado tienen un único oferente y el 88 por ciento tiene menos de seis, lo que facilita la cartelización.

En esa estructura de mercado, los precios de los medicamentos han registrado un sostenido crecimiento. Este comportamiento tiene una raíz estructural, que se reconoce en que el gasto en medicamentos tiende a crecer en términos absolutos en la mayoría de los países. A la vez, en una estrategia de los laboratorios que introducen permanentemente nuevos productos, que en general son colocados a precios superiores a los que se encuentran en el mercado. Ese aumento en los precios también se origina en la debilidad en el control del Estado. En la década pasada, las políticas de desregulación de la economía se tradujeron en la eliminación del régimen de control de precios y su consiguiente liberación. Así se quebró la tradición de precios controlados de diversas maneras: máximos, regulados o concertados. La intervención del sector público en esa materia requiere de voluntad política. En forma inmediata y sencilla, sin necesidad de estudiar la cadena de formación de precios –tarea que igualmente debería concretarse–, Tobar propone la fijación de precios máximos de venta a partir de una comparación con los valores de otros países, como hacen en Colombia, Brasil y Europa. De esa forma quedaría en evidencia que en Argentina se paga más por los mismos medicamentos en relación con otros países de la región.

El mercado de medicamentos es complejo, de lobbies poderosos y muy sensible para el presupuesto de los sectores más vulnerables. Los gobiernos se enfrentan a situaciones que los superan, como se comprueba en los experimentos de laboratorios con poblaciones de algunos países de Africa, la difícil batalla que encaró el Brasil de Lula por las patentes de los medicamentos para atender enfermos con HIV, o las presiones que padece la administración Obama ante su propuesta de reformar el sistema de salud estadounidense. Sin embargo, se trata de un mercado fundamental para incluirlo en el debate cuando se trata la distribución del ingreso, la intervención del Estado y la actuación del poder económico.

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