La Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto que suspende los alcances de la Ley Cerrojo. De esta manera, el Ejecutivo tendrá el camino allanado para reabrir el canje de los tenedores de bonos que quedaron afuera en 2005. Según se desprende del texto de la normativa, “los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de 2005”. Es decir que la quita deberá ser superior al 65 por ciento. Además, se especificó que los bonistas deberán renunciar a cualquier litigio contra el país y deberán hacerse cargo de los gastos y honorarios surgidos de la operación.

La deuda en default asciende a 29.000 millones de dólares –20.000 de capital y 9000 de intereses atrasados–. Por el canje, el Gobierno prevé emitir nuevos títulos por un monto que oscilará entre los 6000 y 9000 millones de dólares. El oficialismo recibirá el respaldo del PRO y la UCR, que firmaron el dictamen de mayoría –aunque el radicalismo lo hizo en disidencia parcial–, mientras que la Coalición Cívica y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, presentaron dictámenes propios.

El oficialismo en Diputados consiguió el dictamen de mayoría para tratar hoy en el recinto la suspensión de la Ley Cerrojo. La semana pasada, el oficialismo había pedido “una preferencia con dictamen” para esta iniciativa. De esta manera, el proyecto sólo deberá ser aprobado por mayoría simple. Según indicaron a Página/12, desde la UCR y el PRO apoyarán al oficialismo, “ya que no quieren poner trabas al Gobierno”. Además, no tienen objeciones para que Argentina regrese a los mercados internacionales.

El proyecto enviado por el Ejecutivo sufrió dos modificaciones de forma durante su tratamiento en comisión. Por un lado, Marconato aceptó introducir en el artículo quinto –a pedido de Luis Galvarisi (PRO)– un rechazo más taxativo a los bonistas que tengan algún litigio contra el país. “Los bonistas deberán renunciar a todos los derechos surgidos de los títulos en su poder y a cualquier beneficio surgido por sentencias judiciales”, puede leerse en el texto del proyecto de ley.

Los números que manejan en Economía en relación a los juicios indican que habría litigios por una cifra cercana a los 5000 millones de dólares. De ese total, la mitad estaría en manos de fondos buitre.

El otro artículo que se aceptó modificar fue el sexto, donde se fijará la visita trimestral del Ministerio de Economía para explicar los avances de las negociaciones. En la redacción anterior sólo se mencionaba la necesidad de dar explicaciones al Congreso de manera periódica.

Con estas modificaciones de forma, el oficialismo consiguió el respaldo del PRO y de la UCR, que firmó el dictamen en disidencia. Según indicó a este diario Miguel Angel Giubergia, el problema reside en que el texto de la ley “no dice explícitamente que los bonistas deberán hacerse cargo de los gastos y honorarios”. En 2005 ese costo rondó los 200 millones de dólares.

Por su parte, Claudio Lozano presentó un dictamen propio. El legislador de Proyecto Sur señaló que la propuesta que le acercó el Banco Barclays a Economía indica que el gobierno argentino deberá hacerse cargo del 0,5 por ciento del total del canje en concepto de honorarios, más una suma de 720.000 dólares en concepto de gastos. “Creemos que abrir el canje anterior es para ofrecerles mejores condiciones a los bonistas”, afirmó el diputado. A la negativa de Lozano se sumarían los legisladores del SI. Los otros que se opondrán serán los diputados de la Coalición Cívica. Los tres bancos que acercaron la propuesta al Gobierno son Barclays, Deutsche y Citibank, que garantizarían la participación de la mitad de los bonistas que rechazaron la oferta de 2005.