Miércoles, 4 de noviembre de 2009 | Hoy
ECONOMíA › LA PROCURACIóN DICTAMINó CONTRA EL INSTITUTO EN UNA CAUSA POR VIOLACIóN AL SECRETO ESTADíSTICO
La Procuración General de la Nación emitió una resolución que avala lo actuado por el juez Canicoba Corral en una causa que investiga la violación del secreto estadístico. Ahora tendrá que resolver la Corte Suprema.
La Procuración General de la Nación dictaminó que la Justicia puede acceder a la información y datos secretos del Indec. Fue en contra del planteo del Instituto, que argumentó que en caso de realizar esta divulgación se estaría violando el secreto estadístico. El recurso que presentó el Indec para que la Corte se expidiera sobre la violación del secreto estadístico obtuvo un dictamen contrario de la Procuración. El máximo tribunal todavía debe pronunciarse, aunque el procurador fiscal Luis González Warcalde dejó sentada una posición adversa al organismo. Su decisión no tiene consecuencias formales para la resolución final, pero sí “peso institucional”, según remarcan desde el organismo. Todo esto ocurrió en el marco de la causa que lleva adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral sobre presunta violación del secreto estadístico por parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; la titular del Indec, Ana Edwin, y la encargada del índice de precios, Beatriz Paglieri, entre otros.
La causa se inició en 2007, luego del desembarco de funcionarios que responden a Moreno en el Indec. Esos funcionarios fueron acusados de manipular las estadísticas y de violar el secreto estadístico. Para poder avanzar en la investigación, Canicoba Corral tuvo que dictar primero un fallo que declaró inconstitucional el artículo 14 del decreto 3110/70, reglamentario de la ley 17.622 de creación del Sistema Estadístico Nacional. Este decreto había sido promulgado en la dictadura de Onganía, con sucesivas modificaciones. Establecía que el secreto estadístico alcanzaba también a los jueces. Tras ello, Canicoba Corral realizó allanamientos al Indec para buscar pruebas. En respuesta, el Indec elevó una apelación contra ese fallo de Canicoba. Es sobre este tema que resolvió ayer la Procuración, una vez que el caso llegó a sus manos. El Instituto ya agotó todas las instancias judiciales para evitar la divulgación de datos estadísticos a los jueces y ahora deberá esperar el visto de la Corte, con el precedente negativo que sentó Warcalde.
Frente a la obtención de datos por parte del sistema judicial, el Indec hizo diversas presentaciones en forma sistemática aduciendo una supuesta inconstitucionalidad en esta entrega. El camino que recorrió el planteo judicial se inició con una presentación ante la Sala II de la Cámara Federal. El rechazo de la Cámara llevó al Indec a presentar recursos ante Casación, que también fueron denegados. Por último, se interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que ahora tiene dictamen negativo por parte del procurador. Ahora llegó el turno de que se expida el máximo tribunal, aunque no tiene plazos para ello.
“Como puede apreciarse, la recurrente –en referencia a la apoderada del Indec– ha fatigado en vano todas las jurisdicciones, del juzgado federal a las cámaras Federal y de Casación, y ahora a la Corte, con el fin de que se le habilite una instancia recursiva para hacer oír su oposición a la declaración de inconstitucionalidad hecha por el juez federal”, manifestó González Warcalde en su resolución. Posteriormente, la justificación del máximo fiscal del área penal para desestimar el pedido del organismo se basa en que el Indec “no ha demostrado” que la entrega de información estadística a los jueces “no convendría al buen funcionamiento de la institución y a preservar, justamente, el manejo correcto de las fuentes”.
Además, para Warcalde la presentación del Indec carece de actualidad y su resolución tendría efectos meramente teóricos, puesto que el juez ya obtuvo la información secreta. Sin embargo, al ser consultado por este diario sobre el alcance de un posible fallo de la Corte Suprema a favor del Indec, el juez que lleva la causa contra el Instituto, Rodolfo Canicoba Corral, manifestó su preocupación. “Estimo que, de resolverse que el secreto estadístico debe extenderse a los jueces, toda la investigación podría caerse y se volvería nula”, indicó.
El secreto estadístico protege a los nombres de los comercios que acceden a responder las encuestas del Indec y los productos relevados para medir los precios. Un fallo del máximo tribunal a favor del Indec “dejaría nula toda la investigación”, insistió Canicoba Corral ante Página/12.
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