La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron una denuncia contra el Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los “sucesivos casos de agresión a la libertad sindical” en el Indec. La acusación fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, durante una conferencia de prensa. El dirigente sindical advirtió que las agresiones “no son hechos aislados, sino que son la consecuencia de la aplicación de una política desde el gobierno nacional”. “Significó la sistemática adulteración de las estadísticas del Indec, que ha pasado a ser un instrumento que carece de credibilidad”, agregó Yasky, categórico.

El sindicalista afirmó que la CTA elevó ante la OIT una denuncia y exige al Comité de Libertad Sindical de ese organismo un “pronunciamiento” al respecto. “El conjunto de la ciudadanía sabe que las estadísticas de pobreza, desocupación y canasta alimentaria no son creíbles”, criticó el dirigente, de buen diálogo con el Gobierno. De la conferencia participaron el titular de ATE Buenos Aires, Rodolfo Arrechea, y el de la comisión interna de ATE-Indec, Daniel Fazio, quienes sumaron sus voces a las denuncias de “persecución” a los trabajadores y de “adulteración” de las cifras.

“La violencia que soportamos es por defender un patrimonio científico del Estado”, agregó Fazio, al denunciar la existencia de una “patota que es el brazo armado de la intervención”. “Solamente se podrá recuperar el Instituto si se termina la intervención”, aseguró. Arrechea, en tanto, confió en que “la OIT sin dudas tomará esta denuncia y hará un llamamiento al Gobierno argentino”, y anunció que la próxima semana, ATE y la CTA se entrevistarán con el delegado en la Argentina del organismo internacional.

Las denuncias comenzaron en enero de 2007, cuando se desplazó de la Dirección de Indices de Precios de Consumidor (IPC) a Graciela Bevacqua, a quien reemplazó Beatriz Paglieri, vinculada con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Si bien el Indec dependía hasta julio último de la Secretaría de Política Económica, ninguno de los titulares de esa repartición hizo una denuncia pública por esa intromisión. Hasta enero de 2007, el índice de precios guardaba una coincidencia con los de las direcciones provinciales de Estadística y con las mediciones privadas. Sin embargo, desde entonces los números comenzaron a diferir, al punto de que la brecha acumulada en los treinta y cuatro meses transcurridos supera los cincuenta puntos porcentuales.