La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que suspende los alcances de la Ley Cerrojo. Una vez que pase por el Senado, el Ejecutivo tendrá el camino allanado para reabrir el canje de los tenedores de bonos que quedaron afuera en 2005. La iniciativa fue aprobada por 165 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones. En esta oportunidad, el oficialismo recibió el apoyo de la UCR y el PRO, aunque no desaprovecharon la ocasión para criticar al Gobierno. Por su parte, los bloques de centroizquierda (SI, Libres del Sur y Proyecto Sur) votaron en contra. La deuda en default asciende a 29.000 millones de dólares –20.000 de capital y 9000 de intereses atrasados–. Por el canje, el Gobierno prevé emitir nuevos títulos por un monto que oscilará entre los 6000 y 9000 millones de dólares.

“Argentina ha llevado adelante una política de desendeudamiento. En 2002, la deuda externa representaba un 166 por ciento de nuestro PBI, mientras que el año pasado era sólo el 48,8 por ciento. Esto nos permitió pasar mejor los efectos de la crisis internacional”, aseveró Agustín Rossi, titular del bloque K en Diputados, al cierre del debate.

Una de las modificaciones que se introdujeron al proyecto durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto, que lidera el santafesino Gustavo Marconato, fue rechazar, de manera más taxativa, el ingreso al canje de aquellos bonistas que tengan algún litigio contra el país. “Los bonistas deberán renunciar a todos los derechos surgidos de los títulos en su poder y a cualquier beneficio surgido por sentencias judiciales”, puede leerse en el texto del proyecto de ley. Con esta modificación, el oficialismo terminó de recibir el apoyo del PRO. Los números que manejan en Economía en relación a los juicios indican que habría litigios por una cifra cercana a los 5000 millones de dólares. De ese total, la mitad estaría en manos de fondos buitre.

“Que la Argentina esté aislada del mundo es algo totalmente erróneo. Pero con el Indec que tenemos, nadie va a confiar en nosotros. En este sentido creo que la apertura del canje no forma parte de una política, sino que lo único que pretende es encontrar a las apuradas una nueva manera de financiar las arcas públicas”, argumentó el radical Oscar Aguad, quien votó a favor de la iniciativa, junto al resto de su bloque.

Actualmente, el Ejecutivo está estudiando una propuesta que fue acercada por los bancos Barclays, Deutsche y Citibank, que garantizarían la participación de la mitad de los bonistas que rechazaron la oferta en 2005. Según se desprende del texto de la normativa, “los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de 2005”. Es decir que la quita deberá ser superior al 65 por ciento.

Por su parte, los bloques de centroizquierda votaron en contra. “Llama la atención que el oficialismo cuente con el apoyo de la embajada norteamericana, la UCR, el PJ disidente y el PRO, que supuestamente son opositores acérrimos a cualquier iniciativa del Gobierno. Llama la atención que estos sectores de la oposición sean copartícipes del enorme endeudamiento del país”, indicaron las diputados Cecilia Merchán y Victoria Donda, a través de un comunicado. La Coalición Cívica también se opuso, aunque el titular del bloque, Adrián Pérez, se ausentó del recinto a la hora de votar. Los que se abstuvieron fueron Ariel Basteiro y Vilma Ibarra, ambos de Encuentro Popular y Social, Delia Bisutti (SI) y Norma Morandini.