La suerte del Fondo del Bicentenario se dirime en el Congreso, pero las conversaciones más intensas, en estos días, tienen lugar con los jefes de gobiernos provinciales. “Hay varios gobernadores que están hablando con sus senadores sobre la conveniencia de que el país cuente con esa herramienta”, le confió la presidenta de la Nación a un colaborador que integra el gabinete. Esta conveniencia tiene como ingrediente la voluntad expresada por la titular del Ejecutivo a varios mandatarios del interior, de que si el gobierno nacional logra la liberación de las reservas para constituir el Fondo, ofrecerá a las provincias endeudadas con la Nación una quita del 50 por ciento de los vencimientos que tienen a lo largo del año 2010.

Cristina Fernández podría enunciar esa voluntad del Ejecutivo en las próximas horas, anticipándose al tratamiento del Fondo del Bicentenario en el Congreso. El enunciado podría ser acompañado de un proyecto de ley especificando el compromiso, se especula. En el transcurso de la última semana, la Presidenta se reunió en tres oportunidades con la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y con el ministro de Economía, Amado Boudou. Con estos dos colaboradores buscó delinear las distintas alternativas de financiamiento que tiene el gobierno nacional. Al Fondo del Bicentenario, que puede salir por aprobación del DNU o mediante una nueva ley, se le suman, como fuentes posibles de recursos, el uso de las utilidades del Banco Central del año pasado (ascenderían a 23 mil millones de pesos) y la aplicación de parte de las Reservas Internacionales para cancelar vencimientos por 2200 millones de dólares con el BID y el Banco Mundial.

Un asesor de primer nivel de la presidenta explicó a Página/12 que en el Ejecutivo no piensan en planes A, B y C, como caminos alternativos a medida que se van descartando los anteriores. Hoy se los evalúa como fórmulas complementarias, que deben sumarse para juntar el mayor fondo posible para impulsar la inversión y el consumo. “La crisis internacional no terminó y hay que poner toda la carne al asador para crecer”, opinó. “Esto es una continuidad –agrega el asesor– de lo que se hizo con la distribución de las retenciones a la soja y es parte de una política que se seguirá para apoyar a las provincias, mientras el Congreso no vote una nueva Ley de Coparticipación Federal.”

Las provincias le deben a la Nación cerca de 70 mil millones de pesos. La mayor parte de esa deuda se generó con la eliminación de las cuasimonedas, tarea en la que el gobierno nacional prestó una ayuda fundamental. De ese total, 8000 millones de pesos vencen a lo largo de 2010. El Gobierno está hablando, de manera reservada, con algunos gobernadores sobre la posibilidad de realizarle una quita del 50 por ciento a los vencimientos de este año de todas las provincias, en el caso de que el Senado apruebe el DNU. Entre hoy y mañana esperan cerrar las negociaciones y, si el resultado es el esperado por el Ejecutivo, realizar el anuncio.

Dado que la mayoría de las objeciones de la oposición fueron de forma, y no de fondo, y que los gobernadores podrían pedir que la quita de sus deudas salga por ley, en el Ejecutivo trabajan en la elaboración de un proyecto que contemple, junto a la creación del Fondo del Bicentenario, el descuento a los vencimientos de las provincias en 2010. En este caso y para acallar otro cuestionamiento que tuvo el DNU, la ley fijaría un monto fijo de 6500 millones de dólares que el tesoro podría utilizar sobre el total de las reservas.

El DNU deja abierta la posibilidad de utilizar el total de “reservas de libre disponibilidad”, un concepto acuñado en épocas de la convertibilidad pasible de distintas interpretaciones. De todas maneras, en el Ejecutivo piensan que es más seguro conseguir la aprobación del DNU en el Senado, ya que una ley necesita el acuerdo de las dos Cámaras y el incentivo a las provincias podría no ser suficiente en el caso de la Cámara de Diputados.

El Fondo del Bicentenario sería para el Gobierno una especie de carambola a tres bandas. Serviría para que los acreedores se sintieran más seguros de que Argentina honrará sus deudas y así bajaría el riesgo país, con la consecuente baja de intereses para el Estado y las empresas; liberaría los fondos de entes descentralizados que se venían utilizando en los últimos años para cancelar el pasivo estatal y así podrían usarse para un gran plan de financiamiento a los privados; y se podría volver a salir a los mercados para conseguir más dinero para obras de infraestructura que apalanquen el crecimiento económico.

El Tesoro está habilitado para utilizar reservas del Banco Central para cancelar compromisos con organismos financieros internacionales. De hecho lo hizo cuando se canceló el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional por un monto de casi 10 mil millones de dólares. Este año el país tiene vencimientos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial por un total de 2200 millones de dólares. Si el miércoles se aprobara el DNU, al día siguiente Boudou firmaría la resolución asignando las reservas para pagar ese pasivo.

También cuentan con la posibilidad de disponer de las utilidades del Banco Central correspondientes al año pasado, que se aproximarían a 23 mil millones de pesos. A la paridad actual, representan una cifra cercana a los 6000 millones de dólares, muy cercana a la solicitada para constituir el Fondo del Bicentenario.

Una alta fuente de la cartera económica aseguró a este medio que sobre el fin de semana esperan obtener la aprobación a la propuesta de canje del saldo de deuda en default de parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos. También ven como muy factible que llegue la respuesta positiva de Luxemburgo, que destrabaría el canje en toda Europa. “Seguiremos el recorrido que teníamos marcado: arreglo con los holdouts, renegociación con el Club de París y una relación más equilibrada con el FMI”, explicó el funcionario. Y remató: “si cerramos el canje en abril, en mayo salimos al mercado con una tasa no mayor del 10 por ciento”.