El Gobierno tomó ayer dos decisiones claves referidas al negocio de la televisión paga. Luego de que la Justicia dejara en suspenso el rechazo oficial a la fusión Cablevisión-Multicanal y ordenara el desplazamiento del secretario de Comercio Interior de esa causa por haber “prejuzgado”, el ministro de Economía, Amado Boudou, firmó anoche una nueva resolución donde ratificó lo hecho por Guillermo Moreno y le fijó un plazo de seis meses al Grupo Clarín para desprenderse de una de las dos operadoras. Además, la Secretaría de Comercio Interior publicó otra resolución donde se establece una fórmula para determinar el monto mensual que deberán pagar los usuarios del servicio. El objetivo es que los abonos reflejen los costos más una utilidad “razonable” del 8 por ciento. Lo que redundaría en una baja de precios ya que el margen de ganancia que obtienen actualmente los operadores es mayor. Esta segunda medida llega luego de que la Justicia le diera luz verde a los aumentos aplicados por las firmas.

El 7 diciembre de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner aprobó el ingreso de Cablevisión como accionista de Multicanal y dejó a la firma con posición dominante en decenas de localidades. Para justificar la decisión, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) le hizo firmar entonces a la compañía una serie de compromisos que debía cumplir en los próximos dos años para que los beneficios de la fusión se volcaran en favor de los usuarios del servicio y no en su contra, aprovechando la posición dominante.

En septiembre del año pasado, la CNDC designó cinco auditores en Cablevisión para verificar el cumplimiento de esas exigencias y a mediados de diciembre desaprobó la fusión al considerar que la empresa no había cumplido las metas fijadas. Los accionistas de la compañía se presentaron ante la Justicia pidiendo que se anule la resolución 1101 de Comercio Interior que convalidó el dictamen de la CNDC. El martes pasado, la sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico dejó sin efecto la decisión oficial y ordenó apartar a Moreno de la causa. El Gobierno reaccionó rápido y anoche el ministro de Economía ratificó lo hecho por Moreno y la CNDC. “Tomé esta decisión porque la fusión no le generó ningún beneficio a los usuarios del cable. Lo que hizo el monopolio fue avanzar sobre los derechos de los consumidores”, señaló Boudou a Página/12.

La otra novedad es la decisión oficial de regular los precios de la televisión paga. El secretario de Comercio Interior firmó la resolución 50, publicada ayer en el Boletín Oficial, donde estableció que para determinar el valor del abono las empresas deberán aplicar una formula que tome en cuenta los costos más una tasa de retorno anual del 8 por ciento. Entre los costos incluye los gastos destinados a inversión, mantenimiento y operación de la red y lo que se paga por el aprovisionamiento de contenidos. En la resolución se presentan estas variables en una formula de donde debe surgir el monto del abono, el cual deberá ser informado a la Dirección de Lealtad Comercial, entre el 8 y el 22 de marzo. Además se aclara que “los operadores de televisión paga ajustarán dicho monto en forma semestral”.

La intervención oficial se justificó en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Abastecimiento 20.680, la cual en su artículo 2 le atribuye al Poder Ejecutivo la función de fijar precios o márgenes de utilidad, lo que implica la potestad de regular el proceso de formación de los mismos. La Asociación Argentina de Televisión por Cable rechazó la medida a través de un duro comunicado donde dice que la “insólita” resolución “revive las peores prácticas del intervencionismo estatal en actividades privadas y es una expresión más de la voluntad del Gobierno de asfixiar a los medios, interferir en la oferta informativa y afectar la libertad de expresión”. Luego, por si el malestar no había quedado claro, la entidad agrega que “la grotesca ilegitimidad de la medida llega al absurdo de establecer supuestas formulas matemáticas para fijar el valor del servicio, algo que no registra antecedentes en el mundo”. Las empresas apelarán en las próximas horas ante la Justicia con el argumento de que la ley de Abastecimiento, que le da facultades a Moreno, no está vigente.

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