Según la jueza Claudia Rodríguez Vidal el decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Desendeudamiento es equivalente al que fue derogado: fue ejecutado “con premura”, sostuvo en su fallo, “antes de que pudiera tener lugar la intervención del Congreso” y con el objetivo de evitar el cumplimiento de una medida cautelar previa que prohibía el uso de las reservas del Banco Central. Con esos argumentos resolvió prohibirle nuevamente al Gobierno el uso de los 4832 millones de dólares ya transferidos al Tesoro Nacional para el pago de vencimientos de la deuda. El Poder Ejecutivo apeló y ayer mismo la magistrada hizo lugar al planteo. Los abogados del Estado apuestan a que la Cámara del fuero Contencioso Administrativo se haga eco de la resolución de la Corte Suprema que esta semana declaró abstracta la medida cautelar original –ampliada por Rodríguez Vidal–, que aludía al ya inexistente Fondo del Bicentenario.

Rodríguez Vidal hizo lugar al pedido que le hicieron un grupo de legisladores de la UCR y otro del peronismo disidente: ampliar los efectos de la medida cautelar que en enero había dictado María José Sarmiento como jueza subrogante –avalada luego por la Cámara, también con jueces de feria– y que frenó el primer DNU (el famoso 2010/10), que disponía el pago de la deuda con reservas del Banco Central. Rodríguez Vidal sostuvo en la nueva resolución que el Ejecutivo derogó un DNU para reemplazarlo por otro, el 298/10, a su entender casi idéntico. Responsabilizó al Gobierno de transformar este tipo de decretos en “normas de mera conveniencia” y de “agraviar” a la “autoridad que revisten las decisiones de la Justicia”.

“Ordeno la inmediata suspensión de los efectos del mencionado decreto hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales previstos para la consideración de los DNU por el Congreso”, señala el fallo. Y le indica al Ministerio de Economía que debe “abstenerse de disponer de cualquier forma de los fondos que hubieran sido girados por el Banco Central al denominado Fondo del Desendeudamiento Argentino”. Contra una pretensión extra de la UCR, la jueza dejó de lado el decreto simple que indicaba el pago a los organismos internacionales por no estar sujetos a revisión parlamentaria.

Al mediodía, Cristina Kirchner desafió: “La Argentina quiere pagar y va a pagar con las reservas del Banco Central”. “Quienes tienen responsabilidad de administrar las finanzas del país no son los jueces”, a los que acusó de “abuso de poder”, sino “la presidenta de la República”, dijo y enfatizó que “no voy a permitir que un juez defaultee la deuda”. Allegados al juzgado de Rodríguez Vidal dijeron a Página/12 que, “si se llegara a concretar una desobediencia de la orden judicial, se le dará intervención a la Justicia penal; es lo que corresponde”.

La Procuración del Tesoro (los abogados del Estado) apeló rápidamente. Rodríguez Vidal aceptó ese recurso y le dio cinco días para que exponga sus razones. Luego deberán contestar los opositores. Mientras tanto, la medida cautelar sigue vigente. Uno de los argumentos jurídicos con los que cree que cuenta a su favor la Casa Rosada es la resolución de la Corte que declaró abstracta la cautelar que había inmovilizado el Fondo del Bicentenario. Según esta óptica, Rodríguez Vidal no podía extender los efectos de una cautelar que el alto tribunal consideró inexistente. En todo caso, se debía abrir una nueva causa, dicen.

“Me limité a tomar las medidas que consideré pertinentes en el expediente en el que me tocó intervenir”, dijo la jueza públicamente. “Soy respetuosa de las instituciones y las investiduras”, enfatizó, en lo que sonó como una réplica a los comentarios de la Presidenta, que en alusión a ella dijo que hay jueces que “parecen alquilados” y que su pareja es el juez (Ernesto) Marinelli. CFK agregó que Marinelli “actuó contra el Fondo del Bicentenario” en los días en que tuvo la causa, aunque ese magistrado sólo elevó el caso a la Cámara. Por esos mismos días Marinelli, en cambio, benefició a Papel Prensa al rechazar la unificación del precio del papel que quería la Casa Rosada.

Según la celeridad con que el Gobierno y los legisladores eleven sus argumentos a la jueza, la causa puede tardar de una a dos semanas en llegar a la Cámara. Mientras tanto, las decisiones que se vayan tomando en el Congreso podrían volver a cambiar el escenario.

Por lo pronto, el expediente impulsado por los radicales Gerardo Morales, Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra está asignado a la sala IV, donde subrogan dos vacantes Sergio Fernández y Luis María Márquez mientras el único titular es Jorge Morán. Esta sala es la que en febrero aceptó elevar a la Corte el recurso extraordinario del Gobierno, pero rechazó inmovilizar el Fondo del Bicentenario. Fernández y Márquez están recusados por supuesta afinidad con el kirchnerismo. Si pueden seguir actuando es algo que definirán sus colegas de la Sala I, que a su vez es la que deberá resolver la apelación en la causa impulsada por Graciela Camaño, Felipe Solá y Alfredo Atanasof. A esta sala la componen Néstor Buján, Clara Do Pico y Pedro Coviello. Buján fue uno de los camaristas que en la primera quincena de enero intentó sin éxito un acuerdo para una salida política. Do Pico, nombrada por el kirchnerismo, fue una de las camaristas que avaló la medida cautelar de la jueza Sarmiento. Coviello es un militar retirado. La resolución de ayer no es la primera adversa al Gobierno actual que toma Rodríguez Vidal. En otros casos, por ejemplo, le exigió al Indec que explicara cómo hace sus relevamientos; a la Anses le requirió que diga en qué invierte los fondos de los aportes previsionales tras la estatización de las AFJP, y le pidió explicaciones al oficialismo por la reforma del Consejo de la Magistratura. En ese organismo tuvo un intento de juicio político, que también apuntó a Marinelli, impulsado por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, quien los acusó de beneficiar al grupo Taselli en la pelea por la concesión del Tren General San Martín. Según Kunkel, sus fallos hicieron que el Estado continuara pagando subsidios al grupo por 202.000.628 pesos, pero la acusación fue archivada con los votos del radicalismo, dos abogados, un académico y un juez.

Todavía en el fuero Contencioso Administrativo hay dos planteos pendientes de resolución: uno de es el de Federico Pinedo (PRO) y los diputados de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay y Juan Carlos Vega, que también pidieron ampliar la medida cautelar que consiguieron en enero contra el Fondo del Bicentenario. La decisión está en manos de la jueza Liliana Heiland, quien por lo pronto no dio señales de avanzar en el mismo sentido que su colega. Cerca de la magistrada, deslizaron que tal como está formulado el escrito, “no hay nada que resolver”. Heiland, nombrada en 1991, falló contra las retenciones. Un nuevo amparo contra el DNU del Fondo del Desendeudamiento fue presentado por los abogados Enrique Piragini y Carlos Tórtora. Lo analiza el juez Ernesto Furnari, quien como subrogante falló a favor de la intervención de Aerolíneas Argentinas y luego nombrado juez por el oficialismo. En la Corte, donde todo puede llegar, siempre prefieren la salida política, aunque les “cae muy mal” que el Gobierno se meta con los jueces.