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Coparticipar el impuesto al cheque en los términos que está planteado podría consolidar algunas inequidades del sistema de reparto de fondos entre las provincias, según acusan varios análisis técnicos sobre el tema.

Buenos Aires, estado densamente poblado y con número importante de pobres, podría recibir apenas 300 pesos anuales por habitante contra los 600 de Tierra del Fuego o Santa Cruz. El mismo parámetro para repartir la recaudación del tributo haría que un catamarqueño, cuya jurisdicción tiene características económicas y poblacionales similares a la de Salta, se beneficie con el doble que un salteño. La Patagonia resulta la región más aventajada.

Si efectivamente se transforma el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios en un tributo totalmente coparticipable, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se beneficiarían en conjunto con cerca de 10 mil millones de pesos adicionales, que vendrían muy bien para paliar los déficits de las ávidas cajas del interior. Ese paquete se prorratearía según los índices vigentes en la ley de Coparticipación Federal, cuyas pautas son muy difíciles de modificar por la delicadeza política del tema.

La grilla de reparto está confeccionada teniendo en cuenta tanto la cantidad de población como las necesidades básicas insatisfechas en la jurisdicción, lo que le da a esa norma cierto carácter redistributivo. La provincia de Buenos Aires captura el 21 por ciento de la torta, contra el 2 por ciento de La Rioja, por ejemplo. Sin embargo, la aplicación de esos índices legales no garantiza siempre aquel objetivo progresista.

El Cippec (Centro de Investigación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) calculó como un ingreso adicional per cápita el que hubiese generado coparticipar el impuesto al cheque en el ejercicio 2009, cuando la recaudación fue de 20.561 millones (un 20 por ciento inferior a lo estimado para este año). Según el trabajo, los pobladores de cuatro provincias del Nordeste, que tienen un 25,6 por ciento de su población bajo la línea de pobreza, hubiesen aumentado su ingreso individual en 1502 pesos, contra los 2622 pesos que hubiesen beneficiado a los de la Patagonia, donde la cantidad de pobres cae al 9,3 por ciento. Bajo este criterio de análisis, recibe más la jurisdicción más rica.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal –comandado por Nadín Argañaraz– pone la mira en otra inequidad del esquema de reparto. Al agrupar a las provincias en cuatro categorías según población y nivel de ingresos, surge que dentro de un mismo grupo hay hijos y entenados. Catamarca y Salta pertenecen al desfavorecido bando de “Bajos ingresos y baja densidad poblacional”. Sin embargo, cada habitante de la primera recibiría por el tributo al cheque casi el doble que la segunda. Del mismo modo que a un fueguino le correspondería el triple que a un neuquino (“Altos ingresos, baja densidad”), sin que haya ningún parámetro objetivo que funde esas diferencias.

En rigor, esas situaciones se generan con todos los recursos que se distribuyen en base al índice de coparticipación vigente, que cada jurisdicción pugna por modificar a su favor. Esa puja, expresada hoy en un debate parlamentario sobre un nuevo proyecto de ley, podría dar lugar a un enfrentamiento más cruento del que protagonizaron los legisladores por los recientes temas de conflicto y por eso la apertura de esta discusión en el Congreso suele quedar en amague.