Desde México, D. F.

Barack Obama al fin se dio por enterado del horror humano que se vive más allá de su frontera sur: México se está desfondando. Ayer la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, consideró que la decisión del presidente Felipe Calderón de desplegar al ejército en Ciudad Juárez “no ha ayudado en nada”.

La administración de Obama ha reaccionado a la violencia que de-sangra a este país, pero no porque ya les ha costado la vida a unos 18.000 mexicanos desde que Felipe Calderón lanzó al ejército a las calles para perseguir narcos, sino porque ahora las víctimas fueron tres empleados del consulado estadounidense en Ciudad Juárez. Antes de eso, sólo la retórica: respaldo a un presidente mexicano que no ha podido controlar al crimen organizado, como lo confirmó apenas hace un par de días el secretario asistente del Departamento de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, en una conferencia de prensa.

Ni siquiera las reiteradas amenazas contra las misiones diplomáticas estadounidenses en México habían conmovido a la Casa Blanca (ver nota aparte). Pese al accidentado Plan Mérida, que no acaba de concretarse y que tiene la mayoría de sus programas en suspenso (buena parte de los recursos económicos, materiales y humanos que comprometió la Casa Blanca no han llegado a México), Estados Unidos se ha limitado a repetir el discurso de apoyo a Calderón.

El asesinato de tres personas vinculadas al consulado estadounidense en Ciudad Juárez pareciera que les ha abierto los ojos ante la ola de violencia sistémica en México, producto de una guerra por el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, país que consume el 80 por ciento de la cocaína que se produce en el mundo, la mayor parte de la cual pasa por México hacia su territorio.

De acuerdo con varios analistas, la muerte de los empleados diplomáticos provocará una escalada de consecuencias imprevisibles en la guerra de las drogas. Los carteles mexicanos parecen decididos a internacionalizar el conflicto y llevarlo a Estados Unidos, dicen. Por lo pronto, los principales grupos del crimen organizado en México ya tienen bases armadas en los dos países.

Pero el problema no es solamente de México. Los ciudadanos estadounidenses fueron asesinados con parte de las 2000 armas que todos los días pasan de contrabando desde Estados Unidos hacia México para armar a los cárteles del narcotráfico. Por lo pronto, Estados Unidos ha enviado a México a agentes del FBI, la DEA, la agencia de Aduanas (ICE), la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) y del departamento del alguacil de El Paso, Texas, para conducir las investigaciones, con el beneplácito de la administración de Felipe Calderón.

Lo cierto es que en Ciudad Juárez nadie está libre de sospecha, si se le hace caso al presidente Felipe Calderón, quien aseguró en enero pasado que 90 por ciento de las personas asesinadas en el país están relacionados “de una manera u otra” a los narcotraficantes. El propio Departamento de Estado no pudo definir si los ataques contra sus conciudadanos fueron intencionales.

Para el presidente Felipe Calderón, el asesinato de los ciudadanos estadounidenses es un golpe más a su desacreditada guerra contra el narcotráfico. Ciudad Juárez es solamente el punto más visible de una violencia que mantiene a varios estados del país en escenarios de ingobernabilidad, donde las autoridades locales han sido totalmente rebasadas y hasta suplantadas por las bandas criminales, como Durango y Tamaulipas.

Esta semana, Ciudad Juárez sumó más de 500 homicidios en lo que va del año (123 en este mes), más del doble de los documentados hasta finales de marzo de 2008, cuando la violencia en esta frontera se tradujo en el envío de miles de elementos del ejército en el inicio de la Operación Conjunta Chihuahua.

Ayer, el presidente mexicano visitó Ciudad Juárez por tercera vez en menos de mes y medio, en una gira programada con anticipación. Como en las otras dos visitas, los manifestantes fueron contenidos por la policía y el ejército, que les impidió acercarse al cuestionado mandatario.

Calderón fue recibido con un editorial a ocho columnas del diario más importante de la ciudad: “Ya estamos hartos, señor presidente”, y un reportaje de la cadena estadounidense CBS, que destacó que “ni con 45 mil soldados enviados a pelear con los carteles ha logrado detener a los traficantes o la violencia”.

Los juarenses perciben al ejército no como una protección, sino como una amenaza directa a su integridad física y a su vida, y exigen su salida de la ciudad. Tienen toda la razón: las fuerzas armadas no fueron diseñadas para procurar justicia ni para investigar a los delincuentes. Lo que es peor, las quejas por violaciones a derechos humanos se han disparado desde que los militares se encargan de la seguridad pública en el estado.

En México, no sólo la oposición ha cuestionado la militarización del combate al crimen organizado y ha demandado el regreso del ejército a los cuarteles. Incluso destacados militantes del oficialista Partido Acción Nacional han concedido que el presidente ha equivocado la estrategia. Pero Calderón no se ha inmutado e insiste en mantener a las tropas en las calles.

La declaración de Napolitano, cuestionando el papel desempeñado por el ejército porque “no ha ayudado en nada” es el mayor mentís que haya recibido Calderón. A ver si a ella le hacen caso.