La AFIP detectó una compleja maniobra de evasión impositiva que involucra a productores agropecuarios, intermediarios, estudios contables, molinos, aceiteras y exportadoras. Según el ente fiscalizador, toda la operatoria giró a partir de la adquisición irregular de 130.000 cartas de porte –documento necesario para transportar la producción– que representaron 3,2 millones de toneladas de granos. Según el organismo oficial, los involucrados lograron vender esos granos por 2800 millones de pesos sobre los cuales no pagaron IVA ni Ganancias por un total de 300 millones. La investigación surgió por una denuncia de un productor de Río Cuarto realizada en 2007 y rápidamente se comprobó una ramificación por todo el país. Página/12 ya había adelantado la operatoria el 8 de junio de 2008. En octubre del año pasado comenzó la intervención del juez federal de Mercedes, Héctor Echave, quien anteayer ordenó el allanamiento de 26 estudios contables. En la operatoria se usaba a indigentes como prestanombres. La entidad que conduce Ricardo Echegaray desligó de cualquier responsabilidad a la Federación Agraria –principal intermediario en el manejo de las cartas de portes hasta el año pasado– aunque desde la dependencia aclararon a este diario que la evasión se concretó por los “agujeros” que presentaba el sistema gestionado por los federados.

La entidad que conduce Eduardo Buzzi no escuchó los pormenores del caso y se apresuró a denunciar una maniobra de persecución y amedrentamiento por parte de Echegaray y Néstor Kirchner. Además, se comunicaron inmediatamente con Julián Domínguez, ministro de Agricultura, según confió a este diario Omar Barchetta, vicepresidente de FAA, para interiorizarse de la situación.

Más allá de las reacciones de la entidad presidida por Buzzi –quien ya anunció sus pretensiones de ser candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe–, el hecho principal es la denuncia por evasión impositiva y el complejo entramado de complicidades. En 2007, un productor de Río Cuarto denunció ante la policía local y una dependencia de la AFIP que se estaban comprando cartas de porte con su nombre (350 unidades). “Esto fue el disparador de la investigación. Rápidamente, detectamos una ramificación en todo el país, donde había distintas organizaciones encargadas de solicitar a la AFIP las claves fiscales y luego todo un andamiaje de intermediarios (llamados en la jerga ‘datero’, ‘valijero’, corredores y los receptores de los granos) que sostenían la evasión”, explicó un abogado de la AFIP interiorizado en la causa.

Según indicaron a este diario fuentes con acceso al expediente judicial, los principales responsables de esta maniobra eran los estudios contables, responsables de la creación de los “prestanombres”, en muchos casos indigentes. Esto ya había sido revelado por Página/12 en un artículo del 8 de junio de 2008. Anteayer, el juez que interviene en la causa realizó el allanamiento de 26 estudios contables. “Esta es la etapa preliminar de toda la investigación. Con los allanamientos queremos encontrar más pruebas para seguir la pista de los evasores. Es muy probable que haya vinculaciones entre los casos detectados en diferentes provincias”, indicaron a este diario desde la AFIP.

Las investigaciones de la entidad están concentradas básicamente en toda la provincia de Córdoba y Santa Fe –aunque también hay casos en Entre Ríos, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, entre otros–. “No sólo hay investigaciones alrededor de las cartas de porte, también estamos avanzando sobre compras irregulares de sociedades”, agregó a este diario una fuente del área de fiscalización de la AFIP.

Si bien en todo momento los funcionarios del ente recaudador desligaron cualquier responsabilidad de la FAA en la operatoria, sí reconocieron a este diario que el cambio que se hizo el año pasado en todo el sistema de comercialización de granos estuvo motivado por la investigación iniciada en 2007. Cuando la AFIP anunció que le sacaba a la FAA el manejo de las cartas de porte, Buzzi no dudó en señalar que había una persecución política hacia su entidad. A partir de la información difundida ayer, el federado también denunció una persecución política.

Ni antes ni ahora, la entidad quiso hacer mención de la evasión fiscal denunciada. “Estamos poniendo toda nuestra voluntad para recomponer la confianza con el Gobierno, por eso esto no hace bien. Lo de la evasión lo desconocemos, no sabemos de qué se trata”, indicó Barchetta. Rápidos de reflejos, los federados consiguieron el apoyo de algunos radicales –como Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín–, quienes replicaron la denuncia de persecución política hacia los federados.