Un juzgado federal de Córdoba ordenó ayer la detención de tres personas acusadas por la AFIP de integrar una organización criminal que se dedicaba a evadir impuestos en la comercialización de soja. La maniobra investigada involucra operaciones “en negro” por 600 millones de pesos, equivalentes a 800 mil toneladas del cereal, de acuerdo con estimaciones del organismo recaudador. El juez federal de Villa María, Mario Garzón, libró también doce órdenes de allanamientos a campos y oficinas en distintas localidades de aquella provincia para recabar información.

La AFIP recordó que la investigación se inició en julio de 2009, al tener indicios de la existencia de una banda especializada en la generación de empresas fantasmas, con el fin de blanquear operaciones de producciones agrícolas. Las primeras sospechas surgieron de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba. Una vez acumuladas distintas pruebas, el organismo formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien también consideró que existen elementos para acusar a los involucrados de una asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.

Según la AFIP, la ingeniería diseñada para ocultar a los reales productores de granos incluía a prestanombres y testaferros que formaban parte de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas. Los integrantes de la supuesta banda creaban y administraban decenas de “carpetas” de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos dueños de los granos, quienes no tributaban impuesto alguno al fisco.

Los detenidos ayer son Carlos Conte, arrestado en un estudio contable de Alta Córdoba; Miguel Angel Seri y Luciano Salvucci. Se les imputa formar parte de una asociación ilícita fiscal, que prevé penas de prisión de tres años y medio a diez años. La cosecha de este año se estima en más de 90 millones de toneladas.