Como los Yoma, el grupo Gualtieri, la fabricante de zapatillas Gatic –en su versión de los ’90– o el papelero Massuh, el diputado nacional Ricardo Buryaile se ha convertido en el nuevo socio del Club de los Clavos de la banca pública. El legislador, que preside la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, acumuló una deuda con el Banco Nación de más de 4,5 millones de pesos y se niega a pagarla a pesar de innumerables intimaciones. La entidad oficial arrastra los expedientes Buryaile desde hace una década, período durante el cual se sucedieron refinanciaciones e incumplimientos, pero en el que nunca se produjo un desembolso que expresara la voluntad de afrontar los compromisos asumidos. Al diputado no le faltan garantías: los créditos están respaldados por hipotecas sobre dos campos que en total suman 10.700 hectáreas, lo que lo convierte en un importante terrateniente de Formosa, su provincia natal. Sin embargo, los juicios para ejecutar las garantías están trabados. Por razones que algunos atribuyen a falta de voluntad de la Justicia para avanzar y otros a problemas internos de tribunales, las sentencias registran demoras de hasta un año y medio. La estrategia legal de Buryaile, a su vez, fue estirar los plazos lo más posible, lo mismo que hacían los Clavos de los ’90.

Buryaile puede mostrar una ascendente carrera política, que este año lo catapultó hasta la presidencia de la Comisión de Agricultura de Diputados con tan sólo tres meses de trayectoria como legislador nacional. Escaló hasta ese puesto gracias al envión que recibió de la Mesa de Enlace –de Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural, en particular–, y a los contactos que supo explotar en el radicalismo. El presidente del bloque, Oscar Aguad, del sector más a la derecha de la UCR, lo tomó como protegido. El senador Luis Naidenoff también lo amparó en su momento, aunque ahora está viendo cómo su discípulo empieza a disputarle espacios en Formosa, la provincia de ambos.

No es menos cierto que la condición de hacendado y la disponibilidad de recursos de Buryaile son factores que inciden en cualquier proyecto político. Con esos estandartes, este contador público de 47 años, egresado de la Universidad Católica Argentina, está empezando a construir su candidatura a gobernador por Formosa para 2011. El año pasado obtuvo el 35 por ciento de los votos –contra el 65 por ciento del Frente para la Victoria– con la lista que encabezó y que fue resultado de un acuerdo entre la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo.

La decisión de jugar en las grandes ligas surgió como resultado de la exposición pública que tuvieron los principales referentes de las corporaciones agropecuarias durante el conflicto por la resolución 125. El ahora diputado, sin embargo, no había arrancado derecho. La frase que lo hizo famoso más bien pareció un yunque para sus aspiraciones: “Si el Congreso ratifica las retenciones móviles, debería ser disuelto”, recomendó, en una manifestación que le valió el repudio generalizado de la dirigencia política y hasta de sus compañeros de ruta de la Mesa de Enlace, como el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y hasta de la entidad que lo cobija, Confederaciones Rurales Argentinas. Para ese entonces, Buryaile era el vicepresidente segundo de CRA (ver aparte).

Las deudas

Buryaile le dio vida los últimos dos años a su ser político, pero la historia profunda del diputado es como empresario. Proviene de una familia con tradición ganadera en Formosa y Chaco. Según Benigno López, presidente del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor), esa familia se benefició con la política de concentración de tierras que tuvo lugar principalmente durante la última dictadura. “Mientras a los pequeños productores se les quemaba el rancho y se los desalojaba, ellos acrecentaron su propiedad”, dijo a Página/12 durante los días calientes de la pelea por la 125. Ese proceso registra ahora una nueva fase con el modelo de los agronegocios y la expansión de la soja transgénica.

En Formosa también relataron las prácticas de Buryaile como tomador de créditos con la banca pública, que luego –en más de una ocasión– dejó de pagar. Como se planteó al principio, eso lo ubica como miembro del famoso Club de los Clavos de los ’90, que tuvo como exponentes paradigmáticos a los Yoma, a Gualtieri, a Gatic y a Massuh. La gran diferencia con aquel momento es que el Banco Nación fue entonces en extremo flexible y comprensivo con los deudores –otros lo decían con más crudeza– y les dio tantas facilidades que terminó por no recuperar casi nada de los millonarios préstamos en la mayoría de los expedientes. En los últimos años, en cambio, el Banco Nación buscó por distintos medios que Buryaile pagara. No lo logró. El productor agropecuario fue reacio a acudir a las audiencias de conciliación no hizo gestos que demostraran voluntad de recomponer su situación como deudor. Dejó que los reclamos llegaran a la Justicia y ahora enfrenta al menos cinco causas para la ejecución de garantías.

Fuentes judiciales de la provincia detallaron a este diario cuáles son los juicios en curso. Hay tres créditos que el diputado asumió a su nombre y por los cuales el Banco Nación exige a la fecha la liquidación de activos para cobrarse 870 mil pesos. El primero de esos préstamos fue por 150 mil dólares, tomado a fines de 1994, hubo otro por 31 mil pesos de diciembre de 1999 y el último es de enero de 2000, por 32 mil pesos. Los continuos incumplimientos, las refinanciaciones, otra vez las moras y finalmente la ausencia de pagos engrosaron las deudas hasta su nivel actual.

Los otros dos créditos impagos están a nombre de la sucesión de Buryaile, por su padre fallecido. En este caso, el mismo circuito llevó la deuda a 3,6 millones de pesos. La garantía que figura en el expediente y contra la cual va el Banco Nación es un campo de 8200 hectáreas y otro de 2500 hectáreas. Hace dos semanas, la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Chaco, contestó negativamente un planteo de los abogados de la familia Buryaile sobre la competencia de la causa. La defensa pretendía que el reclamo del banco pasara a ser tramitado por el juez que entiende en la sucesión, mientras que la Cámara confirmó que debe seguir en el juzgado donde se radicó la denuncia para la ejecución de las garantías hipotecarias, a cargo del juez Carlos Szkydelski.

Este tipo de planteos, que allegados al expediente tildaron de “chicanas”, son en la práctica el corazón de la estrategia de defensa. Se busca estirar los tiempos de manera indefinida con trámites que demoran las acciones. En el expediente por el crédito que originalmente era de 31 mil pesos, los abogados de Buryaile están reclamando la prescripción de la causa. En el préstamo de 150 mil dólares en un inicio, la defensa argumenta cuestiones técnicas que hacen que la garantía hipotecaria no sea exigible.

Más allá de lo que hagan los defensores, también se aprecian demoras significativas por parte de los juzgados. En el crédito que está a nombre de la sucesión, se espera el dictado de sentencia desde mayo de 2008. Algo similar ocurre con los otros reclamos, sin resolución en el último año y medio. Una interpretación desde sectores políticos enfrentados a Buryaile es que algunos jueces son permeables a las presiones de los grandes empresarios rurales, no sólo en este caso. Desde uno de los juzgados retrucaron que en los últimos años hubo problemas en la constitución de los tribunales, con jueces recusados, apartados de sus puestos por denuncias varias y con una sobrecarga de trabajo que impide avanzar como corresponde con las investigaciones. Para la banca pública, todo esto –la actitud del diputado Buryaile– es un gran clavo.