Cuando a la Mesa de Enlace se le agotó el “eje aglutinante” de repudiar las propuestas provenientes del gobierno nacional, y llegó el momento de formular propuestas concretas en el Congreso, empezaron a sonar chirridos que prenuncian un resquebrajamiento. En la última semana, el respaldo que le dio la oposición al proyecto de desmantelamiento del Organo Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), en la Comisión de Agricultura, provocó un abierto cuestionamiento de la Federación Agraria, que reclama la existencia de “un organismo que permita asegurar precios mínimos, y establecer compensaciones y segmentación de retenciones” en favor de los productores más pequeños. Tardíamente –o no tanto–, las huestes de Eduardo Buzzi comprendieron que esos objetivos no se lograrían marchando del brazo de la Sociedad Rural y CRA. Pero el crujido en Diputados no fue la primera señal, ya que previamente se había vivido un episodio igualmente destituyente de la Mesa en Coronel Pringles. Y no será la última señal: para cuando se discutan la ley de semillas y la de arrendamientos, se pronostican densos nubarrones sobre el aglomerado patronal rural. La oposición, que vivió la disputa por la resolución 125 (retenciones a la soja) como la solución a su falta de proyecto cohesionante, tiene ahora razones para preocuparse.

La llegada de una docena de dirigentes agrarios al Congreso, a través de distintas listas de oposición, no resultó en la constitución de un sólido bloque de confrontación con la política económica oficial. Ulises Forte y Pablo Orsolini, radical el primero y socialista el segundo, ambos ex vicepresidentes de Federación Agraria, redescubrieron en el Congreso sus antiguas diferencias con CRA, que impuso a Ricardo Buryaile, también radical, al frente de la Comisión de Agricultura. Estas diferencias quedaron reflejadas en la discusión sobre el Oncca, entre la postura antiestatista del PRO, Coalición Cívica y un sector del radicalismo (Buryaile), y la postura de profundización del rol regulador del Estado que, entre otros, impulsa otro sector del radicalismo (Forte).

Triunfó la primera, y FAA expresó públicamente su repudio. Esta posición provocó la reacción de la diputada del PRO Gladys González, que calificó a Buzzi como “un oportunista que privilegia sus intereses personales y utiliza esto para apuntalar su candidatura a gobernador de Santa Fe”. Advertidos del riesgo en que incurrían, otro sector del PRO, por boca de Cristian Gribaudo y Jorge Macri, buscó revertir el impacto de las declaraciones de su compañera de banca, señalando que “Buzzi es uno de los referentes más importantes del campo y hay que respetar su opinión, que quiera ser candidato a gobernador no puede ser fundamento de un ataque hacia su persona y pensamiento; tiene todas las condiciones y virtudes para serlo”.

Pero los dirigentes del PRO no se quedaron solamente en enmendar los dichos de su camarada González. “Es una pena que la unidad que caracterizó el reclamo rural en los últimos años se vea debilitada por cruces entre dirigentes tan importantes como Buzzi, Buryaile y Biolcati. Hoy más que nunca hay que profundizar los consensos.” La inclusión de Biolcati en el repaso de cruces no es gratuita. En Coronel Pringles, este mismo mes, hubo una concentración de productores promovida por Carbap (entidad regional de CRA) pocos días después de que Julián Domínguez distribuyera un subsidio de 12 mil pesos por productor triguero. Biolcati descalificó la compensación sugiriendo que se trataba de “migajas” del “clientelismo” oficialista. Fue suficiente para ganarse el repudio de productores pequeños que dependen de ese recurso para volver a sembrar y que reconocen en Biolcati al dueño de un pool de tambos que produce 120 mil litros de leche por día (¡por día!) y cobra millones de pesos en compensaciones por temporada.

Esta semana, agricultores afectados por inundaciones en el sudeste de Córdoba recibirán un subsidio de manos de Domínguez, de entre 10 y 15 mil pesos por productor. Otra vez, la necesidad de los más pequeños entrará en contradicción con la descalificación de quienes desmerecen la acción del Estado. Es sólo un ejemplo. Uno de los proyectos que el Gobierno tiene en carpeta es la ley de semillas, en la que la postura de CRA es abiertamente favorable al uso exclusivo de semillas registradas y patentadas, coincidente con los intereses del monopolio extranjero del sector. Otro tema es la ley de arrendamientos en favor de los pequeños agricultores y en contra de pools de siembra y otros especuladores. Problemas para la Mesa de Enlace, para la oposición y para un discurso falaz, que es el que se oye crujir.